La Xunta, contra las obras ilegales: derriba treinta construcciones en casi una década

Desde Samil a Cabral pasando por Candeán o Beade. Los inspectores de la Xunta peinan a diario decenas de municipios y parroquias para destapar las obras ilegales levantadas bajo la impunidad que durante décadas amparó a los infractores, ya fueran particulares, constructores o incluso empresas. Dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de infraestructuras, la Axencia pola Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo de más de una treintena de construcciones en Vigo en la última década. Estas cimentaciones abarcan tanto construcciones residenciales como anexos, galpones , cercas o tejados sin el correspondiente permiso , bien por no haber sido tramitado, bien por incumplir la disposición del suelo.

Ejecuciones

Fue en 2021 cuando se produjo un mayor número de derribos, un total de 6, mientras que en los dos últimos años, solo se han ejecutado 2 y 3 órdenes de demolición respectivamente, reponiendo así la legalidad urbanística. Es decir, los dueños de edificaciones ilegales, ya sean viviendas, locales comerciales o naves levantados en suelo rústico o zona de costa no edificable,, han visto reducir a escombros sus propiedades. Bien de manera voluntaria, una vez llega el primer apercibimiento de la Administración autonómica, o una vez la justicia dicta sentencia y avala la orden de derribo de la APLU.

Zonas de costa

Uno de estos ejemplos tiene Samil como escenarions. En junio de 2021, se produjo la demolición de una edificación construida con fines habitacionales o residenciales pero que incumplía con los límetes de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre (DPTM) del arenal. En este caso se ordenó el derribo completo de la edificación.

Otra de estas situación se dio en el lugar de Irmandeus. En este caso, los inspectoras ordenaron el derribo de una edificación residencial, un anexo y todo el cerco de piedra que la rodeaba por incumplir con la calificación del suelo, que era urbanizable no programado, por lo que no se podía todavía obrar en él.

Otro ejemplo lo encontramos en septiembre de 2018 con una construcción de una casa prefabricada. En esta ocasións, se trataba de un terreno no urbanizable agrícola donde los propietarios instalaron una casa de grandes dimensiones que tuvo que ser retirada por no cumplir con las legalidades urbanísticas.

Año 2023

Más actual, ya en 2023, la APLU ordenó tres derribos: la construcción de una edificación para uso residencial –se encontraba en suelo rústico–, la construcción de un anexo a una nave industrial que también fue retirada por carecer de permisos y una edificación auxiliar , que no galpón, calificado como equipamiento de servicios públicos. Lo cierto es que con el paso de los años, fueron a más las parcelas con construcciones irregulares convertidas en solares gracias a estas inspecciones. Según se recogo en el plan de inspecciones de los años 2022/2023, en caso de que no se respeten los apercibimientos y el propietario no ponga fin a la construcción, se implementaran multas coercitivas hasta un máximo de 10.000 euros si se ignora hasta el 5 ocasiones los requerimientos de la APLU.

Denuncias

Igualemente, la inspección no es la única víapara llegar a la demolición de una obra. Y es que en urbanismo rige la “acción pública”, en virtud de la cual cualquier persona puede dirigirse a la administración competente para denunciar unas obras ilegales, sin necesidad de acreditar un interés legítimo.