El Gobierno lanza el primer proyecto de la historia para una senda pública en Toralla

Las rígidas costuras que han mantenido blindada la isla de Toralla, cerrada al acceso público desde mediados de los años sesenta, empiezan a desvencijarse. Lo hacen ahora, cuando todavía restan más de 40 años para el fin de la concesión —arrancó en 1965 en beneficio de la sociedad Toralla Sociedad Anónima y por un periodo de 99 años—, bajo el acicate del Ministerio para la Transición Ecológica y tras décadas de presión ciudadana.

Y lo hacen todavía ahora, pese a que al escudo que se forjaron sus propietarios con la privatización del espacio incumple la Ley de Costas y contraviene sentencias del Tribunal Supremo. Toralla deberá tener una senda de acceso público que permita rodear la isla y el Gobierno, que ya en octubre avanzó su determinación para poner punto y final a este anacronismo, como desveló FARO, ha iniciado el procedimiento para materializarlo.

De la Toralla salvaje y deshabitada a la isla privada más exclusiva de Vigo

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La Dirección General de la Costa y el Mar ha adjudicado el contrato para la «redacción del proyecto de recuperación del tránsito en la isla de Toralla». Se trata de una licitación menor, por importe de cerca de 15.000 euros (18.124 euros con IVA), asignada a la empresa Enurcoin SL, con sede en A Coruña; superó a otras dos propuestas en el procedimiento competitivo.

La oficina técnica dispone de seis meses —a contar desde el 8 de noviembre, cuando se formalizó la adjudicación— para consumar su encargo. De mano de su trabajo deberá proyectarse una senda por todo el perímetro de Toralla, que superará el kilómetro y medio de longitud, y que no podrá tener un ancho inferior a los 6 metros.

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Es la propia legislación de Costas la que delimita esta magnitud: «Establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». Esta franja, abunda además Costas, «deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos».

De modo que, no pudiendo ganar terreno al mar para trazar este camino público, propietarios de parcelas en Toralla deberán ceder parte de las mismas sin ningún tipo de compensación, como han concretado a este periódico fuentes jurídicas. La afección a terrenos privados es clara teniendo en cuenta que hay fincas que montan sobre las propias rocas, con cierres elaborados con elementos vegetales o forjados metálicos.

Un vistazo aéreo de la isla, dado que un vigilante jurado impide el acceso día y noche, permite estimar las propiedades que perderán superficie con este camino: serán en torno a una quincena, y al menos seis piscinas tendrán que ser eliminadas o reducir su tamaño. La vía que circunvalan las torres de Toralla, diseño de Xosé Bar Boo, deberá ser también redefinida, con pérdida de plazas de aparcamiento.

Propietarios deberán ceder parte de sus parcelas de Toralla para la senda

La sociedad propietaria de la isla, Toralla SA, cuenta con un capital escriturado de poco más de 100.000 euros, después de haber tenido que realizar una ampliación en el año 2023, por casi 36.000 euros, para compensar pérdidas de años anteriores.

La reconquista de Toralla es una cuestión que viene de antiguo. En febrero de 2018, el Concello de Vigo, con Abel Caballero a la cabeza, rechazó el deslinde propuesto por los propietarios para oficializar la «ocupación de facto» de la ribera del mar.

El gobierno vigués se opuso a la pérdida de terrenos de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en un lateral de la isla -donde están los chalés, junto a la zona de rocas- y aprovechó la consulta urbanística planteada por el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra para reclamar al Gobierno central —con el Partido Popular al frente— que acometiera acciones de recuperación de las servidumbres de acceso al frente marítimo, como marca la Ley de Costas.

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