«Es una pesadilla: no nos paga el alquiler pero se compra dos motos»

Hace más de diez años, Sonia Román y su marido Carlos Álvarez decidieron poner el piso en el que vivían en Navia en alquiler y mudarse con la madre de ella a Fragoso. Cuando lo hicieron, nunca se imaginaron la pesadilla que prácticamente desde el inicio vivirían. El inquilino al que le arrendaron el apartamento era un conocido de la familia, por lo que en principio consideraron que era alguien de confianza, pues regentaba además un negocio de reparación de móviles y equipos informáticos. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta, como la propia Sonia dice, de que era un «estafador». Ya en 2019 dejó de pagar los recibos, y en octubre de ese año la familia impuso la primera demanda en el juzgado por desahucio. Y desde entonces la familia lleva ya casi seis años esperando a que se vaya, sin éxito alguno.

Tal y como relatan los propietarios, el inquiokupa recurre continuamente los procesos judiciales y por eso ha conseguido hasta ahora que no se haya ejecutado el desalojo. «Conoce muy bien las lagunas del sistema judicial», asegura Sonia Román. Ahora ya hace casi un año y medio que dejó de pagar también el alquiler del piso, que no varió en los más de diez años que lleva viviendo ahí: 450 euros. «Compró dos motos y tiene un coche antiguo que vale mucho dinero. Y no paga el alquiler», lamenta la familia afectada.

En 2022 el inquiokupa se declaró en concurso de acreedores, es decir, insolvente. Y en enero de 2024, cuando estaba previsto el desalojo, se declaró vulnerable para evitar precisamente que lo echaran. Pero pese a que ni servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo ni el juzgado reconocieron esa condición, pues hay un silencio administrativo absoluto en este caso, no se llevó a cabo el desalojo y por tanto la familia sigue sin recuperar la vivienda.

Sonia incluso llegó a elevar un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que mediara en la situación, «pero lo único que hizo fue apremiar al juzgado de Vigo que se encarga del caso, que sigue sin pronunciarse ya que seguimos sin auto alguno». La situación ha llegado hasta tal punto que la Sonia y su marido Carlos decidieron contratar a una empresa de desokupación, pagándoles un dinero, pero ni siquiera ellos consiguieron echar al moroso y devolver el piso a sus propietarios legítimos.

«¿Este es el premio por tener una vivienda en alquiler? No me extraña que cada vez haya más propietarios que retiren su vivienda del mercado, porque esto es una pesadilla, es algo insoportable. Nosotros somos pequeños propietarios, pero lo que tenemos claro es que jamás volveremos a poner un piso en alquiler», clama Sonia Román.

La única esperanza de Sonia y Carlos, que tienen dos hijas, es que el inquiokupa no consiga el certificado de vulnerabilidad y el juzgado ordene, esta vez de manera definitiva, el desahucio.