Las defensas del "Karar" cargan contra la investigación policial y sostienen que no hay pruebas: «¿Dónde está su caso, señor fiscal?»
Los abogados de Santórum y del resto de detenidos en tierra por las 3,8 toneladas de cocaína plantean nulidades de «gran calado» y niegan la relación de sus clientes con el alijo

Carmen Ventoso, abogada de Juan Carlos Santórum y de otros seis procesados, durante su intervención en el turno de los informes finales. / Marta G. Brea

El eterno juicio por el alijo del «MV Karar» celebrará este viernes su última sesión. Una sesión en la que, sí así lo consideran pertinente, los acusados tendrán la oportunidad de emitir su última palabra antes de que las tres magistradas encargadas de dictar sentencia den por concluida la vista. Si el miércoles fue la Fiscalía quien apuntaló su acusación contra los 28 procesados solicitando condenas que suman 300 años de cárcel, este jueves fue el turno de los abogados defensores. Con la excepción de los letrados de la tripulación del barco, cuyos clientes se autoinculparon y se han visto beneficiados con una rebaja en la petición de pena, el resto interesa la libre absolución de sus clientes. «¿Dónde está su caso, señor fiscal?», exclamó durante su alegato la abogada de Juan Carlos Santórum y de seis de sus supuestos colaboradores directos. Como ella, la mayoría de las defensas coincidieron en cargar contra la investigación policial, pusieron también el foco en la instrucción judicial planteando nulidades de «enorme calado» y, sobre los hechos, afirmaron que «nada hay» que relacione a los acusados con el «Karar» y concretamente con las 3,8 toneladas de cocaína del narcobuque.

La sesión de este jueves en la Ciudad de la Justicia de Vigo se centró en los informes de las defensas. / Marta G. Brea
La abogada del supuesto cabecilla centró la primera parte de su intervención en enumerar las nulidades que considera que existen y la segunda en analizar lo practicado en el juicio: «Hay una falta total y absoluta de prueba». Fue crítica con la investigación policial –dijo que los informes contienen «especulaciones» y que se actuó con «mala fe» hacia sus representados– y sobre todo con el exjefe del GRECO que dirigió el operativo del «Karar» y que ahora está investigado judicialmente por sus presuntos vínculos con narcos: se preguntó qué «credibilidad» tiene este agente cuando él ha sido detenido por la presunta comisión de «más delitos» de los que se acusa a sus clientes. También recordó que las investigaciones iniciales apuntaban a otra «organización» que, dijo, «sí tenía embarcaciones y medios» para ir a por el alijo.
«Marionetista»
Como ella, los abogados del resto de encausados detenidos en tierra –solo falta por intervenir el del empresario del sector de embarcaciones de Vigo Fidel F.B. que lo hará este viernes– también pidieron que se exculpe a estos procesados. Entre ellos están el exfuncionario de Aduanas Pablo S.V. y su mujer Mónica F.L. Sobre el primero, su letrado dijo que «ha hecho algunas cosas mal y ha pagado su precio, pero no es de recibo que le pidan casi 20 años de cárcel», negando la relación de su representado tanto con Santórum como con el alijo del «Karar». La abogada de Mónica afirmó que ésta no tenía conocimiento de los ingresos en la cuenta de la que era cotitular con su marido. «La convivencia matrimonial no extiende una actividad delictiva», apuntó.
Y la defensa del colombiano René R. R. también defendió su inocencia y atribuyó al instructor policial, el exjefe del GRECO, el papel de un «marionetista» que movía «los hilos».
Críticas por la inacción con los tripulantes extranjeros: «Se vieron en un limbo legal, han tenido que vivir en la indigencia»
El juicio del «Karar» se enrevesó por muchos motivos. Una de las cuestiones más complejas fue la protagonizada por los 14 tripulantes de Bangladesh y Nepal del buque, que quedaron en libertadya iniciada la vista, el 24 de abril de 2024, al agotarse los cuatro años de plazo máximo que marca la ley para estar en prisión preventiva. Sin medios económicos, sin conocer el idioma y sin arraigo en España, se vieron obligados a quedarse aquí para asistir al juicio. Lograron cobijo en pisos y albergues y sus abogados pidieron que se les concediese un permiso de residencia temporal para acceder a servicios básicos y poder trabajar durante su estancia en Vigo. Pero esa solicitud nunca tuvo «respuesta».
«Se vieron en un limbo legal, obligados a vivir en la indigencia», dijo un letrado. Ni por parte de la Administración de Justicia ni de las demás implicadas –la solicitud se elevó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– hubo «capacidad» para resolver la situación. Los abogados piden que una vez haya sentencia y dado que el fiscal es favorable a sustituir lo que les queda de prisión por la expulsión de España, dicha orden sea «ágil» para que puedan volver «cuanto antes» y con garantías a sus países.
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