Una mujer divorciada recurre al Constitucional para evitar que ella y su hijo sean desahuciados

El desalojo de la vivienda familiar instado por su exmarido iba a realizarse en noviembre, pero se aplazó | Alega que ella y el joven sufren minusvalías y carecen de alternativa habitacional

Acceso principal a la Ciudad de la Justicia de Vigo.

Acceso principal a la Ciudad de la Justicia de Vigo. / E. Press

Marta Fontán

Marta Fontán

La mujer divorciada con un hijo estudiante de 19 años sobre la que existe una orden de desahucio del piso que tenía en régimen ganancial con su exmarido ha llevado su caso ante el Tribunal Constitucional. A través de su abogada, ha presentado un recurso de amparo en el que solicita la nulidad de las resoluciones judiciales –la del juzgado de Familia y la posterior de la Audiencia de Vigo– que ordenan el desalojo. El exmarido de la recurrente fue quien instó la ejecución forzosa para que esta mujer y su hijo abandonasen el que fue el domicilio familiar al expirar el derecho de uso exclusivo que tenían sobre la vivienda.

La vivienda está ubicada en el edificio número 1 de Camiño do Chouzo. El desahucio iba a ser en noviembre, pero se aplazó y el juzgado todavía no ha puesto nueva fecha. Tras reconocérsele el beneficio de la justicia gratuita, la mujer formalizó en diciembre el recurso de amparo, en el que alega que «de no suspenderse los efectos de la resolución» se le causará un daño «irreparable». La mujer y su hijo, se indica, son «personas vulnerables, sin alternativa habitacional y ambos tienen reconocida una minusvalía».

Copropietaria del piso

Ella es copropietaria del piso y al margen del proceso judicial ha remitido un burofax a su expareja en el que le insta a tratar de llegar a una solución en relación con la vivienda –como su venta– que impida que ella tenga que quedarse en la calle. «Mi mandante trata de ofrecer todas las vías posibles sin que se obtenga respuesta por parte del ejecutante», se indica al Constitucional. De ser desahuciada, se agrega en el recurso, «se vería obligada a asumir el coste de un alquiler y además pagar la hipoteca [del piso en el que vive en la actualidad] sin que cuente con recursos económicos suficientes para ello». Como medida cautelar mientas no se dicte sentencia se solicita la suspensión de la eficacia de la resolución judicial impugnada.

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