Aluvión de pleitos civiles para eludir la reforma legal que impone la mediación

La ambiciosa Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia se materializará en el día a día judicial en varias fases a lo largo de este año. Son muchos los cambios de calado que se contemplan en el texto legal publicado en el BOE el pasado enero. Algunos, como el que eliminará los juzgados unipersonales, aún tardarán. Pero otros están ya a la vuelta de la esquina. Y es que el 3 de abril, dentro de solo dos semanas, entrará en vigor la obligatoriedad de acudir a un mecanismo extrajudicial de resolución del conflicto antes de ir a la vía judicial. Este requisito ineludible afecta a la inmensa mayoría de pleitos civiles y mercantiles y, como era previsible, durante estos meses previos a que se empiece a aplicar la ley los juzgados vigueses han visto entrar todo un aluvión de demandas que buscan eludir la reforma. Los ya atascados juzgados de Primera Instancia, que llevan años con cifras récord de actividad, cerrarán este primer trimestre con un 20% más de casos.

«Lo que ha entrado estos meses es una locura absoluta», afirmaban ayer en uno de los juzgados civiles. «Es increíble lo que estamos ingresando», confirmaban en otro mientras mostraban todo el papel que se acumula sobre una gran mesa a la espera de ser tramitado. La obligación en el orden jurisdiccional civil de acudir a los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad, es decir, como condición para que la demanda sea admitida, ha provocado que no pocos abogados hayan apurado las demandas que tenían sobre la mesa para presentarlas antes de la entrada en vigor de la ley y esquivar así ir a mediación.

Pleitos

Los datos no dejan lugar a dudas. Desde el 1 de enero y hasta ayer los 13 juzgados de Primera Instancia de Vigo que llevan asuntos ordinarios registraron 6.468 demandas, un 23% más que las 5.262 del mismo período de 2024. El aumento es muy significativo en el apartado de los procedimientos verbales –que subieron desde los 1.042 del pasado año hasta los 1.833 registrados desde que arrancó 2025– y en el de los monitorios, un tipo de pleito para reclamar deudas que se disparó: de 1.839 se ha pasado a los 2.868 actuales, un incremento del 76% que se materializa en la friolera de 23 nuevas demandas cada día.

En cuanto a los tres juzgados de esa jurisdicción especializados en Familia, aunque también están afectados por la nueva obligatoriedad legal, lo cierto es que no han visto crecer su volumen actividad. Al contrario. Desde el 1 de enero registraron 873 asuntos, por debajo de los 894 contabilizados en las mismas fechas de 2024.

Con la obligatoriedad de la mediación previa se busca combatir la incesante litigiosidad actual. La ley considerará cumplido este requisito si se acude previamente a la mediación, a la conciliación o a la opinión neutral de una persona externa independiente. También si se formula «una oferta vinculante confidencial» o si se emplea «cualquier otro tipo de actividad negociadora» con soporte legal. «Singularmente, se considerará cumplido el requisito cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, o entre sus abogados/as bajo sus directrices y con su conformidad, así como cuando se haya recurrido al derecho colaborativo», se añade.

¿Negociación por medio de burofax o con un simple cruce de correos electrónicos?

«Antes de entrar por el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia». En el preámbulo de la ley la apuesta por la mediación en el ámbito civil y mercantil es ambiciosa. Pero, ¿será efectiva en la práctica logrando desatascar de litigios los juzgados o esa obligatoriedad acabará convirtiéndose en un farragoso trámite que no hará más que dilatar los procedimientos? «Hay asuntos que son candidatos a una negociación previa, pero en otros muchos el acuerdo extrajudicial, por mucho que se intente, será imposible», reflexionaba ayer un abogado a las puertas de la Ciudad de la Justicia.Las experiencias que ya hubo en Vigo no permiten ser muy optimistas. Una de las más importantes fue el servicio de mediación intrajudicial dependiente de los juzgados de Familia, a día de hoy inactivo y al que se derivaron 900 casos durante su época de mayor actividad –de 2012 a 2018–: solo en un 15% de casos se llegó a acuerdo. Habrá que ver qué ocurre ahora y a qué mecanismos de negociación acuden los abogados y procuradores para cumplir el requisito legal. «Esa negociación previa se puede hacer de muchas maneras. Algunos profesionales ya nos han trasladado que acudirán a la negociación por medio de burofax o a través de correos electrónicos. Y para evitar gastos también apostarán por la conciliación judicial ya prevista en la actualidad. Será importante lo que determinen los juzgados en lo relativo a si con los mecanismos que se usen se considera que hubo un intento de acercamiento entre las partes real y efectivo», explican las fuentes judiciales consultadas.

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