El Concello de Vigo prevé destinar la parcela de la calle Lalín a oficinas municipales

Rechaza el plan de la Xunta para el centro de asociacionismo y apuesta por descentralizar servicios de Praza do Rei

El ejecutivo gallego afea que ahora le exija la limpieza del solar

El Concello prevé destinar la parcela de la calle Lalín a oficinas municipales

El Concello prevé destinar la parcela de la calle Lalín a oficinas municipales

Cambio de planes para el solar de los antiguos juzgados de calle Lalín un día después de que el Concello de Vigo suspendiese la licencia de obra de la Xunta de Galicia para levantar su centro de asociaciones al detectar que el terreno «es municipal». Así se constata en la información del Registro de la Propiedad nº3, que dermina que los 4.005 metros cuadrados de la finca son de dominio total del gobierno local. Esta situación trató de revertirse el pasado 9 de diciembre, cuando la Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio registró un expediente todavía pendiente de análisis para inscribir el mismo a nombre del ejecutivo autonómico.

La solicitud llegaba cuatro meses después de la presentación del proyecto que lleva la firma del arquitecto Alfonso Penela, licitado por 19,4 millones de euros. La inversión en este primer ejercicio (9,98 millones) es la tercera más alta para la ciudad por parte del Gobierno de Rueda, solo por detrás de las de vivienda en el PAU de Navia y el CIS Olimpia Valencia. Y aunque desde la Xerencia Municipal de Urbanismo solamente se ha suspendido la licencia y todavía se pueden presentar alegaciones a dicha decisión, el Concello ya prevé otros usos para el solar.

La propuesta pasaría por la creación de unas nuevas oficinas de atención ciudadana y gestiones municipales para los vecinos de su entorno más inmediato. «Es una ciudad entera como Santiago», justifica el alcalde, Abel Caballero, en referencia a la población de casi 100.000 personas entre Bouzas, Coia, Balaídos o Castrelos. De esta manera lograrían reducir la saturación de las dependencias de Praza do Rei, donde el volumen de trabajo no ha dejado de crecer en las últimas décadas.

Al mismo tiempo, el regidor anuncia que reclamarán unos 320.000 euros que le «birlaron» al pagar las tasas por un importe de 8 millones en una obra que en la práctica es del doble. Estas reclamaciones se suman a la disputa que mantienen respecto a la titularidad del suelo en la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid y el futuro uso de la misma.

Reproches autonómicos

Fuentes de San Caetano han confirmado que reclamarán esta decisión y apuntan a que fue transferido por parte del Estado «en propiedad y sin vinculación de destino». Prueba de ello es que el pasado año tuvieron que pagar un IBI de 31.240 euros al figurar en el Inventario de Bens e Dereitos de la Consellería de Facenda.

Además de la intervención municipal en una obra que debería dar comienzo en las próximas semanas, fuentes autonómicas afean la notificación recibida este miércoles en la que les exigen el desbroce de los setos ubicados en el edificio y el aparcamiento del número 4 de esta calle. «Es incongruente, primero nos retiran la licencia, y al día siguiente nos consideran competentes para limpiar», señalan ante la queja recibida en la Concellería de Participación Cidadá después de la denuncia de un vecino.

El PP local lo tacha de «boicot»

El Partido Popular de Vigo acusó ayer al alcalde de la ciudad de «boicotear» el centro de asociacionismo proyectado al suspender la licencia. «Lamentablemente, Abel Caballero no quiere que el tejido social y cultural de Vigo tenga un lugar digno donde poder ejercer su actividad», criticó el portavoz municipal, Miguel Martín. Para él, en 17 años, el alcalde «nunca ha querido dar una solución» a las asociaciones que llevan décadas reclamando un espacio y, «cuando por fin la hay, la boicotea».

«Lo hace única y exclusivamente porque proviene de la Xunta. Una vez más, Caballero anteponiendo sus intereses electorales al beneficio de la ciudad», aseguró el edil popular, quien cree que el «nuevo ataque no solo va dirigido al Gobierno gallego», sino también hacia «los colectivos sociales y culturales de Vigo», sentencia.

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