Un tipo de pleito que está al alza en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vigo son los de responsabilidad patrimonial contra las administraciones por daños personales o materiales en espacios de su titularidad. Viandantes que resultan heridos al tropezar con una loseta suelta o una tapa de alcantarilla mal colocada o automovilistas que acaban con sus coches seriamente dañados por la caída de árboles o de grandes ramas son, junto a accidentes de tráfico, claros ejemplos de esta clase de litigios que, en el caso de la ciudad olívica y en función del lugar donde ocurrió el siniestro, se dirigen sobre todo contra concellos –el de Vigo y otros del área como Redondela, Soutomaior, Nigrán, Gondomar o Baiona– pero también contra otras entidades como la Autoridad Portuaria, la Diputación Provincial de Pontevedra o la Xunta. No todas las demandas pasan el riguroso filtro judicial: prácticamente la mitad se desestiman por no apreciar los jueces responsabilidad de la administración. Otros ciudadanos sí logran que los magistrados dicten sentencias que los resarcen por los daños sufridos: en el último año se presentaron casi 40 demandas de esta materia y en las que acabaron con condena se reconocieron indemnizaciones que oscilaron entre los 800 y los más de 14.000 euros.
Este último caso se trata de un procedimiento presentado por una mujer que se cayó al suelo en una acera cuando se dirigía a tirar la basura a unas contenedores en la calle Santa Marta de Baiona. El juez condenó al Ayuntamiento de dicha localidad del Val Miñor a indemnizarla con 14.100 euros a la perjudicada por las lesiones sufridas ya que la caída se produjo a raíz de las “deficiencias” que había en la acera por la que caminaba. Y dichas deficiencias, advertía la sentencia, “rebasan el estándar de seguridad exigible”. “No podemos aceptar como funcionamiento normal del servicio público baionés que sus aceras estén levantadas en la forma en que se ha demostrado, con desniveles de tres centímetros que resultan más que suficientes para que se tropiece en la loseta que se eleva sobre las demás”, se indicaba en este fallo judicial emitido en febrero de este 2023.
En la ETEA
Lo cierto es que las caídas en la calle dan lugar a bastantes resoluciones. Otro ejemplo es una sentencia de mayo de este año que condenó al Concello de Vigo al abono de una indemnización de casi 3.000 euros a un hombre que, caminando por los jardines y aledaños de la ETEA, se precipitó al suelo tras introducir el pie en un agujero que había en la zona. Ocurrió en un lugar, destacaba el magistrado, que estaba “en deplorable estado de conservación”, si bien apreció una concurrencia de culpas en las que entró en juego el propio herido porque éste “no guardó la debida atención” al caminar por esa zona verde “en mal estado” cuando cerca había otra pavimentada que le permitía “pasear sin peligro”.
Otra caída que llegó a juicio fue la de una mujer que resbaló en la lonja de compraventa de pescado, sufriendo fractura en el peroné derecho. El juzgado condenó a la Autoridad Portuaria a indemnizarla con 10.000 euros. Había carteles de aviso del peligro, pero para el magistrado no resultaba suficiente: “El funcionamiento normal de la Administración en un caso como éste pasa por una actitud activa de cara a la minimización del riesgo y no limitarse a la pasiva de su señalización”.
En las Islas Cíes
No todas las demandas se estiman. Muchos ciudadanos fracasan en su intento de ser resarcidos por el daño sufrido. Otra reciente sentencia, de julio de este año, abordó un recurso contencioso de una mujer contra la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta por una caída sufrida en la caseta de avistamiento de aves cercana al Faro do Peito de las islas Cíes. En la demanda se relata que, a raíz de romperse el suelo de la caseta, se precipitó por el agujero creado, sufriendo lesiones en su pierna izquierda. Alegaba la existencia de falta de mantenimiento de dicha instalación. Pero la jueza no vio acreditada “suficientemente” la causa del accidente por contradicciones en los relatos que dio en distintas instancias. Otras veces no se dan por probadas las deficiencias denunciadas.
