Los impagos en el alquiler se disparan en Vigo por alza de precios y la falta de vivienda social

El sector de la vivienda en Vigo pasa por uno de los peores momentos de su historia. Hay muy poca oferta –entre 400 y 500, varía en función del mes– y los precios están por las nubes. Resultado: inquilinos no pueden hacer frente al pago de la renta mensual. Alertan desde la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) de un “preocupante incremento” de los impagos a propietarios por parte de arrendatarios que llevan poco tiempo, “por encima de las presuntas okupaciones ilegales”.

El presidente de ambas entidades, Benito Iglesias, vincula esta realidad con el aumento del riesgo de pobreza, una realidad de la que advierten “en los últimos años organizaciones como Cáritas y Cruz Roja”. Destaca que es urgente que se ponga en el mercado vivienda de protección –a precios más asequibles–, principalmente, pero también libre para engordar la oferta inmobiliaria y, de esta forma, desencadenar un descenso en el precio medio del alquiler, en máximos: 10,2 euros el metro cuadrado, casi un 9% más que hace un año, según Idealista, uno de los portales inmobiliarios más utilizados por ciudadanos para encontrar sitio para vivir.

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Indican desde la patronal que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social según la catalogación de la Unión Europea en base a su estrategia 2030 es del 16,44% en Vigo, la más baja de Galicia. Lidera esta clasificación Ferrol, con un 26,43%. Añaden que el 52,51% de los hogares vigueses “llega con dificultades o muchas dificultades a fin de mes”, un escenario determinado profundamente por la inflación, encabezada por la vivienda: el metro cuadrado es 3,3 euros más caro que hace 10 años, es decir, se incrementó casi un 50% .

Desde Fegein y Asemi, tildan de “inkiokupaciones” los casos en los que los inquilinos con un contrato de alquiler dejan de pagar las cuotas y se quedan a vivir en el piso o la casa “alegando vulnerabilidad”. La olívica, donde la tensión del mercado es mayor a nivel autonómico, es la urbe gallega con más problemas de este tipo. “Acceden con un contrato de alquiler y después de abonar la fianza y el propio mes de inicio, pero, después, dejan de pagar la renta, convirtiéndose así en morosos; no existen penas de prisión, por lo que hay que recurrir al recurso judicial”, manifiesta Benito Iglesias.

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El presidente de Fegein y Asemi destaca que “el perfil del inkiokupa difiere del okupa tradicional”. “Mientras el okupa pertenece casi siempre a un segmento de población marginal y de drogadicción o presuntamente delictivo directa o indirectamente, el inkiokupa conoce las fisuras de la legislación actual para aprovecharse. Son personas económicamente vulnerables o que, simplemente, no tienen ética ni moral”, argumenta antes de señalar que estos casos se detectan, principalmente, en las grandes ciudades.

“Pocas veces se llega al desahucio, ya que, antes de que ocurra, casi siempre dejan la vivienda y, habitualmente, en estado lamentable. Hemos detectado que, en bastantes ocasiones, ha habido presuntamente subarriendo ilegal a terceras personas”, explica. Anota que, teniendo en cuenta la complejidad de tener datos concretos, se podría decir que, por lo menos, “se han producido más de 1.800 presuntas inkiokupaciones en los últimos 18 meses en Galicia”.

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El sector sigue “pendiente de la tramitación” de la ley que busca “desokupar viviendas okupadas ilegalmente en 24 horas, paralizada en el Congreso de los Diputados por repetidas extensiones del plazo para presentar enmiendas”, asevera el representante de la patronal. “Determina que, cuando una autoridad pública ordene el desalojo de una propiedad okupada ilegalmente, el okupa tiene 24 horas para abandonarla o demostrar que tiene autorización para estar allí. Si no puede hacerlo, se procederá al desalojo”, aclara.

Estos episodios reflejan la dificultad cada vez mayor de vivir en alquiler en Vigo, un reto complicado y desesperante. A los innumerables requisitos que exigen los propietarios, entre ellos, no fumar dentro o no meter mascotas, se suma el contratiempo principal: el precio. El metro cuadrado en la urbe en junio llegó a 10,2 euros de media, el máximo histórico, cartel que comparte con abril –en mayo, cayó solo 10 céntimos–.

La situación es preocupante. Y, para demostrarlo, basta con compararla con la de otras grandes ciudades de España. El precio medio del alquiler en Vigo se incrementó en el último año un 8,9% –pasó de 9,4 euros a 10,2–. Es un porcentaje superior al de urbes con más población que la olívica, como Valladolid –8%–, Córdoba –6,9%–, Bilbao –8,7%–, Murcia –6,2%–, Zaragoza –8,3%– o Sevilla –6,5%–. Lejos quedan las cifras de las plazas más relevantes del país, como Málaga –16,5%–, Barcelona –17,8%–, Palma de Mallorca –17,8%–, Madrid –17,9%– o Valencia –19%–.

Más de un año después de la entrada de en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda –no se aplica en Vigo todavía–, que da la opción de topar los precios –medida que estudia el Concello desde hace meses– y ofrece medidas para proteger a inquilinos vulnerables, el acceso a un piso o una casa en alquiler en la urbe es más difícil: la oferta se ha reducido de forma considerable –a la vez, no dejan de incrementarse las viviendas de uso turístico– y los precios han subido hasta llegar al máximo a la espera de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de informes estatales.

Topes a los alquileres y expropiación de casas y pisos vacíos

El Sindicato de Inquilinas de Vigo–Tui–Baixo Miño defiende imponer topes a los alquileres y reclama, a su vez, la regulación de los pisos turísticos –se prevé en el nuevo Plan Xeral y el Gobierno de España ya trabaja en ello–, la creación de un parque público de vivienda en alquiler potente con la incorporación de las propiedades de la Sareb y la expropiación de las viviendas que están vacías: son cerca de 13.000 en la urbe olívica, según los cálculos del Concello, que anunció a finales de mayo ayudas a propietarios para ponerlas en arrendamiento.

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Una de las asignaturas pendientes de las administraciones es la creación de vivienda protegida. Según los datos del Ministerio de Agenda Urbana, en 2023, solo se registraron 18 operaciones de compraventa de casas y pisos de este tipo en Vigo. Es la cifra más baja de toda la serie histórica –excepto 2020, año atípico debido a las restricciones marcadas por la pandemia del COVID-19, cuando se firmaron 11 operaciones–, con estadísticas desde 2004. Muy lejos queda el récord, anotado en 2010, con 452 transacciones de vivienda protegida, 25 veces más que las completadas en 2023. Otra comparación que preocupa: la suma de las operaciones de este tipo efectuadas en los últimos 11 años –desde 2013 hasta 2023– ofrece un resultado similar al de 2010.

Echando un ojo a la cifra de demandantes de viviendas protegidas, ya se puede advertir rápidamente que se trata de un problema enquistado: hace meses, estaban inscritos más de 7.000 personas en el registro único de la Xunta –cifra superior a la suma del resto de las ciudades gallegas juntas–, pero más de 1.500 fueron dadas de baja automáticamente tras caducar su inscripción. Actualmente, figuran casi 5.800, número en aumento.

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