Los gabinetes de comunicación de comunidades y ayuntamientos, más centrados en los políticos que en frenar la desinformación

El reciente y trágico episodio de la DANA en Valencia evidencia cómo la transparencia de las instituciones es crucial frente a la desinformación y los bulos. Pero también ha dejado claro que sigue siendo una asignatura pendiente. Un estudio de la UVigo refrenda esta realidad tras estudiar la gestión de los gabinetes de comunicación de comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España. Paradójicamente, sus profesionales están preocupados e incluso formados al respecto, pero su trabajo se centra más en «limpiar la imagen de los políticos» cuando son atacados que en ofrecer al ciudadano la información que necesita.

El trabajo recopila datos de diez departamentos de comunicación de gobiernos autonómicos –Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla y León y Navarra, entre otros– y de veinte ayuntamientos, incluyendo los gallegos de A Coruña, Santiago y Ourense. Y ha sido llevado a cabo por los profesores de la Facultad de Comunicación Montse Vázquez-Gestal, Ana Belén Fernández-Souto e Iván Puentes Rivera.

La investigación, cuyos resultados aparecen publicados en la Revista Española de la Transparencia, se suma al conjunto de estudios realizados desde la facultad pontevedresa sobre la desinformación y los bulos y la necesidad de que las administraciones sean más accesibles al ciudadano.

Según el informe Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación), la desinformación y la transparencia no figuran entre las áreas más importantes para ellos. Sin embargo, los profesionales entrevistados por los investigadores de la UVigo (entre mayo y junio de 2023) sí les otorgan una valoración de 7,6 en una escala del 1 al 10. Y además la gran mayoría (95,7%) afirman haber tenido que hacer frente a algún episodio de este tipo.

Aún así, siete de cada diez manifiestan no haber recibido formación específica en verificación de datos, transparencia o desinformación en los últimos 3 años. Y solo el 25% de las instituciones autonómicas consultadas y el 6,7% de los ayuntamientos cuentan con unidades específicas o protocolos de actuación definidos.

Respecto a los temas en los que se genera más desinformación, los profesionales señalan la gestión de las catástrofes y el honor y reputación de las personas que lideran la información. Y, tanto desde los ayuntamientos como desde las comunidades, sostienen que el político resulta mucho más perjudicado que la propia institución.

En todo caso, tal y como indican los autores del trabajo, la desinformación no tiene consecuencia directa en dimisiones. Tan solo un 12,5% en municipios y un 26,7% en comunidades. Y, sobre los principales emisores, los entrevistados señalan como «principal agente» a la red social X, antes Twitter (78,3), seguida de los partidos políticos de la oposición (52,2%).

Preguntados por las temáticas que lideran el ranking de la desinformación, los profesionales consultados apuntan a la política local (82,6%) y a la nacional (30,4%). Y no se consideran a sí mismos como emisores.

El estudio de la UVigo demuestra que, a pesar del interés expresado por sus profesionales, los departamentos de comunicación realizan un trabajo «más enfocado a limpiar la imagen de su políticos que en la transparencia de la institución». «Están más preocupados por la gestión de aspectos internos y de imagen de sus líderes que por la transparencia y la mejora de la reputación de cara a los ciudadanos, cada vez más desapegados de la política y de sus instituciones», subrayan los tres autores.

Por tanto, concluyen, las instituciones han entendido que la comunicación debe estar en manos de profesionales, pero «no han asimilado» que la principal misión de estos departamentos es que ellas y sus titulares sean transparentes pues «se deben a los ciudadanos».

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