Semanas antes de que el Gobierno de España anunciase la derivación de pisos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) al alquiler social, el banco malo, participado mayoritariamente por el Estado, recurrió la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Vigo del 7 de febrero de este año que les da la razón al Concello y los vecinos de la calle Privada Moderna al desestimar su recurso contra las resoluciones dictadas en octubre de 2017 por la Xerencia Municipal de Urbanismo. En estos escritos, seguidos después de multas coercitivas de 34.000 euros por incumplimientos, el departamento municipal instó a la entidad, propietaria de las viviendas, a que ejecute obras –algunas son de carácter urgente– de conservación en las cubiertas para evitar la filtración de agua y la aparición de humedades, de reparación o renovación de redes de fontanería y saneamiento, y de reparación o reposición de elementos dañados en portales y escaleras, como falsos techos.
Fuentes de la Sareb aseguran a FARO, tras la publicación el pasado sábado de la denuncia de los vecinos –son 12 residentes que viven en seis de los 42 pisos propiedad del banco malo– por la inacción de su casero ante los problemas que siguen sufriendo en sus viviendas, que está “a la espera de una sentencia judicial que acatará”. Será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que tendrá que emitirla tras mostrar la Sareb su disconformidad con el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo. En todo caso, aunque la Sareb ya deja claro que no lo hará, el fallo del alto tribunal gallego podría ser apelado con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala especial de casación del TSXG, es decir, no será firme.
Estas mismas fuentes indican que las obras de rehabilitación “suponen una inversión que no se recuperaría con la venta de las viviendas”. Precisamente, la Sareb impugnó las órdenes de ejecución del Concello pretendiendo defender que las viviendas se encuentran en situación de ruina económica, circunstancia que rechazó el ente municipal –solo fue declarado en ruina técnica uno de los pisos en marzo de 2021, el 107-D de la calle San Roque–. La sentencia también concreta que la Sareb excusó que, para llevar a cabo esos trabajos, se precisaba el desalojo de los inquilinos, afirmación “desmentida” en resoluciones definitivas dictadas en los expedientes municipales de orden de ejecución de obras.
“Es más caro rehabilitar el inmueble que tirarlo y volver a construir. Esta inversión sería a cargo del contribuyente español –vía deuda pública–. La intención de la Sareb es vender ese suelo tal y como está”, apuntan. De hecho, promotores ya se han interesado en su compra, según revelaron los vecinos a este periódico, con la intención de reformar íntegramente los edificios, incluidas sus viviendas. “No tenemos la intención de sacar 42 viviendas al mercado porque habría que rehabilitarlas antes y la operación se saldaría con pérdidas”, añaden.
Sin embargo, la sentencia de febrero indica que en ninguno de los informes técnicos municipales emitidos en estos expedientes revisados se alcanzó la conclusión de que el coste de ejecución de las obras urgentes y de las acciones para reforzar la seguridad y conservación de las edificaciones excediera la mitad del valor de construcción de un inmueble de nueva planta, referencia que toma como tope la ley del suelo de Galicia y refleja en el apartado segundo del artículo 135. Apostilla el juez que no extraña a la lógica considerar que no remediar las patologías detectadas iba a contribuir decisivamente al deterioro de la estructura y elementos fundamentales de la edificación, así como al incremento de los costes de reparación, situación de la que responsabiliza a la propietaria, es decir, la Sareb.
Los vecinos denunciaron en varias ocasiones que llevan años soportando “acoso” por parte de la entidad para que abandonen sus hogares. Relataron a este periódico hace días que “mandaba a obreros a destruir partes de las zonas comunes y de los pisos vacíos”. “Eso paró cuando FARO publicó nuestro problema, en mayo de 2022. Casi llegamos a las manos en alguna ocasión porque no queríamos permitirlo. Nuestras viviendas no están ruinosas, simplemente, son viejas y sufren desperfectos que la Sareb no quiere arreglar”, indicaba uno de los residentes el viernes pasado.
La Sareb también indica que a las familias afectadas “se les ha ofrecido realojo en viviendas más modernas y con ascensor situadas en el centro de Vigo por el mismo precio de alquiler”. “Tenemos fotos y localizaciones de nuestra oferta”, aseveran. Los vecinos, sin embargo, denuncian que los pisos que se les mostraron “son un desastre”. “Son pequeños, de unos 30 metros cuadrados, y están en mal estado: sin los marcos de las puertas, con los cristales rotos y hasta sucios. Llegamos a ver un tampón en el suelo”, explicaron los residentes a este periódico la semana pasada.
Las 155 viviendas de Aragón, en venta en 2024
La Sareb pondrá en el mercado inmobiliario vigués más de un centenar de viviendas a mediados de 2024 Son un total de 155 en varios bloques entre las calles Aragón, Bailén y Travesía Rosais. La promoción también incluye más de 200 plazas de garaje, más de 150 trasteros y cinco locales comerciales.
Estas propiedades eran garantía de un préstamo impagado por un promotor a la Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. La Sareb se quedó con la propiedad por decreto judicial y retomó hace en torno a un año y medio las obras de construcción, que habían quedado incompletas.
Informan desde la entidad, constituida a finales de noviembre de 2012 para gestionar y vender por un periodo máximo de 15 años– hasta 2027– los activos problemáticos de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas, que, “en este momento”, la promoción “está en adecuación y, cuando se terminen las obras, las viviendas saldrán a la venta por el canal minorista, es decir, venta a particulares”. “Todavía quedan meses de obra por delante”, anotan.
