La Funga no vigiló al presunto homicida de Lavadores: “Nunca dijeron que había problemas”
Una representante declaró ante el juez que delegaban el seguimiento de Juan, en prisión por matar a su hermana, en la Fundación Aldaba

La vivienda donde residía el presunto homicida / Marta G. Brea
¿Se pudo haber evitado el crimen de Mari Carmen Docampo? La investigación judicial por su crimen, sucedido el pasado 2 de abril en la parroquia viguesa de Lavadores a manos presuntamente de su hermano Juan, podría responder a esta cuestión tras la última declaración practicada en la causa. El juez que dirige el caso citó este pasado jueves a la responsable de la Funga –Fundación pública galega para a tutela de persoas adultas–, que ejercía la tutela, en régimen de curatela, del investigado, diagnosticado de esquizofrenia desde su juventud.
Juan llevaba meses sin acudir a las citas para administrarse los inyectables que tenía prescritos para su enfermedad mental. Esto le llevó a una descompensación psicótica que desembocó, supuestamente, en el asesinato a cuchilldadas de su hermana Mari Carmen.
Sin reportes negativos
La responsable de la Funga, que fue citada en calidad de responsable civil subsidiario, que tenía asignado el caso de Juan declaró en sede judicial que, al tener un volumen de usuarios tan elevado, no pueden atender a todos por lo que delegan el seguimiento de los tutelados, en el caso de Vigo, en la Fundación Aldaba y que éstos nunca le reportaron “ningún problema”, según precisaron a este periódico fuentes próximas a la investigación. Esto es, declaró que como nunca se les dijo que hubiese un problema con Juan, consideraban “que todo iba bien”.
Y es que tampoco existen protocolos por lo que deben reportarse desde la Funga y otras asociaciones información sobre los usuarios. Es más, fue la propia víctima la que a través de un correo electrónico y mensajes puso en conocimiento de la Funga el estado de su hermano, llegando incluso a advertirle a la persona que lo atendía que no fuese a verlo.
Lo cierto es que cuando se tomaron cartas en el asunto, cuando se hicieron las averiguaciones sobre el abandono de la medicación y la fundación inició los trámites para proceder al ingreso involuntario de Juan en un centro psiquiátrico a raíz de los avisos de la víctima, ya fue muy tarde. Cuando a las 13.57 horas de aquel miércoles 3 de abril la trabajadora social llamó a Mari Carmen para decirle que el internamiento estaba en marcha, que “tardaría un par de días” y que si veía “algo raro” llamase a una ambulancia, la mujer ya no cogió el teléfono. Acababa de ser asesinada a manos, presuntamente, de su hermano Juan.
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