Los concursos de acreedores baten récords por el alza de familias que se declaran en quiebra
Los procedimientos concursales se convierten en el asunto estrella del Juzgado Mercantil de Vigo al contabilizar 312 en 2023
Ocho de cada diez son de personas físicas, dejando relegados a los tradicionales, los de las empresas
Los concursos de acreedores son competencia del juzgado de lo Mercantil. / Alba Villar
Los concursos de acreedores baten récords en Vigo. Nunca se había registrado una cifra semejante a la del 2023 que acaba de concluir. El único juzgado de lo Mercantil de la ciudad olívica contabilizó a lo largo del pasado año más de 300 causas de esta materia: ocho de cada diez ya son de personas físicas, tanto de familias como de empresarios autónomos que se declaran en quiebra ahogados por las deudas, dejando relegados a los tradicionales, los de las empresas, que solo suponen un 17% de todos los que entraron. Los procedimientos concursales se han convertido sin duda en el asunto estrella de este tribunal ubicado en la planta 18 de la gran torre de la Ciudad de la Justicia, aunque su protagonismo actual podría verse atenuado si se cumplen las previsiones y la sala efectivamente recibe a lo largo de este 2024 la avalancha de 20.000 pleitos que, por las previsiones que manejan los grandes bufetes, se esperan del “cártel de los coches”: por ahora este tipo de casos están llegando de forma pausada y ordenada como evidencian las 103 demandas formalizadas el pasado ejercicio por conductores afectados por el escándalo de los sobreprecios en la venta de vehículos.
Ley de Segunda Oportunidad
La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 con el objetivo de permitir que las familias que acaban inmersas en una insoportable espiral de impagos puedan librarse de esas deudas y empezar de cero. Los concursos de acreedores dejaron por tanto de ser exclusivos de las empresas pero durante los primeros años de vigencia de esta novedosa norma los particulares, quizá por desconocimiento, no acababan de animarse a usar este instrumento judicial: en 2018, cuando la ley ya tenía un recorrido de tres años, en Vigo hubo solo 27 concursos de personas físicas. Pero poco a poco esto fue cambiando y el panorama ahora es muy distinto.
cifras juzgados W / Hugo Barreiro
De los 312 concursos de acreedores registrados en 2023, 258 –el 83%– fueron formalizados por personas físicas, frente a los 54 –el 17%– de empresas. Y dentro de las personas físicas, 200 fueron particulares y 58 fueron empresarios, sobre todo autónomos. Personas que se endeudan demasiado entre hipotecas y otras cargas crediticias, acabando inmersas en una “bola de nieve” de impagos que se ven agravados por los elevados intereses a los que deben hacer frente, es uno de los perfiles de las familias que recurren a un proceso concursal. Despidos, divorcios, crisis personales o trastornos como la ludopatía pueden estar detrás de este tipo de casos.
Lo cierto es que los procedimientos concursales aumentaron casi un 60% en un solo año por ese alza de los de particulares y por el aumento que experimentaron los de las empresas, que ya no se pudieron acoger a la moratoria que en su día estableció el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia del COVID.
Reforma legal en agosto de 2022
La carga de trabajo en materia de concursos de acreedores se disparó en el Mercantil ya que este juzgado, que siempre tramitó los de empresas y los de personas físicas empresarias, asumió también la competencia de los de las familias a raíz de la Ley Orgánica 7/2022 de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en materia de los juzgados de lo Mercantil, que entró en vigor el 17 de agosto de 2022. Antes los concursos de particulares recaían en los juzgados de Primera Instancia, que perdieron estas demandas pero ganaron las de transporte aéreo.
El Juzgado de lo Mercantil de Vigo registró 834 procedimientos en 2023, sumando asuntos del registro general, ejecuciones, incidentes concursales y exhortos. Una cifra que supera con creces la carga de trabajo recomendada para la sala. Según los módulos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debería de superar los 435 procedimientos anuales, pero la realidad es que casi duplica esta cifra. Y aún no se recibió la avalancha de pleitos que se pronostica en relación con el cártel de los coches al estar en la ciudad la sede social de Stellantis, que agrupa a parte de las marcas sancionadas. A la cabeza, por tipología de asuntos, están los 312 concursos de acreedores. Le siguen las demandas de propiedad intelectual, que suman 125: la mayoría son presentadas por la SGAE contra todo tipo de establecimientos e instituciones por derechos de autor. En tercer lugar se situaron los 103 litigios recibidos del cártel de los coches, los 82 de materia de sociedades, los 53 de transporte terrestre y, por último, los 11 que se contabilizaron de derecho marítimo.
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