La fiscal atribuye grupo criminal, cohecho y seis delitos más al inspector de Hacienda

Un total de ocho delitos. Son los que atribuye la Fiscalía a Asdrúbal C.G., el inspector de Hacienda de Vigo acusado de estar al frente de la presunta trama corrupta de extorsión a empresarios. Tras una larga y compleja instrucción en la que esta causa acabó incoada para ser enjuiciada por un jurado popular, el Ministerio Público presentó esta semana en una comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela el escrito en el que concreta la imputación contra las ocho personas a las que sentará en el banquillo en el futuro juicio. Y en el caso del principal investigado, le imputa la presunta comisión de delitos de participación en grupo criminal, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, uso de información por parte de funcionario público, blanqueo de capitales, contra la intimidad y omisión del deber de impedir la persecución de determinados delitos.

La fiscal, en un escrito de 11 páginas, concluye que la presunta trama corrupta se prolongó “al menos” desde el año 2006 y hasta 2018 –el caso saltó a la luz con las detenciones realizadas en enero de 2019– y, junto a Asdrúbal, concreta la imputación contra Francisco G.P., Pablo G.T., Fernando C.M., José Benito C.F., Beatriz Z.M., María Ángeles R.P. y Yolanda S.G. , a los que atribuye todos los delitos excepto los tres que castigan conductas únicamente perseguibles contra funcionarios públicos, condición que solo tiene el principal investigado, que a la fecha de los hechos era inspector jefe de la sede que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tiene en Vigo.

A cambio de una "contraprestación económica"

El Ministerio Público relata que durante los al menos 13 años que considera que duró este entramado Asdrúbal, en supuesta “connivencia y cooperación” con Francisco y Pablo, que administraban cada uno su consultoría, “se ofrecía a cambio de una determinada contraprestación económica” a intermediar en expedientes de inspección tributaria, relativos al Impuesto sobre Sociedades o el IVA. Bien, siempre según el relato de la fiscal, con un ofrecimiento “de una eventual disminución del importe de la sanción económica en vía administrativa o, si la infracción tenía categoría penal, “no dar cuenta al Ministerio Fiscal para la incoación del correspondiente procedimiento judicial”.

Un asesoramiento "incompatible" con su función pública

En relación con el inspector de Hacienda, la acusación pública le atribuye además, desde 2012 hasta que en enero de 2019 explotó esta operación policial, la supuesta realización de una “labor de asesoramiento jurídico, económico, empresarial y fiscal remunerada en materia fiscal y tributaria”, junto a “redacción de informes y escritos de alegaciones y recursos” para presentarlos en expedientes administrativos tramitados ante la AEAT, “a cambio de contraprestaciones mercantiles”. La Fiscalía cita una serie de empresas a las que Asdrúbal C.G. habría asesorado “sin tener la correspondiente habilitación legal para la realización de dichas actividades, en todo caso incompatibles con el ejercicio de la función pública que él mismo desempeñaba”.

Entre los acusados hay dos empresarios, José Benito C.F. y Fernando C.M., que se habrían visto beneficiados de este entramado en relación con expedientes –uno era concretamente contra la madre de uno de ellos– que tenían abiertos en Hacienda.

Ingreso de dinero en cuentas de Portugal y Suiza

Como ya citó el juez instructor en el auto del pasado 30 de abril en el que acordó la incoación de la causa mediante los trámites del Tribunal de Jurado, la Fiscalía también hace referencia a la supuesta mecánica “a fin de ocultar la ilícita procedencia de las cantidades dinerarias” obtenidas. Entre otras, cita el ingreso por parte de Francisco G.P. y su pareja María Ángeles de 500.000 euros en una cuenta bancaria portuguesa en 2009 o la apertura de otra cuenta en 2012 en la entidad Credit Suisse de Suiza, en este caso por parte presuntamente de Asdrúbal y su exmujer Beatriz, en la que se ingresaron 106.289 euros.

Una causa judicial abierta en 2016

La Fiscalía no es la única acusación personada en esta causa abierta en 2016. También están la Abogacía del Estado y varias de las empresas y personas físicas supuestamente extorsionadas. La investigación de la UCO de la Guardia Civil y los informes del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria fueron claves en este caso en el que el juzgado autorizó escuchas telefónicas y la interceptación de conversaciones con sistemas de grabación de sonido ambiente.

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