Demandan a una comunidad de Vigo para no pagar la renovación de la fachada y les condenan a costas

El furor para la renovación de fachadas para mejorar la eficiencia energética estaba abocado a una cierta conflictividad entre vecinos; son inversiones grandes en las que es fácil que surjan las discrepancias. Uno de esos casos de diferencias entre propietarios ha llegado a los juzgados de Vigo, con victoria, al menos de momento, para la comunidad.

El conflicto se dio porque los cuatro propietarios de un sótano y de un bajo rechazaban entrar en las derramas para sufragar los casi 300.000 euros —sin contar con las posibles subvenciones— que costaba el proyecto aprobado en la junta de propietarios. Argumentaban, entre otras cosas, que no eran obras necesarias para la conservación, sino de mejora de las prestaciones del inmueble, por lo que estarían exentos de entrar en el pago.

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1, en una sentencia del pasado mes de septiembre, establece que este tipo de trabajos sí entran dentro de la obligación de adecuado mantenimiento del edificio, de forma que «deben ser satisfechos por todos los propietarios sin excepción». «La fachada es un elemento común por antonomasia», subraya la jueza. El fallo, contra el que cabía recurso, impone las costas procesales a los demandantes.

Según un estudio previo encargado por la comunidad, el inmueble, que data de 1960, presenta deficiencias por la mala calidad constructiva de las fachadas y por filtraciones desde la cubierta. El principal problema son las humedades por condensación, aunque en algunos casos también existe entrada directa de agua; los locales de los denunciantes también estarían entre los afectados.

El informe indica que la solución sería la instalación de un sistema SATE, después de reparar la fisuras y grietas de los muros. Advierte, además, de que de no acometer esta renovación no pasarían el Informe de Evaluación del Edificio, obligatorio en el Concello de Vigo cada 10 años.

Así pues, la comunidad decidió encargar a otra firma un presupuesto para acometer estos trabajos, que incluyen también revisiones de canalizaciones y cambio de ventanas. En este último caso tendría que asumir el coste individualmente cada propietario que optase por su sustitución. En total, el presupuesto se fija en 299.607,56 euros, que queda aprobado por la junta, supeditado a que se consigan subvenciones públicas.

Mayorías

La votación se resolvió a favor de la obra por una mayoría simple de los presentes, que representaban al 44,8% de las cuotas de participación, mientras que los dueños del bajo y del sótano sumaban el 29,8%.

Esta cuestión es determinante, porque según el tipo de trabajos a acometer son necesarias unas mayorías u otras. En esencia, a la luz de los últimos cambios legislativos, la jueza concluye que las obras de eficiencia energética necesitan solo de una mayoría simple, mientras que si fueran para la mejora de las prestaciones requerirían de una mayoría cualificada de tres quintos.

La sentencia también rechazó otros argumentos de los demandantes, como supuestos defectos formales en la convocatoria de la junta. Además, les recuerda que en esa reunión no se aprobó ningún reparto concreto de las derramas, por lo que en estos momentos no cabe alegar perjuicio por ruina económica. «Aprobada la ejecución de la obra, nada impide a los actores someter a la junta una forma de distribución del gasto más "racional"», esgrime.

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