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Medio millar de alumnos inician prácticas de FP antes de la vigencia de la nueva ley

A partir de 2024, las empresas donde realicen sus formaciones deberán darlos de alta en la Seguridad Social para su cotización | Los centros temen la disuasión de algunas firmas

Estudiantes de prácticas de CEPOVISA, ayer.

A partir del 1 de enero de 2024, el alumnado que realice prácticas formativas deberá ser incluido en la Seguridad Social. Sin embargo, lo que a priori los centros educativos tanto universitarios como de Formación Profesional ven con buenos ojos como “avance social”, por pretender mejorar las condiciones en las que se realizan las prácticas y evitar malas praxis, posee una doble lectura. Fuentes del sector, e incluso los centros, temen que la nueva regulación tenga un efecto disuasorio derivado de la burocracia que conlleva y de sus costes y los plazos ajustados tampoco se lo pondrá fácil a los centros, ya que muchas de las empresas que participan de estos programas de prácticas son pymes.

La Formación Profesional cuenta con dos periodos de prácticas mayoritarios; uno de ellos arrancó la pasada semana y mantendrá hasta diciembre a cerca de medio millar de todavía estudiantes en el municipio realizando su periodo de formación en centros de trabajo (FCT), último periodo antes de la entrada de la nueva ley. “Se trata en su mayoría de alumnos que al contar con alguna materia suspensa o pendiente y tras haberla recuperado, pueden participar ahora en las prácticas. En nuestro centro son exactamente 20 los alumnos que las realizarán, es el periodo con menos actividad pero sí supondrá un gran cambio para los próximos grupos”, explica Estefanía Martínez-Brocal, directora del centro de FP Aloya.

Reconoce que este inicio de periodo de prácticas “no supondrá un problema” para los centros, todo lo contrario a lo que se presupone con la vigencia de la nueva normativa, de la que poco conocimiento tienen los centros de FP. “Las empresas y los centros todavía estamos a la espera de conocer la orden de la Xunta, a nivel autonómico no conocemos cómo afectará la normativa”, explica la profesional. Los principales aspectos que cuestionan centros educativos son plazos, carga de trabajo y asunción de la cotización a la Seguridad Social.

Pese a esta incertidumbre, sí impera en los centros un cierto temor de que esta burocracia o tramitación disuada a las empresas para acoger a los alumnos. Y es que esta situación no sería nueva para ellos, ya que durante los meses posteriores a la pandemia, en sectores como el sanitario, hostelería y turismo fue complicado para los centros poder encontrar empresas que acogieran a estos alumnos para su formación práctica.

También la entrada, eso sí, ya para el curso 2024/2025 del modelo que impulsa que toda la FP sea dual –con sus particularidades y en dos modalidades diferentes– podría poner el jaque este sistema ya que el volumen de empresas que deberán demandar alumnado aumentará notablemente. “Por el momento la situación es de espera; este primer turno de práctica se ha desarrollado normal y veremos el siguiente”, esgrime Martínez-Brocal.

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