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Aspanaex concluye la reforma y equipación de su primera residencia tras siete años

La asociación inicia la tramitación de las autorizaciones para ponerla en marcha

Espera la concertación de sus 50 plazas para la atención de personas con discapacidad intelectual

Desea abrir sus puertas a finales de año

Un operario limpia las ventanas de la futura residencia de Aspanaex, cuyas obras ya han concluido.

Un operario limpia las ventanas de la futura residencia de Aspanaex, cuyas obras ya han concluido. / ALBA VILLAR

A medida que los usuarios se iban haciendo mayores, entre las familias que integran la Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual de la provincia de Pontevedra (Aspanaex) iba creciendo un temor: ¿Qué pasará con nuestros chicos cuando nosotros no podamos cuidarlos? Y es que el grueso de su centenar de usuarios supera los 50 años. Así es que hace ya más de tres lustros empezaron a darle forma a su sueño de crear una residencia. Hoy es, al fin, una realidad. En el número 5 de la calle Porriño, en el antiguo centro de especialidades de Coia, ya está todo listo para dar cobijo a 50 personas.

Todo, menos los autorizaciones administrativas. La semana pasada iniciaron las gestiones correspondientes con la Consellería de Política Social, cuyos técnicos acudieron a realizar una inspección ocular para comprobar que todo está correcto. También están tramitando el permiso de primera ocupación con el Concello de Vigo.

Pero no solo eso. Para poder mantener la actividad en el centro, la asociación espera concertar con la Xunta su medio centenar de plazas –29 para personas con grandes necesidades de apoyo y el resto para usuarios más autónomos–. Desconocen los plazos para la próxima convocatoria de estas plazas, por lo que su directora gerente, Beatriz Macías, no se atreve a establecer una fecha concreta para el tan deseado estreno de las instalaciones. “Esperemos que a finales de año o a principios del próximo. Es nuestra ilusión”, destaca.

El plan inicial era construir una residencia en sus terrenos en Mestres Goldar, pero la anulación del Plan General de Ordenación Municipal bloqueó el proyecto y no querían esperar. Con la apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro en 2015 y la reordenación de la atención que esto supuso, vieron la oportunidad de aprovechar uno de los edificios que iban a quedar vacíos. La Tesorería de la Seguridad Social, a la que pertenece el edificio de la calle Porriño, a principios de 2017 aceptó cedérselo por ocho años prorrogables otros ocho. Finalmente, será por tres décadas.

La asociación presentó en octubre de ese mismo año un proyecto de menos de tres millones de euros para adaptar el edificio y dotarlo. Calculaban que estaría para 2020.

Lo que no contaban es con una pandemia que lo paralizaría todo. Luego también tuvieron que hacer frente a la carestía de materiales de construcción y a la subida de los precios. “Fue una aventura importante”, destaca Macías, echando la vista atrás. Al final, el proyecto ha ascendido a alrededor de 4,3 millones de euros.

Lograron reunirlos con la colaboración de fundaciones, donaciones de empresas, las aportaciones de sus marchas solidarias, una subvención de 50.000 euros de Política Social... El “empuje grande” se lo dieron los dos millones de euros de los fondos europeos Next Generation, a través de la Xunta de Galicia. Pero, a pesar de todo ello, la asociación tuvo que solicitar un préstamo por un importe de casi dos millones de euros que deberá pagar a lo largo de 25 años.

El medio centenar de plazas de la nueva residencia está dirigido a la atención de personas con discapacidad intelectual. Habrá 29 para usuarios gravemente afectados y otras 21 para gente más autónoma.

Otros centros

Según la base de datos de la Consellería de Política Social e Igualdade, en la actualidad, en el municipio de Vigo, hay 150 plazas residenciales registradas para personas con discapacidad.

Las 29 de Alento –todas están concertadas y tienen 8 disponibles– y las 47 de Apamp –46 financiadas por la Xunta y todas llenas– están dirigidas a personas con parálisis cerebral. La de Aspanaex atiende a un perfil similar al de San Francisco –con 74 plazas en dos centros y solo dos libres– y el de San Rafael –4 de sus 104 disponibles–. “Vigo precisa plazas para personas con discapacidad y nosotros vamos a mitigar esa demanda”, resalta Macías.

Los socios deben pagar un préstamo de casi dos millones de euros en 25 años, pero no tienen prioridad de acceso

Es algo que ya se les ha advertido y que han decidido asumir y seguir adelante, porque la necesidad es grande. Las familias socias de Aspanaex no tendrán prioridad de acceso en la residencia que les ha costado tanto sacar adelante, si conciertan todas las plazas con la Administración. Al convertirse en un servicio costeado por la Xunta, hay que seguir la normativa autonómica: el orden de acceso lo marcan el grado de dependencia y la capacidad económica.

No es algo que le suceda solo a Aspanaex, es un problema del modelo. La Xunta apuesta porque sean agentes del tercer sector los que promuevan y construyan las residencias de personas con discapacidad intelectual o salud mental, para luego concertar las plazas. Las de Alento, Apamp, Amencer (en Pontevedra) o Menela (Nigrán) son algunos ejemplos en la provincia. DOA acaba de iniciar también la recaudación para la primera residencia de salud mental del área viguesa.

Aunque acaben contando con ayudas de las administraciones, asociaciones que suelen cerrar los ejercicios haciendo números para cubrir costes se ven ante el reto de recabar varios millones de euros para adecuar o construir centros residenciales. Al igual que le sucedió a Aspanaex, todo el proceso suele llevar varios años.

El servicio que prestan estos centros tiene un coste que suele superar los 3.000 euros al mes por usuario y que no pueden permitirse muchas familias. De ahí que las asociaciones necesiten concertar la mayor parte de las plazas. Pero la normativa no contempla ninguna prioridad para los que han promovido la creación del centro y se produce la paradoja de que puedan quedarse fuera una vez abierto. Y es que pasan a competir en el acceso con todos los gallegos que necesiten esta prestación.

“Es algo que no gusta, pero sabiéndolo, hemos decidido seguir adelante”, señala la directora gerente de Aspanaex, Beatriz Macías. De hecho, en este caso, la asociación ha solicitado un préstamo de casi dos millones de euros a pagar en 25 años para poder hacer realidad el centro. “Las familias se han volcado mucho”, agradece Macías, mientras cruzan los dedos para que todos los que se han esforzado tanto por lograr este recurso, si llegan a necesitarlo, logren acceder a él.

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