Prohiben que se vuelva a alquilar un piso de Vigo después de que los vecinos presentasen una larga y aterradora lista de ilegalidades

La Audiencia Nacional de Pontevedra dictó sentencia tras 13 años de denuncias por ruidos y otras incidencias mayores

Dos coches de la Policía Nacional junto al Palacio de Justicia de Pontevedra

Dos coches de la Policía Nacional junto al Palacio de Justicia de Pontevedra / GUSTAVO SANTOS

Se hizo esperar, pero valió la pena. Una comunidad de vecinos llevaba sufriendo desde el 2011, fecha en la que una de las viviendas empezó a ser alquilada por habitaciones a inquilinos molestos e incívicos.

Desde entonces, en el edificio se han vivido gritos a horas intempestivas y peleas, han visto cómo se arrojaban muebles por la ventana y se han encontrado gente durmiendo en zonas comunes y sangre en las puertas, entre otras cosas.

Después de 13 años y la decisión de instalar cámaras de seguridad en los rellanos, han conseguido que la Audiencia Nacional de Pontevedra prohibiese el alquiler de este piso durante los próximos tres años. En esta decisión influyeron de forma decisiva las grabaciones presentadas por la comunidad de vecinos y una lista de ilegalidades muy extensa.

Se prohibe el alquiler del piso tras la imposibilidad de localizar a los inquilinos

Dado que la vivienda se alquilaba por habitaciones y los inquilinos variaban constantemente, fue imposible localizar al autor de cada delito. Sí se le atribuye la responsabilidad al propietario, del que se entiende que no ha hecho lo necesario para poner solución a esta situación.

De entre las distintas demandas de los vecinos, destacan las siguientes irregularidades:

  • Lanzamiento de objetos y muebles por la ventana.
  • Almacenamiento de bombonas de butano, aumentando el riesgo de fuga de gas.
  • Pirateo de la antena parabólica de un vecino.
  • Vertidos al patio de luces.
  • Tocar timbres.
  • Romper cristales.
  • Venta de droga.
  • Peleas, gritos y porte de armas blancas.

Después de años de denuncias para frenar este infierno, la instalación de las cámaras de seguridad fueron claves para que la Audiencia Nacional de Pontevedra pudiese dictar su sentencia.

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