Una okupación eterna: «Es inhumano»

En la casa familiar de la calle Pardavila 63 que perteneció a sus padres y que ellos le dejaron en herencia están todos los recuerdos de María del Mar. Como una vajilla de porcelana de Santa Clara con su nombre marcado en oro que las compañeras de trabajo le regalaron a su madre con motivo de su nacimiento. Su sueño es recuperarla, volver a tocar esos platos que tanto significan para ella, pero es consciente de que, probablemente, cuando pueda entrar en la vivienda ya no estén allí. Porque esta viguesa afincada en Alemania lleva tres años sumida en la «desesperación» y en la «impotencia». Desde marzo de 2022 su casa está okupada. Primero por una familia, después por otra y desde hace ya tiempo por una mujer y sus hijos pequeños. Pese a que la Policía Nacional, la Policía Local, el Concello y los juzgados vigueses son conocedores de lo que ocurre, a día de hoy continúa sin poder poner un pie en el que era su hogar durante sus frecuentes estancias en España.

«La situación es inhumana y esperpéntica», resume Ramiro González, cuya casa está pegada a la okupada y al que María del Mar ha nombrado su apoderado. Y no le falta razón. El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo primero y el de Instrucción 7 a continuación condenaron en su día al primer varón que entró en la casa y a las dos mujeres que lo hicieron después. El 22 de enero de 2024 la comisión judicial y la Policía Nacional acudieron a la vivienda para, en ejecución de la segunda de esas sentencias, desahuciar a las dos okupas. Pero una vez allí se toparon con otra mujer distinta, familiar de las anteriores, que se negó a abandonar el inmueble alegando que vivía con sus hijos menores.

Una nueva demanda, esta vez en la vía civil

Transcurrido más de un año desde el desalojo frustrado, allí sigue. Como era una mujer distinta a las condenadas, la propietaria de la casa ha tenido que iniciar un nuevo procedimiento judicial contra ella. En esta ocasión no ha ido a la vía penal, sino que ha optado por la civil mediante una demanda de desahucio en la que ha pedido expresamente que, una vez haya sentencia condenatoria y se lleve a cabo el lanzamiento, éste se dirija también contra los «terceros ocupantes» que se encuentren en la vivienda aunque no hayan sido parte en el proceso. Esto, se concreta en la demanda, «para evitar una de las tácticas que muchos ocupantes ilegales de viviendas vienen realizando, y que esta parte ha sufrido de manera contumaz y burlesca, consistente en que, una vez que los ocupantes eran identificados, éstos abandonaron el inmueble y se sucedieron otros».

No existe una situación de vulnerabilidad

La causa está en el Juzgado de Primera Instancia 8 de Vigo pendiente de sentencia. «El juzgado la está agilizando todo lo que está en su mano», dice fuentes próximas a la demandante. El informe social del Ayuntamiento descarta «riesgo de exclusión social» de la mujer que okupó la casa, que vive con sus tres hijos menores: a la fecha del documento, noviembre de 2024, tenía ingresos mensuales de 1.721 euros de Ingreso Mínimo Vital. «Si se pode determinar a existencia de dificultades para atopar vivenda debido a situación actual do mercado, pero esta administración non é competente neste área», se añade.

«Es un calvario, ni Policía Nacional ni nadie hace nada; a las puertas de la casa hay vehículos de alta gama, el trajín de noche es continuo... Invaden una propiedad privada y crean inseguridad», denuncia Ramiro, que relata que el primer okupa instaló una alarma y ya «desvalijó» la casa: «Alquilaron un furgón y sacaron muebles, lavadora, caldera... Los que vinieron después trajeron colchones y electrodomésticos». A mayores de la okupación, a la dueña de la vivienda le llegan los recibos de luz y agua de la casa, que debe pagar ella. La última factura bimensual de Aqualia que recibió alcanza la friolera de 1.201 euros.