Dueños exigen a inquilinos el abono del seguro de impago de alquiler en Vigo: «Es un abuso»

Con la demanda de vivienda de alquiler bastante más elevada que la oferta, propietarios aprovechan la coyuntura para ser más exigentes en sus demandas a los inquilinos: prohibición de fumar y de mascotas, varios meses de fianza en casos de inestabilidad laboral, entrevistas, un aval más allá de la nómina… y el abono del seguro por impago, que ya es una norma. Es una práctica ya habitual en Vigo exigir este requisito para tener opciones de entrar en una vivienda, por lo que los precios que aparecen en los anuncios de portales inmobiliarios y agencias se incrementan.

«Se requiere seguro de impagos como garantía», rezaba ayer por la mañana un anuncio. Resulta llamativo que los dueños carguen a los inquilinos con esta responsabilidad porque el objetivo del seguro es proteger al propietario. «Proporciona protección contra impagos de alquiler y puede cubrir gastos legales vinculados con desalojos. Para los inquilinos, tener este seguro puede hacer que sea más fácil poder alquilar una vivienda», destaca el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias.

El también presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) recomienda «que la póliza esté a nombre del propietario». «Debe ser contratada por el dueño, ya que es quien obtiene la garantía de cobro si el inquilino no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, la responsabilidad del pago puede acordarse entre las partes», anota. Para el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño, la exigencia de más garantías como esta en concreto se trata de un «abuso», categoría en la que también incluyen los avales personales o bancarios.

Informa Benito Iglesias, con datos de Idealista, que el coste del seguro de impago «suele oscilar entre el 3% y el 5% del precio del alquiler anual». «Por ejemplo, si se alquila una casa por 1.000 euros, el propietario tendría que pagar entre 300 euros y 600 euros. No obstante, el precio puede variar según la compañía aseguradora y el tipo de producto que se contrate», expone el portal. Añade que, aunque no es obligatoria su contratación, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sí permite que se reclamen garantías adicionales para asegurar el pago de la renta: «En su artículo 36.5, regula esta póliza, aunque deja a discreción de las partes muchos detalles, incluido quién debe pagar el seguro».

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En todo caso, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que cualquier cláusula que imponga cargas injustificadas o desproporcionadas al inquilino es nula de pleno derecho. Esto incluiría la imposición de un seguro de impago, ya que este tipo de prácticas podrían vulnerar el equilibrio contractual y beneficiar exclusivamente al arrendador.

Explica el representante de Fegein y Asemi que, «al contratar un seguro de impago de alquiler, la compañía aseguradora se responsabilizará de cubrir las rentas no pagadas y los daños en la propiedad», pero necesita antes «acreditar la solvencia del inquilino» a través de un análisis en el que «comprueba, entre otros datos, que el inquilino no figure en ningún fichero de morosos, así como sus rendimientos económicos y que la renta anual no exceda el 40% de sus ingresos netos».

El Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño denuncia ya desde hace tiempo «discriminación no acceso á vivenda» más allá del tema económico. Comenta que «afecta especialmente a persoas migrantes, familias con crianzas ou mascotas, entre outros».