Dueños de pisos protegidos de Vigo piden hasta 75.000 euros en negro a los compradores
Esta práctica especulativa se lleva a cabo en propiedades de Navia y Barreiro con la complicidad de inmobiliarias, que intermedian en las operaciones
Vista general de la calle Teixugueiras, en Navia. / Marta G. Brea
Hay ciudadanos en Vigo que se están aprovechando (y mucho) de la enorme necesidad de vivienda a precios asequibles. FARO adelantó hace meses que propietarios de pisos de protección oficial los ofrecían en venta por una cantidad mucho mayor del máximo tasado por la Xunta: reclamaban a los interesados 30.000 euros en negro en Barreiro. Esta práctica especulativa se extiende a Navia y con cifras mucho mayores: piden hasta 75.000 euros ya en metálico para sortear la inspección autonómica con la complicidad de las inmobiliarias, que intermedian en la operación.
Son muchos los interesados en este tipo de viviendas porque, incluso con la cantidad en negro ya sumada, son más baratas que las del mercado libre, con precios por las nubes desde hace tiempo. Se enteran por portales inmobiliarios como Idealista, en los que no se cita la tipología especial de la propiedad en cuestión. Para despistar, los dueños no muestran la ubicación concreta del piso en el anuncio, pero sí la cifra que se pedirá. La información les llega habitualmente por llamada telefónica para dejar el mínimo rastro posible. Dos casos reales: 285.000 euros por un dúplex de tres habitaciones y dos baños con plaza de garaje en el barrio de Navia —75.000 en B— o 240.000 euros por un piso en Barreiro de las mismas características y garaje—30.000 en B—.
Hay que tener en cuenta que las propiedades de protección oficial solo se podían vender hasta hace meses al precio que cada uno estimase oportuno tras pasar un plazo de 30 años, tiempo que no se ha superado ni en los inmuebles de Navia ni en Barreiro. Con los pagos en mano, los propietarios evitan esta norma a ojos de la administración, ya que el piso se escritura por la cantidad tasada oficialmente. Esta práctica deriva en ocasiones en una especie de subasta encubierta: si los dueños encuentran a compradores que ofrecen más dinero en negro, el piso es suyo.
Desde el 1 de enero de 2025, el tiempo de coste regulado para estas propiedades es permanente, no solo de 30 años, como establece el artículo 60 de la ley de vivienda gallega, que fue modificado en la tramitación de las cuentas autonómicas de este año. De este modo, la Xunta de Galicia estableció una duración indefinida y permanente de protección de todas las viviendas de promoción pública, pero también de aquellos pisos de promoción privada que sean construidos en suelo público.
El objetivo de esta medida es precisamente evitar la especulación en viviendas pensadas para ser lanzadas al mercado a precios accesibles y que tengan esa protección autonómica de forma permanente. Pero, como ha comprobado FARO por el testimonio de varios implicados, esta realidad bien clara sobre el papel se difumina en la práctica, con la exigencia de dinero negro de por medio.
Este tipo de operaciones tienen más éxito ahora por la falta de vivienda a precios asequibles en una ciudad que espera con ansia medidas de las administraciones para que se cumpla el derecho constitucional a un hogar. Según Idealista, el precio del metro cuadrado de los pisos y casas en venta llegó de media en abril a 2.254 euros, un 7,3% más que dos años antes.
Un riesgo para los propietarios... y los adquirientes
El pago en negro es fraude fiscal. Tanto el comprador como el vendedor pueden enfrentarse a sanciones económicas o responsabilidad penal si Hacienda detecta la irregularidad. En el caso de una vivienda de protección oficial, se añade un agravante: son inmuebles subvencionados o regulados por la administración, por lo que la infracción es más grave. Al adquiriente, además, ya no le valdrá con esperar a que pasen 30 años para librarse del máximo tasado, por lo que, en una venta futura, perderá dinero si no exige nada en B o deberá comprometer a un tercero a repetir esta práctica al margen del fisco.
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