El alquiler en Vigo batió récord siete veces tras casi dos años sin aplicar la ley que limita el precio

A finales de mayo de 2023, entró en vigor la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, de carácter estatal. Permite —no obliga— a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado y que se apliquen restricciones al precio del alquiler en dichas áreas. La noticia supuso una bocanada de aire fresco para los inquilinos, deseosos de que, desde las instituciones públicas, se pusiese una solución al alza imparable de las rentas y, de alguna manera, facilitasen el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, recogido por la Constitución. Han pasado casi dos años y, en Vigo, no ha mejorado el escenario. El precio del alquiler ha batido su récord hasta siete veces desde junio de 2023 y se ha incrementado casi un 14%. Según Idealista, el metro cuadrado está ya a 10,7 euros, máximo histórico.

La entidad encargada de pedir a la Xunta la limitación de los precios del alquiler es el Concello. A Coruña ya está en ello: la Junta de Gobierno Local aprobó el 4 de abril el envío de la petición al Ejecutivo gallego, que tendrá seis meses para dar una respuesta. Si la ciudad cumple los requisitos, se remitirá la documentación al Ministerio de Vivienda para proceder a la declaración, que permitiría congelar los alquileres ya existentes e imponer a parte de los propietarios un límite de precios en las zonas consideradas tensionadas. La solicitud municipal va acompañada de otras medidas concretas para bajar los precios: construir vivienda pública, otorgar ayudas a la rehabilitación o movilizar pisos vacíos. Santiago también prevé demandarlo próximamente: a finales de marzo, terminó el plazo de exposición pública de la memoria justificativa y la solicitud que Raxoi enviará a la Xunta de Galicia junto con el diagnóstico elaborado por el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña (UDC).

En Vigo, con el precio medio del alquiler más alto que en A Coruña —10,6 euros el metro cuadrado actualmente, según Idealista— y Santiago —9,2 euros—, los vecinos continúan a la espera del estudio encargado por el Concello, paso que anunció el alcalde, Abel Caballero, en mayo del año pasado. En la última entrevista concedida a FARO, publicada a principios de febrero, el regidor aseguró que el Ayuntamiento estaba trabajando en ello, pero no concretó los plazos que se manejan. «Esa tensión no es homogénea en la ciudad, hay que estudiarla. A partir de ahí, tomaremos decisiones», completó.

El Ayuntamiento tampoco ha concretado cuándo entrará en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Además de limitar las viviendas de uso turístico, permitirá la construcción de más de 50.000 pisos y casas —casi 14.400, con algún tipo de protección—, cantidades que, según los expertos, ayudarán a descender los precios tanto de inmuebles en alquiler como en venta. En todo caso, se espera que el ritmo de construcción no sea todo lo rápido que demanda la ciudad, por lo que urgen otras medidas con un impacto más rápido.

Sanjurjo Badía ganará un edificio de cuatro plantas cerca de García Barbón

Más esperanzas: la ampliación del polígono de Navia por parte de la Xunta o el desarrollo de vivienda del Concello en este mismo barrio, así como en Esturáns y Barreiro. El Ayuntamiento, además, sufragará los gastos para poner las viviendas vacías —las cifra en casi 13.000, según los datos de consumo de agua— en el circuito de arrendamiento a precio tasado y Caballero aseguró en la última entrevista concedida a FARO que la entidad municipal «garantizará una renta en caso de impago a los propietarios que alquilen». El Gobierno central se comprometió a facilitar el acceso a la vivienda con una gran empresa pública, plan en marcha.

La dificultad de acceso a un alquiler «afecta a la movilidad de trabajadores y ejecutivos y a la competitividad a la hora de atraer talento de fuera». Es la advertencia que lanzó hace semanas el Círculo de Empresarios de Galicia, consciente de este preocupante panorama. Lo sufren las personas con empleo, pero, con más vehemencia todavía, ciudadanos que disponen de menos recursos: el foro socioeducativo Os Ninguéns exige desde hace tiempo un parque de vivienda social.