Los pleitos concursales rozan el millar impulsados por las familias en crisis

El próximo 30 de julio se cumplirá una década desde la entrada en vigor de la Ley 25/2015, más conocida como Ley de Segunda Oportunidad. Durante los primeros años pasó bastante desapercibida. Nacida con el objetivo de que las familias sobreendeudadas pudiesen liberarse de esa insalvable losa económica para poder empezar de cero, esta herramienta legal supuso que los concursos de acreedores dejasen de ser exclusivos de las empresas y se extendiesen también a los particulares. Los pleitos empezaron a llegar de forma tímida durante los primeros años, pero, a día de hoy, se puede hablar sin duda de que ha habido una explosión de litigios. Porque en 2024, en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra, se ha rozado el récord del millar de procesos concursales: fueron concretamente 949. Y el 87%, es decir, nueve de cada diez demandas, fueron presentadas por particulares. Los de empresas solo representaron el exiguo 13% restante.

Todavía no se ha tocado techo. «La ley aún se está conociendo. Muchas personas ignoran que existe este mecanismo legal, pero gracias a la publicidad que de la misma se hace a través de los despachos de abogados o porque muchas veces los propios funcionarios judiciales se la aconsejan a personas afectadas por ejemplo por embargos, poco a poco la información va llegando a los ciudadanos», afirma el abogado vigués Xosé Lois Valcárcel. En 2016, tras la entrada en vigor de la norma, apenas una veintena de particulares se animaron a declararse en concurso en todo el ámbito de la provincia pontevedresa. En 2024 fueron 821, cifra en la que se incluyen los 63 asuntos también de personas naturales pero con la condición de empresarias. Frente a esta avalancha, solo hubo 128 de los de toda la vida, es decir, de los de empresas.

¿Cuáles son los perfiles?

¿Cuál es el perfil del particular que acaba recurriendo a este procedimiento judicial? Uno es el de aquellas personas que en su momento tuvieron una actividad empresarial y que, debido a la crisis o quiebra de dicha sociedad, acaban asfixiados por las deudas. En muchos de estos casos los únicos acreedores son los bancos. Es el caso de una viguesa que avaló créditos de una empresa que acabó cerrando y que ha conseguido que el Juzgado de lo Mercantil de Vigo, en un reciente auto, la exonere del pasivo insatisfecho, que asciende a la friolera de aproximadamente 3 millones de euros. Roberto Lagoa Santodomingo es el abogado que la representó y lleva otros pleitos similares. «En casos así, cuando ya te liquidan todo lo que tienes y existe una deuda de esta magnitud, la única manera de poder salir adelante es acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad», advierte este letrado.

El otro perfil es el del particular sin actividad empresarial que, generalmente con cantidades bastante más modestas, acaba igualmente sobreendeudado. Cualquier «acontecimiento imprevisto», dice el letrado Xosé Lois Valcárcel, puede llevar a una persona a esta difícil situación. Perder el trabajo, una enfermedad... «Pides un crédito, no te llega y pides otro, y otro... y al final se forma una gran bola que deriva en una situación insostenible», indica.

Deudas bancarias y públicas

La exoneración de ese pasivo insatisfecho, una vez acordado judicialmente, alcanza a las deudas bancarias, las que se pueden tener con proveedores y también al crédito público, si bien en este último caso dicha exención tiene un límite legal de hasta un máximo de 10.000 euros. Esto último afecta a las deudas con la Agencia Tributaria, con la Tesorería de la Seguridad Social y las que se puedan tener con administraciones como los ayuntamientos o las diputaciones en casos de impago de impuestos.