El urbanismo de Vigo, una carrera de obstáculos que dura más de 30 años

Todavía quedaban casi 10 años para la llegada del euro a España, no existía Google, los teléfonos móviles no nos acompañaban a cada lugar al que íbamos, ni siquiera se conocía la consola PlayStation. En la radio, sonaban a todo volumen Heal The World, de Michael Jackson, I Will Always Love You, de Whitney Houston, o Mi tierra, de Gloria Estefan, y las victorias del Celta suponían dos puntos más en el casillero, no tres. Era 1993, año en el que el Concello de Vigo aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), denominado Expediente de subsanación de deficiencias en la adaptación del PGOU de Vigo de 1988 a la LASGA, la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de adaptación de la del suelo a Galicia. La corporación local, con el socialista Carlos Príncipe a la cabeza y PP, PSdeG, Partido Socialista Galego-Esquerda Galega y BNG en el pleno –en tripartito estos últimos–, jamás habría pensado que ese documento seguiría en vigor en la actualidad, 31 años más tarde, aunque con modificaciones puntuales, además de las incluidas en el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP).

La situación urbanística en pleno 2024 está muy vinculada al PGOU de ese año porque, además de estar vivo todavía, desencadenó pasos que, finalmente, acabarían por generar un terremoto en esta materia: el Tribunal Supremo tumbó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2008 en 2015. En septiembre de 1991, la Xunta de Galicia encabezada por Manuel Fraga, con Xosé Cuíña al frente de la Consellería de Política Territorial, anuló el Plan Xeral de la ciudad tras más de un año vigente. Había sido confeccionado rodeado de una tormenta de críticas por un gobierno local presidido por el socialista Manuel Soto, el primer alcalde de Vigo de la democracia, pero la decisión del Ejecutivo gallego la tuvo que enfrentar su sucesor, Carlos Príncipe. Para paliar la anomalía urbanística, el Ayuntamiento consiguió en tiempo récord, algo más de año y medio, sacar adelante un nuevo Plan Xeral, el de 1993, escrito que trajo bajo el brazo una gran cantidad de recursos y sentencias judiciales en contra.

Estuvo en vigor hasta que lo sustituyó el Plan Xeral de 2008 en agosto de ese año, también rodeado de mucha polémica durante su proceso de elaboración, en gran parte, por incluir la construcción de 120.000 viviendas. La corporación local optó por empezar a dar vida a este documento en el año 2000 para olvidarse cuanto antes del de 1993 debido a los varapalos judiciales que acumulaba y blindar jurídicamente el urbanismo de la ciudad. El camino lleno de baches hasta su aprobación definitiva, con más de 60.000 alegaciones –la revisión actual, validada esta semana por la Xunta, acumuló unas 4.500, una gran parte, sobre el vial PO-010, previsto en Beade-Valladares–, continuó después, ya vigente. Resistió poco más de siete años a las críticas y denuncias judiciales, la mayoría, motivadas por los cambios introducidos por el gobierno bipartito en el Concello antes de la aprobación definitiva, principalmente, tras incrementarse la vivienda protegida del 22% de media en el documento provisional al 43%.

Este es el camino que le queda al PXOM tras el visto bueno de la Consellería

Los principales recursos se centraban en el hecho de que no se hubiera sometido el Plan a un segundo periodo de exposición pública al defender los demandantes que el aumento de vivienda protegida era una alteración “sustancial”. Sin embargo, una detrás de otra, las sentencias concluyeron que ese cambio no alteraba el modelo urbanístico y quedó cubierto por un nuevo estudio de viabilidad económica. La suerte cambió a finales de noviembre de 2015: el Tribunal Supremo emitió una sentencia firme que anulaba el escrito por no haber realizado la Xunta antes de su aprobación la evaluación ambiental estratégica, curiosamente, con María José Caride, actual concejala de Urbanismo en Vigo, como conselleira de Política Territorial.

Estimó un recurso interpuesto por la asociación Alternativa Veciñal de Vigo contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y declaró nulo el instrumento, que salió adelante en 2008 por un solo voto de diferencia –PSdeG y BNG sumaron 14 apoyos frente a los 13 del PP–, por lo que el urbanismo de Vigo se metió en una máquina del tiempo para regresar a 1993 lleno de incertidumbre. La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, resolvió el 28 de marzo de 2008 declarar la inviabilidad de la llamada “evaluación ambiental estratégica” –sí incluida en el nuevo Plan, pendiente de aprobación– alegando que demoraría la ejecución de “proyectos e infraestructuras, con un importante coste económico y social”, y añadió que ya se había expuesto al público el Plan Xeral, que incluía mecanismos de evaluación ambiental en la tramitación de cada urbanización, instrumentos que garantizarían la protección del medioambiente.

Dos meses después, en mayo de 2008, la administración autonómica, entonces gobernada por el PSdeG y el BNG, aprobó definitivamente el 99% del PXOM, quedando pendiente de corregir un 1%, al que se daría vía libre en julio de 2009, ya con el mandato del PP. El TSXG validó el proceder de la Xunta frente al recurso de Alternativa Veciñal. Sin embargo, el Supremo concluyó en su sentencia que se vulneró la ley ambiental y no existía la premura alegada por la Xunta para evitar retrasos. Se basó la sección quinta de lo contencioso-administrativo en que la Consellería había recibido ya en julio de 2006 el Plan Xeral aprobado provisionalmente en el Concello. A pesar de esta circunstancia, “la administración ambiental competente dejó transcurrir dos años prácticamente hasta declarar inviable su sometimiento al trámite” de evaluación ambiental estratégica, según señaló el dictamen judicial. Previamente a la resolución de la Xunta, el gobierno local –PSdeG-BNG– hizo otra aprobación provisional del Plan Xeral, en diciembre de 2007, tras duplicar el porcentaje de vivienda protegida.

Agregó la sala que la aprobación completa del PXOM no se produjo hasta julio de 2009, con lo cual aún pasaría más de otro año desde la resolución hasta que el documento recibió el plácet final. Esta circunstancia, a juicio del Supremo, “demuestra que la pretextada premura no existía”. Los otros dos motivos esgrimidos por la Xunta –la información pública y los mecanismos de protección de cada ámbito– tampoco justificaron jurídicamente la inviabilidad de someter el plan al procedimiento ambiental. A 1 de enero de 2015, Vigo tuvo que meter en el cajón un Plan Xeral que propició la legalización de la mayoría de las grandes urbanizaciones con licencias anuladas, muchas de ellas, condenadas al derribo. Progresivamente, obtuvieron nuevos permisos municipales el edificio de viviendas y un centro comercial en Jacinto Benavente, O Piricoto, los chalets, pisos y hotel de la Finca Sensat, las torres y el centro comercial de Finca do Conde o los apartahoteles de Samil.

Meses después, el alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello de Vigo remitiría a la Xunta de Galicia una solución propuesta por el prestigioso experto en derecho urbanístico Luciano Parejo, que planteaba una declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica del Plan Xeral mediante una nueva decisión de la Consellería de Medio Ambiente, lo que habría permitido, según el regidor, recuperar en seis meses el documento de 2008 anulado por el Supremo. Caballero consideró “más segura” esta vía frente a la redacción de un nuevo Plan, pero el Consello Consultivo de Galicia, entidad que recibió la propuesta desde la Xunta, la rechazó. Indicó en un informe que el “Supremo anuló por completo el plan de Vigo” y no cabía “enmienda con una nueva declaración de inviabilidad de evaluación ambiental”, ya que el riesgo de otra impugnación ante la justicia sería elevado.

La Xunta confirmó en septiembre de 2016 el rechazo a la vía propuesta por el alcalde para tratar de salvar el Plan Xeral. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio emitió una resolución que dio respuesta al planteamiento del Concello tras examinar sus servicios jurídicos el dictamen desfavorable del Consello Consultivo de Galicia. En la contestación, concluyó que la opción municipal, basada en un informe del catedrático Luciano Parejo, era “extremadamente arriesgada” y podría “agravar el problema” en lugar de resolverlo, por lo que, “desde una perspectiva jurídica y práctica”, recomendó elaborar un nuevo documento. Caballero criticó a la Xunta, con el PP de Alberto Núñez Feijóo al frente desde abril de 2009, por no reclamar ni ofrecer alternativas a pesar de ser el organismo causante de la anulación del Plan Xeral de 2008 –durante el bipartido de PSdeG y BNG–.

En marzo de 2017, 16 meses después de la sentencia del Supremo, el Concello aseguró que, en los meses previos, había trabajado “arreo” para buscar soluciones a la parálisis urbanística y criticó la falta de apoyo de la Xunta al rechazar la conocida como vía Parejo y no responder a la petición para que echase una mano económicamente en el proceso –meses después, se ofreció a financiar la mitad del nuevo Plan–. Lo hizo en respuesta a la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, que, horas antes, había asegurado en el Círculo de Empresarios que el gobierno gallego no tenía “nin un só documento” sobre el estado de la redacción del instrumento urbanístico. Tampoco disponían de información los grupos de la oposición ni los colectivos sociales y no se había convocado el Consello Social con este cometido.

El urbanismo de la ciudad vio la luz a mediados de 2017: el pleno del Concello decidió acogerse a la ley pactada por PP y PSdeG a principios de año en el Parlamento gallego para que los concellos con el planeamiento urbanístico anulado, como Vigo, pudieran llevar a cabo proyectos de interés público e iniciativa privada. Resultado: a finales de septiembre de 2019, el BOP (Boletín Oficial de Pontevedra) recogió la validación del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), mecanismo que desbloqueó más de 23 millones de metros cuadrados en la ciudad en los que no se podía construir tras la suspensión del Plan Xeral de 2008. En resumen: más de 48.000 parcelas disponibles. Permitió recuperar cientos de proyectos constructivos paralizados en su día por la sentencia del Supremo o sin encaje en este escrito –un porcentaje elevado, viviendas unifamiliares–. Estrenaron esta solución la promoción de viviendas de Cordelerías Mar (Jacinto Benavente) y el Hotel Attica21 de Samil.

El nuevo hotel de Samil se estrena con una ocupación en julio del 80%

La vigencia del IOP está vinculada a la aprobación provisional del nuevo Plan Xeral: se debe realizar en el plazo de tres años y medio desde la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del IOP. No se logró este objetivo, en parte, por la irrupción del COVID y, según el Concello, por el “retraso” del gobierno gallego en el envío de los informes, por lo que decidió aprobar la dilatación de los plazos. La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) pidió una medida cautelar que suspendiera los efectos de la resolución aprobada por el gobierno local de suspender el cómputo del plazo, solicitud denegada por el TSXG, que defendió que la medida impuesta por la Xerencia de Urbanismo ofrecía “seguridad, estabilidad y una certeza relativa, aunque sea temporal, en la gestión urbanística” del Concello, pero dejó clara la “imposibilidad” de la sala de “prejuzgar el fondo del asunto”.

El nuevo PXOM fue aprobado inicialmente por el pleno del Concello a finales de agosto de 2021 con los votos a favor del grupo socialista. El PP votó en contra, mientras que Marea de Vigo y BNG optaron por la abstención. A finales de diciembre de 2023, la cámara lo validó provisionalmente con 17 apoyos del grupo socialista, la abstención de los cinco concejales del PP y los votos en contra de los tres ediles del BNG. Entre ambos acuerdos, destacaron las acusaciones cruzadas entre Ayuntamiento y Xunta por la demora en la emisión de informes autonómicos y falta de correcciones por parte del equipo local, con elecciones municipales y generales en medio. Queda pendiente la aprobación definitiva y posterior entrada en vigor del nuevo Plan. Tras el visto bueno de la Xunta, anunciado el pasado jueves, deberá lograr el OK de Costas del Estado –el PP de Vigo le pide celeridad para salir de la “parálisis urbanística”– y ser aprobado en el pleno del Concello, un mero trámite al contar con mayoría absoluta el grupo de gobierno. El BNG lamenta que el documento se elaboró “na escuridade dos despachos”.

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