Más de 250 caseros de Vigo contratan «desokupas» para echar a los morosos

La llegada de Desokupa a Vigo esta semana, con su líder Dani Esteve al frente, para desalojar un edificio en Lavadores donde se encontraron armas y drogas, causó un enorme revuelo en la ciudad y en las redes sociales, sobre todo porque en el operativo estuvieron presentes agentes de la Policía Local, algo que ha motivado ya una investigación interna por parte del Concello. Pero más allá del alboroto generado por esa operación, lo cierto es que en Vigo los desalojos exprés ejecutados por empresas especializadas en la materia son muy comunes. Desokupa 24 horas es la que tiene un mayor volumen de trabajo en la ciudad. Esta firma, que nació en Vigo y se expandió por toda España con distintas sedes en algunas de las mayores urbes del país, tiene ahora abiertos unos 250 expedientes de desalojo exprés en la ciudad olívica. Es decir, 250 propietarios contratan a desokupas para recuperar sus viviendas.

Lo que más llama la atención es que el 90% de todos esos expedientes son de inquilinos morosos, es decir, personas que acumulan impagos de rentas y cuyos caseros están desesperados por recuperar su vivienda. Precisamente la mayoría de ellos inician la demanda de desahucio pero tras meses esperando a una resolución judicial deciden buscar alternativas.

«Los impagos se deben a varios motivos pero nos encontramos muchas situaciones en las que una pareja en la que los dos trabajan, a pesar de tener ingresos dejan de pagar el alquiler, alegando que no tienen capacidad económica mientras cuelgan en redes sociales sus viajes a París y a otras ciudades», explica Francisco Fernández, gerente de Desokupa 24 horas.

Muchos propietarios de Vigo también recurren a empresas de desalojo exprés cuando, una vez se acaba el contrato, el inquilino decide atrincherarse en la vivienda. No solo eso, sino que también se producen situaciones como que el arrendatario inicial le vende la llave a una tercera persona, o incluso otros que realquilan sin el permiso del propietario una habitación en páginas de Internet con el objetivo de sacar un beneficio.

Las empresas de desalojo exprés achacan toda esta situación al gravísimo problema que hay con la vivienda en Vigo, donde los alquileres están por las nubes y un piso que antes costaba quinientos euros ahora está al doble de precio. «Un propietario pone el piso en alquiler y en menos de dos horas tiene más de cincuenta correos solicitando más información o poder visitarlo», explican desde Desokupa 24 horas, que recuerda además el colapso judicial que existe en Vigo y que provoca que los desahucios vayan muy lentos, un proceso agravado además por las «triquiñuelas» que utilizan algunos inquilinos, como por ejemplo, solicitar el informe de vulnerabilidad, lo que retrasa el desahucio.

Pocas okupaciones

Lo que llama la atención precisamente es que el 90% de los expedientes de Vigo en los que trabajan las empresas de desalojo exprés se deben a inquilinos morosos y no a okupas, que ahora mismo representan un porcentaje muy bajo de los casos. Estas firmas de desokupación apenas tienen unos diez inmuebles actualmente en los que actuarán para el desalojo de okupas, la mayoría de ellos utilizados como narcopisos. El principal negocio está en los morosos.

El precio mínimo del que parten estas empresas para la recuperación de viviendas son 3.000 euros, y defienden su actuación como «una «mediación extrajudicial» entre los caseros y los okupas o inquilinos morosos. Es decir, empleados de la empresa acuden a la vivienda para hablar con las personas a las que hay que desalojar e intentan llegar a un acuerdo con ellas, aunque en muchas ocasiones se ponen violentos y se ven obligados a utilizar la fuerza.

Inquilinos llegan a acumular deudas de más de 20.000 euros

Hay muchos inquilinos morosos que aprovechan los recovecos legales y la lentitud del sistema judicial para intentar burlar al sistema y al propio propietario, que se ve en estos casos desamparado. Es lo que sucedió recientemente en Vigo con un apartamento de la céntrica calle México. La pareja que allí vivía llevaba tres años sin pagar el alquiler, que asciende a 875 euros al mes. Y eso pese a que ambos, de unos cuarenta años, tienen un trabajo estable y ganan entre los dos casi 3.000 euros mensuales. Pero se negaron a abonar la renta de la vivienda a la propietaria llegando a acumular una deuda que superaba los 20.000 euros.

La dueña del inmueble recurrió a una empresa de desokupación para recuperar su vivienda puesto que, pese a presentar una demanda, la orden de lanzamiento judicial no llegaba y el juez ni siquiera llegó a fijar una fecha para el mismo.