Que no exista ni un solo hogar en el municipio de Vigo que no tenga conexión a banda ancha, es decir, internet de alta velocidad: este caso se da ahora, principalmente, en las parroquias, aunque también en zonas concretas de barrios y del centro. Es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el Gobierno de España. Para conseguirlo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha puesto en marcha el Programa UNICO Demanda Rural, que cuenta con fondos europeos Next Generation, a través del cual concederá ayudas a los vecinos sin cobertura para cerrar la brecha digital vía satélite. Se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025. La iniciativa cuenta con un presupuesto para toda España de 84,8 millones de euros.
Vigo incluye determinadas áreas con cierto carácter rural, zonas dispersas y de baja densidad de población, que todavía no disfrutan de una cobertura adecuada de servicios terrestres de banda ancha de alta velocidad. El Ministerio localizó 250 parcelas en el municipio olívico en zonas que no disponen de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente (megabits por segundo) hasta el pasado 20 de septiembre –actualiza el fichero semanalmente–.
Se trata de zonas donde los operadores no han realizado los despliegues de sus redes y no disponen de ofertas de servicios de banda ancha comparables a los que contrata la mayoría de la población. Sus ciudadanos y empresas solo pueden acceder a servicios de acceso a banda de alta velocidad con un sobrecoste sobre los precios que abonan la mayoría de los usuarios. Adicionalmente, deben soportar sobrecostes asociados al alta, como los vinculados a la adquisición del equipamiento de usuario y su instalación y puesta en funcionamiento, que son superiores a los de las ofertas que contratan la mayoría de los usuarios en otras ubicaciones con mejor cobertura.
El Gobierno de España considera que la mejor forma de superar estas barreras de entrada es contribuir en la reducción del coste. Las ayudas de este programa posibilitarán que los ciudadanos en estas zonas accedan a una conectividad mínima de 100 Mbps con una tarifa plana asequible de 35 euros al mes –impuestos ya incluidos–. También se financiarán los gastos de instalación de equipamiento para la prestación del servicio –costes de alta, que incluyen antena, módem y transceptor– hasta un máximo de 600 euros, una intervención que es “rápida y sencilla”.
Las condiciones que fija el Ministerio a habitantes, pymes, autónomos y organizaciones sin fines de lucro es que no dispongan de cobertura, es decir, que su emplazamiento esté en alguna de las zonas elegibles establecidas –las del municipio vigués se pueden ver en el mapa que acompaña a esta información–, y que la conexión a la alta velocidad se realice vía los operadores minoristas adheridos al Programa UNICO y a Hispasat SA, único adjudicatario de esta ambiciosa iniciativa del Ejecutivo central.
Existe un límite de datos mensual de 150 gigabytes/mes acumulados en el conjunto ascendente y descendente. Una vez superados, el servicio no se verá interrumpido, sino que el usuario dispondrá de una menor prioridad en el acceso a los recursos disponibles en la plataforma de recursos de red –menos velocidad–. En todo caso, se habilitarán límites de datos adicionales –gigabytes extra– que el usuario final podrá contratar al operador minorista para recuperar la velocidad inicial. Además, el servicio, no sujeto a permanencia, cuenta con un periodo de cinco horas de free zone comprendido entre la 1 y las 6 de la madrugada: el volumen de datos consumido por los usuarios no contabiliza en la cuota mensual.
Esta iniciativa del Gobierno de España se encuadra en la agenda España Digital 2026 y pretende poner fin a la brecha digital, un factor de desigualdad: la falta de conexión a Internet de alta velocidad impide la continuación de la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales. Con datos de hace un año aproximadamente, nueve de cada 10 hogares y empresas de España ya tenían acceso a redes de banda ancha fija de al menos 100 Mbps, pero, en zonas rurales y aisladas, eran siete de cada 10 hogares y empresas.
