El acoso escolar se alza como uno de los principales delitos cometidos por menores

Cincuenta casos registrados en colegios de Vigo y provincia acabaron ante la Fiscalía en 2024

Peleas, violencia doméstica, robos o ataques sexuales, que se dispararon, también destacan en el ámbito de la delincuencia juvenil

Un niño sufriendo "bullying"

Un niño sufriendo "bullying" / FDV

Marta Fontán

Marta Fontán

Lejos de ir a menos, el «bullying» está demasiado presente en los colegios e institutos de Vigo y del resto del territorio pontevedrés, algo a lo que contribuyen las redes sociales. Las estadísticas de la Fiscalía Superior de Galicia relativas a los delitos cometidos por menores de edad arrojan que en 2024 se registraron en la provincia de Pontevedra un total de 50 casos de acoso escolar, alzándose así como una de las principales conductas delictivas entre los adolescentes. Las peleas, los robos y hurtos, la violencia cometida en el seno del propio hogar o los ataques sexuales completan el perfil actual de la delincuencia juvenil.

Una sentencia reciente de Vigo describe una de las múltiples caras con las que se puede mostrar el acoso escolar. Es el caso de una alumna de ESO a la que un grupo de compañeros hizo la vida imposible con burlas relacionadas con su aspecto físico, con desprecios y con críticas hacia su papel como delegada de clase con el fin de desacreditarla. En otro caso que igualmente acabó en la vía judicial un adolescente se vio vejado y amenazado por parte de otro que llegó a propinarle un empujón. Episodios de agresiones han llegado a motivar la intervención policial en algún centro escolar y, sin necesidad de contacto físico, internet y concretamente las redes sociales y las aplicaciones de mensajería como WhatsApp se han convertido también en una herramienta de hostigación hacia compañeros de pupitre. Los fiscales especializados han llamado la atención sobre esta cuestión: en un comunicado mostraron su preocupación ante «el temprano y creciente uso de la red por parte de los menores para humillar, vejar o atemorizar a sus iguales».

Los fiscales mostraron su preocupación por el uso de redes sociales por parte de chavales para «atemorizar, vejar o humillar» a sus iguales

Los datos de la Fiscalía relativos a los delitos de acoso escolar arrojan que su sección de Reforma de Menores de la provincia de Pontevedra incoó 50 expedientes el pasado año: son el 66% de los 75 registrados en toda Galicia. A la cabeza, sin embargo, siguen los delitos de lesiones –138–, los que se cometen contra el patrimonio como robos, hurtos y daños –120–, la violencia doméstica –83– y los delitos sexuales –73–, que, como en los adultos, se han disparado. Recientemente la Audiencia de Vigo ratificó el internamiento en régimen cerrado durante dos años de un adolescente que violó a una niña de 13 años en un portal: la acababa de conocer –eran vecinos del mismo edificio– y la convenció para que quedara con él a través de Instagram.

Odio y otras conductas

En el total de 998 causas registradas en 2024 por delitos protagonizados por menores se tramitaron también, entre otros, 13 casos de violencia de género o 4 por delito de odio. En relación con estos últimos dos adolescentes fueron recientemente condenados en firme por proferir expresiones onomatopéyicas imitando el sonido de los monos dirigidas a un menor originario de Etiopía que disputaba un partido de fútbol en Vigo. Para los magistrados no hubo duda de que esos sonidos tenían un claro «tinte racista» por el «color oscuro de la piel» del chaval al que se referían.

La delincuencia juvenil se rige por la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Si los infractores tienen menos de 14 años estas conductas se ven abocadas al archivo porque los niños de esta edad son inimputables. Por tanto, la acción penal se sigue contra aquellos que tienen entre los 14 y los 18 años. Los delitos que se aplican son los mismos que los de los adultos, pero las penas, o mejor dicho las medidas, son distintas: la más severa es la de internamiento en régimen cerrado y las más frecuentes son la libertad vigilada o las prestaciones en beneficio de la comunidad. 

Cursos de control de la ira, de fomento de los valores o de respeto a la propiedad privada

En la provincia de Pontevedra solo hay un juzgado de menores, ubicado en la capital. Entre las medidas que se aplican en las sentencias condenatorias es habitual que se imponga a los adolescentes cursos o programas formativos muchas veces directamente relacionados con el tipo de delito que han cometido para que aprendan sobre valores, sobre cómo controlar la ira o la frustración o, por ejemplo en casos de ataques sexuales, sobre educación sexual e igualdad.

A tres chavales que robaron unas llaves y un dron en una caseta de obra en Vigo el juez les impuso prestaciones comunitarias o socioeducativas encaminadas, entra otras cuestiones, al «respeto de la propiedad privada». Una adolescente que insultó y asestó puñetazos y un codazo en la boca a otra fue sentenciada a seis meses de libertad vigilada con la obligación de realizar «un programa de habilidades sociales y técnicas de autocontrol de la ira y autorregulación emocional».

También se condenó a un curso sobre control de la ira y para aprender a resolver conflictos sin violencia a un joven que agredió y profirió graves insultos contra su madre, a la que también llegó a amenazar. «Hazlo que cuando salga juro que te mato», llegó a decirle cuando la mujer le advirtió de que informaría de su violento comportamiento a la Fiscalía. Dado que consume drogas, la sentencia le impuso además un tratamiento de deshabituación de tóxicos.

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