El presidente de las fiestas de Matamá: «El accidente del 'saltamontes' pudo pasarle a cualquier comisión»
Cristian González reafirma su colaboración con la investigación del siniestro mortal tras conocer su condición de investigado en el procedimiento judicial

Cristian González, presidente de la comisión de fiestas de Matamá, en una imagen de archivo / Marta G. Brea
«Esto pudo pasarle a cualquier comisión». Cristian González se mostraba ayer muy afectado tras conocer, «a través de la prensa», que él y la comisión de fiestas que preside, la Irmandade da Nosa Señora das Neves de Matamá, han adquirido la condición de investigados en la causa judicial por el accidente mortal del «saltamontes» que le costó la vida al joven Iván Castaño. «Es doloroso, porque es revivir el sufrimiento de esos días y porque es algo para lo que nunca estás preparado, pero hay que afrontarlo; yo como presidente y el resto de mis compañeros somos una piña», dice, reafirmando su disposición a «colaborar» con la investigación.
Tras el siniestro González declaró ante la Policía Nacional. Ahora debe hacerlo de nuevo, pero como investigado y en sede judicial en mayo. Pese a que ayer aún no había recibido la notificación judicial, ya contactó con el abogado: «Estamos asesorados; ahora toca esperar, tranquilizar a mis compañeros y superar esto». En su día, algo que mantiene, defendió que la «competencia» para precintar atracciones no es de la comisión, sino del Concello, y que ellos cumplieron con «todo» en relación con los permisos necesarios. «Ojalá algo así no vuelva a pasar y esto sea un antes y un después», dijo también.
El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo aceptó citar como investigado a González, pero no al resto de personas propuestas por el abogado de la joven que sobrevivió, Francisco José Méndez Senlle, petición a la que se adhirió la acusación particular que ejercen los padres del fallecido. Se trata de la concejala de Fiestas Patricia Rodríguez Calviño, el jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Concello Antonio Viveiro Mijares y dos ingenieros técnicos municipales. Ambos letrados recurrirán el auto judicial para insistir en estas imputaciones, así como en otras diligencias de investigación. «Existe una resolución municipal que no autorizaba ni el montaje ni la puesta en funcionamiento de la atracción; y, pese a ello, consintieron que se pusiese en marcha y nadie actuó para impedir su funcionamiento», resume Senlle.
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