El tren de Alta Velocidad en Portugal encalla ante la falta de interesados en construirlo
La única oferta para el segundo tramo ha sido rechazada por un error técnico
El aumento en su coste retrasaría su culminación de Lisboa a Vigo
Estación de tren de Coímbra en una imagen de archivo. | FdV
La «obra más importante de la primera mitad del siglo XXI en Portugal», tal y como la definió el expresidente Antonio Costa, se encuentra ante un inesperado bloqueo. La línea que comunicará mediante un tren de Alta Velocidad Lisboa, Oporto y desde ahí, Vigo con el resto de Galicia, está en riesgo de parálisis. A pesar de que su construcción ha sido asumida como una cuestión de Estado pese al cambio de gobierno producido hace ahora un año, la falta de experiencia del país vecino en la materia han hecho que el proceso administrativo para convertirla en realidad se encuentre ahora mismo sin aspirantes para lograrlo.
El contrato de 1.900 millones para la construcción, explotación y mantenimiento durante 25 años del segundo tramo entre Aveiro y Coímbra se encuentra actualmente desierto ya que la única oferta recibida, la del consorcio Lusolav, ha sido rechazada. Según avanza el «Jornal de Negócios» luso el problema llega por la adecuación a la nueva estación de Coímbra, ya que la solución propuesta «no sigue la técnica diseñada por Infraestruturas de Portugal en general».
Esta agrupación está liderada por Mota-Engil e integra a las principales empresas del sector en Portugal. El pasado otoño ya logró el contrato del primer tramo de 71 kilómetros entre Oporto y Aveiro por 1.600 millones de euros. La principal sorpresa en esa adjudicación fue la retirada de las ofertas por parte de las constructoras españolas, quienes vieron un serio riesgo en participar con los precios estimados por el ejecutivo.
Ferrovial, Acciona o Sacyr se interesaron en un primer momento por este contrato de 30 años que incluye el diseño de la línea, su ejecución y su gestión, siendo así aún más «goloso» que los que suele ofrecer Adif en España. No obstante, declinaron presentarse finalmente a la puja debido a que el presupuesto no se ajustaba a sus cálculos.
Esto no solo ha provocado que el país vecino no se vaya a beneficiar todavía de la experiencia española en el desarrollo de la Alta Velocidad —nuestro país suma casi 4.000 kilómetros mientras que Portugal no tiene ni uno— sino que este imprevisto alteraría todo el calendario previsto.
Aunque Lusolav todavía cuenta con diez días para presentar sus alegaciones a esta resolución, la necesidad de volver a licitar el trazado de 74 kilómetros implicaría un retraso de al menos seis meses y un aumento en sus costes para atraer nuevas candidatas. Así, el ejecutivo de Luís Montenegro debería reconsiderar los plazos anunciados para los tramos restantes: el Coímbra-Carregado que fue validado hace unas semanas y, muy especialmente, el de Braga a Valença que saldrá a información pública en los próximos meses.
Ayuso y Guardiola unen fuerzas para priorizar la línea de Extremadura
Mientras el estudio informativo de la Salida sur de Vigo no estará listo hasta el verano —lo que representa un retraso de 12 meses sobre lo previsto— la otra línea transfronteriza sigue sumando apoyos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a incidir en la importancia del AVE a Lisboa tras reunirse con la presidenta de la Junta de Extremadura, su compañera de partido María Guardiola.
«En pleno siglo XXI no es admisible que la conexión ferroviaria entre ambas capitales, que no dista de 600 kilómetros, se eternice entre nueve y quince horas», han añadido, en el marco del Protocolo suscrito hoy por ambos Gobiernos autonómicos tras su reunión bilateral en Mérida.
En la declaración institucional para garantizar la finalización del AVE Madrid-Lisboa por Extremadura y que estén plenamente operativas en 2030 recoge la necesidad de eliminar «los obstáculos técnicos y administrativos» que dificultan la interoperabilidad con Portugal, la definición completa del trazado y una «inversión firme y suficiente» que asegure la conexión.
Este frente de las presidentas populares se une a la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en la Cumbre Ibérica de octubre situó en 2030 la finalización de la línea madrileña y en 2032 la gallega, aunque este plazo fue rectificado por el secretario de Estado de Transportes después.
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