Cuenta atrás por el peaje eterno de Audasa

Madrid tiene hasta el sábado para responder a la Comisión Europea en favor de la prórroga de la concesión a 2048, que Bruselas considera ilegal. Si no convence habrá juicio en el TJUE

Atascos en la entrada al puente de Rande por las obras de ampliación, que se prolongaron fuera de plazo.

Atascos en la entrada al puente de Rande por las obras de ampliación, que se prolongaron fuera de plazo. / Ricardo Grobas

Lara Graña

Lara Graña

La Comisión Europea lo tiene claro: el Gobierno de José María Aznar prorrogó la concesión de la autopista AP-9 –tenía que haber vencido en agosto de 2023– hasta 2048 para elevar su precio y privatizarla. Y, como no realizó un proceso de concurrencia competitiva, se trata de una decisión contraria a la normativa comunitaria y, por tanto, ilegal. Bruselas motivó su postura al detalle en un informe firmado por el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, divulgado en primicia por FARO. “El verdadero objetivo era aumentar sustancialmente su valor para hacer más atractiva la venta”, zanja ese escrito. El actual Gobierno central tenía hasta el 24 de junio para responder a los argumentos de la Comisión y convencer, como pretende, de que la prórroga no contravino las leyes. Pero pidió una prórroga, como también anticipó este periódico, que termina en escasos cinco días. El sábado 24 es la “fecha límite”, como confirman fuentes del Ejecutivo comunitario.

Si los argumentos que expone el Reino de España –es el objeto del pleito– no satisfacen en Bruselas, o si no cumple los plazos, la Comisión remitirá presumiblemente a Madrid lo que se conoce como un dictamen motivado. Se trata de una comunicación –ya sería la tercera sobre este asunto– que termina con la fase administrativa o precontenciosa, en este caso por la apertura de un expediente por incumplimiento de las leyes de la Unión Europea. El siguiente paso sería la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un trámite que Bruselas ya ejecutó contra Italia por la prórroga también irregular de la autopista entre Livorno y Civitavecchia. “Si el país aún no cumple, la Comisión puede decidir llevar el asunto al Tribunal de Justicia, y si el país no comunica a tiempo las medidas que implementan las disposiciones de una directiva, la Comisión puede pedir al tribunal que imponga sanciones”, acota la legislación vigente.

Desde Bruselas explican que, normalmente, estos casos se resuelven antes de ser remitidos a la Justicia, aunque parece improbable en el caso gallego ya que el Ministerio de Transportes apuesta por mantener la concesión actual dado el coste del rescate, cuyo importe sitúa ahora –tras dar varias cifras– en 4.000 millones de euros. La UE tiene potestad para imponer multas que pueden consistir en el pago de una suma a tanto alzado hasta el pronunciamiento de su sentencia o una multa coercitiva diaria. En el primer caso la cantidad fijada para España es de 7,42 millones de euros, mientras que en el segundo sería de 3.230 al día. Pese a las múltiples peticiones formuladas por grupos como el popular o el BNG en Congreso y Senado, el Gobierno ha eludido difundir cuáles son los argumentos que ha expuesto a Bruselas para tratar de garantizar la continuidad de la concesión hasta agosto de 2048. Ha argumentado que, de momento, es un proceso confidencial.

La concesionaria es Autopistas del Atlántico (Audasa), de Grupo Itínere. Nunca ha puesto precio a una eventual pérdida de la AP-9: en cada folleto de venta de deuda corporativa que deposita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apunta que “deberá ser debidamente indemnizada” si se produce la anulación de la prórroga, y apunta a que ese pago sería “significativamente mayor a su deuda”. Un pasivo financiero que siempre está por encima de los 1.000 millones de euros, toda vez todo su beneficio neto lo inyecta en su matriz, no a amortización de deuda. Opera en régimen de monopolio y lo aprovecha, con resultados que mejoran año tras año: solo entre enero y junio anotó unas ganancias limpias por 39,5 millones de euros, que corresponden a más del 40% de su facturación en el mismo periodo.

Claves

  1. Respuesta tras la segunda carta

    Bruselas ha apercibido a España ya dos veces por la prórroga de la autopista, que considera ilegal, en 2021 y el pasado abril. El Gobierno debe ahora responder a la última comunicación antes del próximo sábado, día 24.

  2. Amenaza de un dictamen motivado

    Pone fin a la fase precontenciosa y es un paso previo a la interposición de una demanda contra España frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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