La rebelión vecinal para poner fin a los apartamentos de uso turístico en Vigo se está encontrando con un muro a nivel jurídico. Y es que la ley de propiedad horizontal no contempla la posibilidad de prohibición de estos alquileres vacacionales en las comunidades de vecinos, sino únicamente su limitación, para lo que será necesaria una mayoría de tres quintos. Y los propietarios de los pisos que les quieran dar un uso turístico están ya acudiendo al juzgado para frenar los acuerdos en junta que hagan referencia a una prohibición o veto, y tienen todas las de ganar, precisamente por el hecho de que la legislación no recoge esa posibilidad de veto.
El propio Colegio Oficial de Administradores de fincas de Galicia (Coafga), ve problemas jurídicos en esa prohibición que están aprobando algunas comunidades de vecinos. Los administradores reconocen que la expansión de este tipo de alquiler en Galicia, y en ciudades con una eclosión turística como Vigo especialmente, suscita muchas preocupaciones en los edificios de viviendas y entre los propios propietarios que quieren destinar su piso a uso vacacional.
Además de recordar que según la Ley de Propiedad Horizontal no se pueden prohibir los pisos turísticos, recuerdan que las comunidades tampoco pueden tomar decisiones con carácter retroactivo ni vincular a futuros compradores de viviendas, si no se inscribe en el registro de la propiedad el acuerdo tomado. Una vez hecho, eso sí, se podría acordar el incremento de la cuota ordinaria de los propietarios que alquilen su vivienda como turística en un 20%.
Esta información difundida también por el Coafga entre sus propios colegiados ha hecho que algunos administradores de fincas hayan frenado votaciones en algunas comunidades de vecinos que gestionan sobre la prohibición de los pisos turísticos. En algunos casos, están cambiando el acuerdo que llevan a la junta de vecinos para su aprobación y hablan, al igual que la ley, de limitación de los alquileres vacacionales y no de veto. ¿Y cómo se ponen freno a ellos? Pues estableciendo unas condiciones concretas para los propietarios que quieran destinar sus pisos a tal uso.
Entre ellas, por ejemplo, ese incremento del 20% en las cuotas de la comunidad y aportar más en los diferentes gastos comunes, vías a las que se puede sumar la obligación de suscribir pólizas de seguro para cubrir los daños causados por los inquilinos en elementos comunes o la advertencia directa a los ocupantes de que deben cumplir una serie de normas de convivencia comunitarias
A petición de un propietario o por iniciativa del administrador de fincas, se convoca una junta para abordar el asunto. En la votación, se fija un quórum de “voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”, según señala la Ley de Propiedad Horizontal.
El acuerdo provisional ha de quedar recogido en un acta que se notifica a los ausentes en la junta con un plazo de treinta días para que se opongan si lo consideran. Superado este tiempo y recogidos los posicionamientos a favor o en contra se emite una nueva acta para comprobar si con los que no se han opuesto se llega a los tres quintos de quórum y luego se envía otra notificación. El acuerdo respeto a medidas de limitación o condiciones del alquiler vacacional debe inscribirse en el registro de la propiedad.
Inseguridad jurídica
Por otro lado, los administradores de fincas recuerdan que los propietarios que deseen alquilar su vivienda para uso turístico deberán cumplir con toda la legalidad autonómica y municipal y lamentan que actualmente existe “un clima de inseguridad jurídica que solo complica más si cabe las relaciones entre propietarios”. Hay que recordar que el Concello de Vigo ya ha anunciado su voluntad de limitar los pisos de uso turístico, aunque todavía no ha especificado la forma en que lo hará.
