Un informe encargado por el BNG fija en 905 millones el coste de rescatar la AP-9

El coste de económico del eventual traspaso de la Autopista del Atlántico, la conocida como AP-9, a Galicia volvió a ser a la protagonista en parte de la agenda política de este viernes. Un informe de la Universidade da Coruña, encargado por el BNG, sobre los costes de la transferencia y rescate de esta arteria vehicular de la comunidad cifra en 904,7 millones de euros el precio del rescate de la autopista al sostener que Audasa no tendría derecho a ser compensada por el dinero que dejaría de ganar hasta el final del período de explotación.

Esta cantidad aportada por los nacionalistas se sitúa “muy lejos” del precio del rescate que fija el estudio encargado por el Ejecutivo autonómico a una consultora privada y dado a conocer a principios de este mes de septiembre, que elevaba el coste a entre 1.612 y 2.355 millones de euros. La diferencia es aún mayor si se compara con los datos aportados por el Gobierno central, sin ningún informe conocido al respecto, que hablaba de un coste situado entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros.

“Es la opción más viable y económica”, hizo hincapié la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Así las cosas, aseguró que un posible rescate saldría “más barato” a las arcas públicas ya que, según el informe, el Estado todavía debería pagar 2.844 millones de “peajes en sombra” en los años que restan hasta el fin de la concesión.

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El análisis, llevado a cabo por los académicos Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, concluye, además, que las prórrogas otorgadas a Audasa, la empresa concesionaria, para su explotación hasta el año 2048 son contrarias al derecho europeo y, por tanto, “ilegales”. En este sentido, alegan que las prórrogas otorgadas en 1994 por el Ejecutivo presidido por el socialista Felipe González y, seis años más tarde, en el 2000 por el Gobierno popular de José María Aznar, suponen “un cambio sustancial” en las condiciones que no estaba previsto en los pliegos iniciales al extender “en un 90%” el plazo de explotación inicial. Por ello, insisten en que tendría que haberse llevado a cabo “una nueva licitación” a la que hubiesen podido concurrir otras empresas.

“La mejor decisión que a la que podemos ir ahora mismo es el rescate de la AP-9”, aseguró Pontón, quien incidió en que los 904,7 millones en que lo cifra el estudio de la UDC “es el valor de mercado”, pese a las cantidades “absolutamente infladas” de la Xunta y el Ejecutivo de Sánchez.

Dos vías

Aymerich, que fue portavoz parlamentario del BNG entre los años 2009 y 2012, detalló que el Ejecutivo de Pedro Sánchez contaría actualmente con “dos vías” para poder rescatar la infraestructura. Por un lado, está la posibilidad de esperar a que la Comisión Europea resuelva el expediente de infracción a España al considerar que toda la gestión que se hizo de la prórroga de la concesión de la AP-9 vulneró de manera clara la normativa comunitaria al no convocarse un concurso público.

Con todo, el académico subrayó que cabe la posibilidad de que “el Gobierno español actúe de buena fe para Galicia”, una vez que conoce que la concesión es “ilegal” y que, por ello, podría llevar a cabo una “revisión de oficio”.

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A día de hoy, la autopista que vertebra Galicia de norte a sur es la vía de peaje más rentable de las que componen la Red de Carreteras del Estado. Audasa facturó 96,6 millones de euros en el primer semestre de este año, un 7,67% más que en el mismo periodo de 2023. La partida más significativa fue, no obstante, la del resultado neto, con unas ganancias de 39,54 millones de euros. Es decir, más de cuatro de cada diez euros que ingresa por la autopista se convierten en beneficios. Es una ratio muy elevada, solo comparable a la de vehículos de inversión o sociedades patrimoniales, y que no alcanza ninguna de las vías de peaje de la red estatal.

El rendimiento

Solo se le acerca la denominada AP-7 Autopista del Sol (Ausol), con un porcentaje de beneficio neto sobre ventas del 38,8%, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Por regla general, las ratios en las autopistas analizadas –en base al mapa difundido por el Ministerio de Fomento– rondan el 22%, la mitad de la rentabilidad que cosecha Audasa. Para encontrar autopistas más provechosas para las concesionarias hay que acudir a una de titularidad autonómica. Se trata de la que explota Autema (Autopista Terrassa-Manresa SA), la C-16, en vigor hasta el año 2039. En este caso, los ingresos anuales de la sociedad en el pasado ejercicio fiscal fueron de 62,52 millones de euros, con un resultado neto de más de 48 millones.

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Como ya analizó FARO, la extraordinaria cobertura legal que gobiernos de todo color han facilitado a Audasa vía reales decretos ha permitido que buena parte de lo que factura proceda del erario público. Y esta proporción sigue medrando: peajes en sombra, bonificaciones y las ayudas del Gobierno para contener la inflación supusieron unos ingresos públicos para la concesionaria de 29,5 millones de euros, el 30,5% de todo su negocio.