Las unidades de drogodependencia, sin fecha de integración en el Sergas
La Xunta alega que es un «proceso complejo» y emplaza a mazo para ofrecer un cronograma
El Concello adjudica el servicio de apoyo a la unidad asistencial de Cedro

Fachada de Cedro / José Lores
En los años más difíciles de la lucha frente a la droga, concellos gallegos crearon unidades de atención a la drogadicción para atender a sus víctimas. Hoy perviven trece. La más grande es la de Vigo, Cedro, que sigue teniendo una actividad importante con 980 usuarios al año. Este año se cumplen 40 años de su creación. Todos los partidos representados en el Parlamento gallego están de acuerdo en que esta asistencia debe pasar a la red del Sergas. De ahí la moción que se aprobó por unanimidad el 23 de marzo de 2021 para acordar un nuevo mecanismo de integración. Porque sí, ya se había intentado antes sin éxito. El nuevo cronograma de trabajo estipulaba el 1 de enero de 2024 como la fecha máxima para lograrlo. Volvió a fracasar. El proceso se retomó el pasado mes de agosto, pero sin horizontes concretos. El Concello de Vigo denuncia que las cuentas autonómicas no han reservado ninguna partida para hacerlo efectivo este año.
Preguntada por este extremo, la Consellería de Sanidade responde que «los presupuestos para 2023 recogen el convenio de la Xunta con la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias] para los programas de atención a la drogodependencia, reservando para este fin 4.022.800 euros». Según explican fuentes municipales, esta es la ayuda con la que el Gobierno gallego colabora desde hace años en el funcionamiento de las unidades, pero está lejos del importe necesario para integrarlas en su red. De hecho, solo el Concello de Vigo destina a su unidad 1,8 millones de euros al año, según especifican desde la Concejalía de Política Social. La Xunta aporta medio millón de euros para este gasto. «Ni la tercera parte de lo que cuesta el servicio», señala la edil Yolanda Aguiar. Sanidade responde que es la Fegamp «la que distribuye los recursos entre las diferentes unidades sin que la consellería intervenga en los criterios de reparto»
Sobre los plazos, señala que los grupos «están trabajando con normalidad» y «presentarán los informes a la comisión de integración en marzo». Defiende que, a partir de ahí, es cuando se podrá «concretar el cronograma exacto». «El objetivo de la Xunta es hacerlo cuando antes y, cuando llegie le momento, dispondrá de los recursos necesarios para hacerlo».
Acusa a la Fegamp de retrasar estos estudios dos meses por el retraso al designar sus representantes. Justifica que la integración es «un proceso complejo con muchas implicaciones jurídicas y administrativas que deben primero aclararse y, después, ordenarse». Especifica que los grupos están clarificando cuestiones como el personal que se debe integrar en el Sergas, la gestión de los inmuebles y el coste global.
La concejala de Política Social denuncia que en las reuniones celebradas se están limitando a pedir documentación ya proporcionada anteriormente. «Estamos perdiendo el tiempo», reprocha. «Es un servicio asistencial que debería pertenecer desde hace tiempo a la sanidad pública», censura y añade: «Se están vulnerando los derechos de los pacientes, porque son pacientes».
En esta coyuntura, el PP local acusó el jueves al Concello de «privatizar» Cedro en un «modo de proceder como mínimo contradictorio» con apoyar la manifestación en defensa de la sanidad pública.
Se refería al contrato del servicio de apoyo a Cedro que este viernes adjudicó la Junta de Gobierno local a Eulen por 952.013 euros por un año y con la posibilidad de prorrogarlo otro por la misma cuantía. El Concello cuenta con una plantilla de funcionarios para atender este centro –incluido el facultativo director— que suponen un coste anual de 440.000 euros en salarios y otros 110.000 en seguridad social. Pero la actividad de Cedro es grande. Cuenta con una Unidad de día y otra Unidad asistencial de Drogodependencias. Lleva años contratando un servicio de apoyo para esta última.
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