Concello y Zona Franca firmarán un convenio nuevo para la recuperación de La Panificadora
El Consorcio financiará la rehabilitación y la gestionará por un tiempo que deberá concretarse en el acuerdo, que se prevé suscribir este año — La intervención afectará también al entorno, no solo los edificios: en total, unos 9.500 m2

Borja Melchor / Sara Dorado
Nuevo intento de Concello y Zona Franca para la rehabilitación de La Panificadora, que funcionó desde 1924 hasta principios de la década de los 80. El alcalde y presidente del Consorcio, Abel Caballero, y el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, firmaron un protocolo previo a la elaboración de un convenio entre ambas instituciones. El acto, en el que participaron la primera tenienta de alcalde y responsable del área municipal de Patrimonio Histórico, Cultura e Igualdad, Carmela Silva, y la cuarta tenienta de alcalde y titular del área de Urbanismo e Vivenda, María José Caride, se celebró en la Praza do Rei; de fondo, las emblemáticas instalaciones de la antigua fábrica de pan, en un estado deplorable.
El acuerdo determinará, según explicó Regades, que la Zona Franca se compromete a financiar la recuperación “de todos sus edificios” y a “explotarlos” durante un número de años que deberá determinar el Concello y quedar por escrito en el futuro convenio, que “está en fase de redacción”. “Nos hemos marcado como objetivo que, antes de final de año, tengamos firmado ese convenio y que, ya en el primer semestre del año que viene, podamos licitar el proyecto de ejecución para recuperar no solo La Panificadora –como se estableció en el anterior convenio aprobado por ambas administraciones hace ocho años–, sino todo el entorno –a petición del Concello– para que sea un espacio de uso y disfrute ciudadano”, indicó el delegado del Estado. Caballero añadió que este proceso conllevará expropiaciones: “Las haremos nosotros para Zona Franca”.
Previo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Consorcio, el convenio deberá incluir las acciones que la entidad de la Praza do Rei tendría que realizar para la adquisición de los bienes y derechos afectados, “poniendo a disposición de la Zona Franca en cualquiera de las formas previstas en la ley y previamente convenida una superficie aproximada de 7.042,99 metros cuadrados” que incluiría las edificaciones vinculadas a la antigua fábrica de la Compañía Viguesa de Panificación y los inmuebles situados en los números 26 y 28 de la calle Santiago para que Zona Franca pudiera, en su caso, llevar a cabo su desarrollo urbanístico y posterior gestión. El ámbito incluye, además, el espacio comprendido entre esta calle y la Praza do Rei, por lo que su superficie total se eleva a unos 9.500 metros cuadrados.
La intención de ambas entidades es “llevar a cabo una actuación basada en el respeto máximo de las edificaciones que permita la implantación de usos dotacionales públicos y de gestión pública y privada, mejorando la accesibilidad”, como señala el protocolo, para convertir esta zona en un “punto de encuentro y dinamización de la vida económica, social y ciudadana de Vigo”, a la vez que se cose la trama urbana. Se trata de un enclave céntrico que, en unos años, sumará todavía más protagonismo con el nuevo Barrio do Cura. “Hoy, la ciudad sonríe porque quiere y desea la recuperación de La Panificadora para las gentes de Vigo. Habrá novedades. 44 años de olvido llegaron a su punto final. Queremos ver las grúas ahí lo antes posible, y por eso hacemos este protocolo ahora”, expresó Caballero, que recibió el agradecimiento de Regades por su sensibilidad para la recuperación del patrimonio industrial.
Grupo de automóviles modernos con vistosa carrocería dedicados al transporte de pan en los años 30 / Archivo Pacheco
El delegado del Estado destacó que volverá a convocarse un concurso para redactar un proyecto nuevo que concrete los usos del ámbito de La Panificadora y de las instalaciones. Este convenio indicará, además, la inversión, desconocida por ahora, y la forma de financiar las actuaciones. La idea que tenían Concello y Zona Franca a finales de 2019 consistía en dar una segunda vida a las emblemáticas construcciones que saludan a las calles Santiago, Falperra y Cachamuíña en una residencia para mayores y jóvenes, un centro de innovación gastronómica y enología, un restaurante, un espacio de emprendimiento y empresas, un gimnasio con piscina y diversos servicios y actividades ligadas al mundo del cuidado físico.
Con respecto a los usos, Caballero recordó que “hubo gobiernos que dieron inmensas edificabilidades al ámbito de La Panificadora y que impedían su recuperación”. “Siempre es bueno saber cuál es el comportamiento de cada uno de los gobiernos. El nuestro es que esto se rehabilite manteniendo toda la esencia arquitectónica y urbanística y que sea para la ciudad. No queremos que sea para inmensas torres de edificación y para pelotazos urbanísticos, como antes se había trazado. Y esa es nuestra decisión. Eso es lo que en el protocolo lanzamos”, explicó el regidor olívico.
Bandazos de proyecto a proyecto
Desde su cierre, ha habido diversos planes para el ámbito de La Panificadora. En 1988, Manuel Soto Ferreiro (PSOE), primer alcalde de Vigo en la etapa democrática, firmó un convenio con los propietarios para convertirlo en una Unidad de Actuación Urbanística y dar paso a 20.000 metros cuadrados de nueva edificabilidad. En 1991, se integra en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Casco Vello sin perder su condición de reurbanizable. En la etapa de Soto, llegó a valorarse un auditorio. En 2003, Lois Pérez Castrillo (BNG) y los dueños de la propiedad firmaron un convenio urbanístico que solo protegía los silos de la vieja industria para dedicar a viviendas el resto. El gobierno de Manuel Pérez (PP) planteó derribar todo para construir bloques de edificios. La alcaldesa Corina Porro (PP) propuso después la Biblioteca del Estado, idea que retomó más tarde Abel Caballero (PSOE).
En 2009, Caballero presenta el Plan Moneo para transformar la Praza do Rei: supondría la creación de una zona residencial en el ámbito de La Panificadora, de la que se conservarían únicamente los silos. En la campaña de las elecciones municipales de 2011, el regidor cambia de rumbo: quiere un centro cultural. En 2016, Concello y Zona Franca convocan un concurso de ideas para convertir este espacio en un símbolo de la vida cultural y social de la urbe y ya se abordaba la posibilidad de incluir la Biblioteca del Estado –que se prevé actualmente en la calle Lalín–. Ganó el proyecto de los arquitectos Jorge Salgado y Celso López, sin usos residenciales. Se dio a conocer en marzo de 2017: albergaría la Biblioteca del Estado, un centro de investigación gastronómica, un coworking y diversas instalaciones culturales, así como un restaurante sobre los silos con vistas a la ría al que se accedería en un ascensor panorámico.
Protección en el nuevo planeamiento urbanístico
El Plan Xeral de 1993, el que está vigente en la actualidad tras anular el Tribunal Supremo el de 2008 en el año 2015, protegía los silos, pero seguía manteniendo la parte residencial: estarían rodeados de edificios. Lo mismo el de 2008. PSOE, PP, Marea y BNG sumaron sus votos a finales de diciembre de 2020 en el pleno del Concello para aprobar por unanimidad la modificación urbanística que permitía al Concello iniciar la expropiación de los terrenos de la antigua factoría. Las cuatro formaciones respaldaron el cambio puntual del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Casco Vello que da amparo al proyecto arquitectónico de rehabilitación. Consecuencias: el uso del terreno sería principalmente dotacional, sin aprovechamiento residencial, y se conservarían tanto los silos como el frente que da hacia Falperra, que carecía de protección en los otros planes.
Horas después de la votación, Caballero citó el acuerdo de 1985 que permitía construir en el solar dos torres de 15 plantas –una para un hotel de 165 habitaciones y otra para 72 viviendas y bajos comerciales–, el documento de 2003 que contemplaba alrededor de 22.000 m2 de edificabilidad residencial y tres torres o la validación en 2006 del Pepri del Casco Vello, en el que se incluyó sin cambios el convenio anterior sobre La Panificadora. Apostilló que, a causa de los acuerdos anteriores, el Ayuntamiento debería recurrir a la expropiación para hacerse con los terrenos. “Los propietarios siguen esgrimiendo la autorización que les dio el Partido Popular y el BNG. Por eso no hay acuerdo”, abundó.
En abril de 2022, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretó la nulidad del acuerdo del Concello de Vigo y su modificación puntual del Pepri del Casco Vello de Vigo en la zona de La Panificadora, que daba cobertura a la rehabilitación del inmueble. Fue recurrida sin éxito por parte del Ayuntamiento. Falló a favor de Promociones Montelouro, copropietaria de la antigua fábrica de pan, que demandó el acuerdo al pasar de una edificabilidad cercana a los 21.950 metros cuadrados –gracias a un convenio firmado por Pérez Castrillo– a cero.
Para blindar las instalaciones fabriles ante el fantasma del uso residencial, el Concello incorporó en la revisión del PXOM aprobada provisionalmente en el pleno del 28 de diciembre de 2023 el Sistema Xeral “Panificadora” como un Equipamiento dotacional múltiple, al tiempo que delimitó los espacios libres colindantes, de tal modo que se establece la ordenación detallada del espacio situado entre la Praza do Rei y las calles Santiago, Cachamuíña y Falperra. Se establece la expropiación como forma de obtención de estos terrenos y se fijan los niveles de catalogación de las edificaciones existentes que conforman el conjunto arquitectónico. Concello y Zona Franca incluyen partidas para La Panificadora en sus presupuestos de 2025.
“Firmamos un protocolo para que el convenio arranque lo antes posible y, en el momento en el que el nuevo PXOM [Plan Xeral de Ordenación Municipal] esté aprobado, que va a ser muy pronto, arrancar”, informó ayer Caballero. El Plan, pendiente de aprobación definitiva, está en manos de la Xunta, que debe realizar la evaluación final en un plazo de tres meses desde su recepción, el 8 de agosto, pasar por Costas del Estado y, finalmente, ser validado en el pleno municipal, un trámite al contar el equipo de gobierno con mayoría absoluta en la cámara.
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