El legado de una casa de Vigo okupada tres años: «No dejaron ni los recuerdos»

El juzgado ejecuta el desahucio de la vivienda de la calle Pardavila sacando a la luz que, junto a los destrozos y la suciedad, los okupas se llevaron muebles, electrodomésticos y hasta la caldera de gasoil

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

«Arramplaron con todo, hasta con los recuerdos. Muebles, menaje, cortinas, electrodomésticos, el depósito de la caldera de gasoil... Y lo que no pudieron o no quisieron llevarse está destrozado». Ramiro González es el apoderado de María del Mar, una viguesa afincada en Alemania que ayer recuperó la posesión de la vivienda de la calle Pardavila que recibió en herencia de sus padres.

Tras tres años de okupación y una sucesión de pleitos judiciales, este miércoles se ejecutó por fin el desahucio. La sensación, como describe este hombre, es «agridulce». Su vecina ya puede disponer de su propiedad. «Pero lo triste es que nos la hemos encontrado devastada y llena de suciedad», afirma. Queda por delante una ardua tarea de limpieza y de acondicionamiento de una casa en la que su dueña guardaba desde fotografías familiares hasta una vajilla de Santa Clara con su nombre marcado en oro que las compañeras de trabajo le habían regalado a su madre con motivo de su nacimiento. Ya nada queda de todo eso. «Más allá de los evidentes daños materiales, el daño moral es tremendo», resume Ramiro.

Esta vivienda ubicada en el 63 de la calle Pardavila de Vigo estuvo okupada desde marzo de 2022. Primero por un hombre, a continuación por otra familia y desde al menos enero de 2024 por otra mujer —familiar de las que ya habían estado con anterioridad— y sus hijos menores. «Pero había movimiento de más gente, con vehículos de alta gama a las puertas de la casa y trajín nocturno continuo», cuentan los vecinos.

Hubo dos pleitos penales que derivaron en condenas firmes contra los primeros okupantes, pero de nada valieron. En este caso se cumplió lo de que a la tercera va la vencida, porque fue el tercer litigio, interpuesto en la vía civil, el que desembocó en el desahucio de ayer: el Juzgado de Primera Instancia número 8 ordenó el desalojo tras recibir el informe del Concello que descartó una situación de riesgo de exclusión social de la okupante al comprobar que tenía ingresos mensuales de 1.721 euros de Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El desahucio estaba señalado para las nueve de la mañana. Junto a la comisión judicial, acudieron el procurador y la abogada de la propietaria, así como el vecino que ejerce como apoderado. La mujer contra la que iba dirigido el desalojo, que se encaró con una periodista a la que arrojó agua, los tuvo una hora esperando y, cuando se fue con un radiador que introdujo en un vehículo, cerró la puerta llevándose consigo las llaves. Un cerrajero intentó desbloquear la cerradura sin éxito, por lo que finalmente la comisión tuvo que acceder por el garaje.

Un «horror»

«Dentro nos encontramos un desastre, un horror imposible de describir», afirma la abogada de la demandante. «Se llevaron todo lo de valor y el resto está destrozado: cocina, baños, ventanas, puertas, conexiones de agua...», añade, haciendo hincapié en la suciedad con la que se encontraron en todas las estancias. Ropa amontonada, utensilios de cocina por el suelo o paquetes de tabaco vacíos en distintos puntos.

«Las paredes dan pena, las puertas te ‘pegas’ a ellas y el olor es insoportable», concreta la letrada. Los colchones, el sofá y algunos muebles que continúan en la vivienda deberán ir directamente a la basura por su mal estado y el hedor que desprenden.

El juzgado ejecuta el desahucio de la vivienda de la calle Pardavila

Alba Villar

Junto al cambio de cerraduras que ayer ya llevó a cabo el cerrajero que acompañó a la comitiva judicial, una empresa de seguridad instaló un nuevo sistema de alarma. También iba a acudir hasta la vivienda otro profesional para encargarse de reponer los cristales rotos de varias de las ventanas. Todo ello para evitar una nueva okupación.

Junto al problema de no poder disponer de su casa, la propietaria se encontró con que era a ella a la que, mensual o bimensualmente, le seguían llegando los recibos de luz y agua de la casa. Una de las facturas de Aqualia alcanzó la friolera de 1.201 euros. «En esa casa está mi ropa, la de mis padres, las fotos familiares...», dijo esta mujer en uno de los juicios. Unos recuerdos que se han evaporado. 

Una lucha judicial que duró tres años: «No es de recibo; esto nos puede pasar a cualquiera»

María del Mar ha tardado tres años y otros tantos pleitos judiciales en recuperar su vivienda. «No es de recibo, no puede ser que una ciudadana esté tanto tiempo en esta situación para recuperar lo que es suyo y, como colofón, que se encuentre su vivienda en el estado en el que está ahora. Esto nos puede pasar a cualquiera», reflexionaba horas después del desahucio la abogada de la mujer, que describe la «impotencia» que, como letrada, sintió por la demora que sufrió el caso. Ramiro, el vecino de la propietaria, exteriorizó también su indignación: «Mi vecina es una trabajadora, una particular que ha tenido que soportar todo esto sin que le dieran solución, por no hablar de los recibos de agua y luz que ha tenido que seguir pagando ella».

Los juzgados, la Policía Nacional o administraciones públicas como el Concello conocían esta situación. Unas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre duración de los procedimientos por okupación ilegal de vivienda arrojaron que en Galicia se alargan una media de nueve meses. Muchos abogados confiesan que es imposible conseguirlo en menos de un año. En el caso de la calle Pardavila ya se había intentado un desahucio con presencia judicial en enero de 2024, pero al llegar allí se encontraron con que no estaban las mujeres contra la que se dirigía aquella sentencia y que había otra okupante —la desalojada ayer—, por lo que, al ser una nueva moradora y además con hijos menores de edad, hubo que empezar un nuevo procedimiento judicial. 

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