Audasa cobrará hasta 2048 al menos 1.700 millones del Estado por la AP-9

La privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa) empezó a fraguarse nada más aterrizar José María Aznar en el Palacio de la Moncloa, en 1996. Esta sociedad pública era en aquel momento la propietaria de la concesión de la autopista AP-9, la única vía de alta capacidad que vertebra Galicia de norte a sur. Fue en el Consejo de Ministros del 28 de junio de ese año cuando se dio lectura a un informe elaborado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) «sobre la enajenación de la totalidad de las acciones de Enausa». Ya nadie paró aquel procedimiento: en 1999 se contrató a un asesor financiero para ejecutar la venta, en el 2000 se prorrogó la concesión hasta 2048 —sin mediar concurso público alguno— y en 2003 pasó a manos de un consorcio liderado por Sacyr. Ahora en manos de Grupo Itínere, y si no lo remedia un pronunciamiento judicial, la concesionaria tiene por delante casi un cuarto de siglo para seguir exprimiendo esta carretera. Veinticuatro años más en los que el erario público se convertirá en una especie de gran mecenas: solo en bonificaciones y peajes en sombra Audasa ingresará al menos 1.700 millones de euros del Estado hasta el fin de la concesión.

Este es el cálculo realizado por la consultora Eptisa, contratada por la Xunta para realizar un «análisis del rescate y transferencia de la AP-9», en un informe al que ha tenido acceso FARO. Este importe comprende las bonificaciones actuales y futuras y los peajes en sombra. Es un importe superior al presupuesto de las consellerías de Economía, Emprego e Infraestructuras para este 2024. Juntas. Y multiplica por cuatro la estimación de a cuánto ascenderían los costes de conservación y explotación de la vía, también hasta 2048, en caso de poner fin al reinado de Audasa y que éstos pasasen a ser sufragados por las administraciones públicas: 430 millones. Esta última partida, la de los costes de mantenimiento, es una de las que engorda el precio final para el rescate de la AP-9 a juicio de Eptisa, y que abarcaría entre los 2.761 y los 3.504 millones.

Esta consultora realiza también una estimación de cuánto costaría pagar de una tacada la deuda actual del Estado con Audasa, creada a partir de las ampliaciones de Rande y la circunvalación de Santiago, y engordada con nuevas bonificaciones y convenios. Se trata del denominado saldo de compensación, que no deja de crecer —está ya por encima de los 350 millones de euros— porque devenga intereses a partir del 8%, y que el actual Gobierno central no quiso abonar cuando así lo propuso la ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. La factura ascendería a día de hoy a casi 450 millones de euros. Pagarlo implicaría dos cosas: que la deuda no siguiese medrando —el propio Ejecutivo estima que superará los 1.100 millones hasta 2048— y eliminar la subida extraordinaria de peajes del 1% que está en vigor desde la inauguración del nuevo puente y que se aplicará cada año hasta 2038.

Lucro cesante, ¿sí o no?

El estudio realizado por la Universidade da Coruña (UDC) para el BNG fija esta factura en 904,76 millones. Se basa el análisis Carlos Aymerich y José Antonio Blanco en las cifras aportadas por la propia Itínere, cuando notificó que el valor en libros de Audasa (en 2018) era de 1.300 millones de euros. Teniendo en cuenta que Audasa explota más autopistas que la AP-9 —aunque esta es, a años luz, la más rentable—, a la compañía le corresponderían esos algo más de 900 millones por su «valor razonable de mercado».

Sin que haya lugar a un lucro cesante, como sí considera el estudio encargado por la Xunta, porque la UDC parte de la base en todo momento que la prórroga fue ilegal, porque se produjo una modificación sustancial del contrato concesional, para la que el Ejecutivo de Aznar evitó licitar uno nuevo. Para la Comisión Europea, que ha emitido ya dos expedientes de infracción contra España, la prórroga se llevó a término para privatizar Enausa a un mayor precio, a costa de una hipoteca hasta 2048.

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