La zona azul de Vigo, sin cargadores de coches eléctricos... y debería haber 27

Encontrar un punto de recarga de coche eléctrico en la vía pública en Vigo es imposible. Las casi 70 áreas de surtidores, según el portal Electromaps, que se reparten por la urbe se concentran, sobre todo, en centros comerciales y párquines, situación que llama la atención en una coyuntura marcada por la transición de la movilidad hacia este tipo de automóviles, ya sean 100% eléctricos o híbridos enchufables. Este camino se atisba con la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones (ZBE), pendiente de ser aplicada en la ciudad olívica y otras urbes del país. Tampoco hay un solo poste en la zona azul a pesar de que, por contrato, debería haber 27 antes de que empiece 2024. Parece complicado que se cumpla este compromiso a falta de tan solo tres meses y medio para llegar al límite pactado.

La prestación del servicio municipal de la zona azul –también conocida como ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) o XER (Xestión de Estacionamento Regulado)– fue adjudicada por 23,4 millones de euros a la empresa Dornier en diciembre de 2017 –se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra a mediados de 2018– y se extiende 10 años, con opción a dos prórrogas de doce meses cada una. Una de las medidas contempladas en el acuerdo de la empresa con el Concello era la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos en algunas de las plazas delimitadas con pintura azul con el objetivo de favorecer e impulsar la transición verde de la movilidad, que ya es una realidad imparable: la Unión Europea vetará los vehículos de combustión en 2035.

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El compromiso escrito para el primer año desde el inicio de la prestación del servicio, en 2018, era colocar nueve postes de recarga –en la sede de la Diputación (Oporto), en la del Instituto Nacional de la Seguridad Social (García Barbón), en la Praza do Rei (Concello), en Pizarro (Urgencias), en Eduardo Iglesias (mercado do Progreso), en Paseo de Granada (Policía Local), en Salamanca (Povisa), en Ecuador (El Corte Inglés) y en Pintor Colmeiro (centro de salud) con un presupuesto de 47.250 euros– y, hasta 2023, 18 más hasta alcanzar los 27. Resulta curioso que incluso se detallan en el contrato el modelo y la empresa que los suministrará. La realidad es que no se ha instalado ni uno a pesar de que las plazas de la XER están afectadas por las futuras zonas de bajas emisiones, que deberían empezar a funcionar próximamente –el Concello no ha concretado la fecha–.

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Fuentes de toda solvencia del servicio de la zona azul indican a FARO que desconocen el motivo del retraso en la colocación de los postes eléctricos. Subrayan que, a todas luces, es un incumplimiento de contrato, por lo que, si se considera una falta grave, podría desembocar en una rescisión del mismo. “El Concello tendría que dar la orden a la empresa para que cumpla lo establecido y los grupos de la oposición, destacar esta anomalía”, indican tras dejar claro que debe haber más comunicación y colaboración entre el Ayuntamiento, los trabajadores y la concesionaria: “Hay capacidad para desarrollar un proyecto de movilidad bonito”. Añaden que al gobierno local “le resultaría totalmente gratuita” la disposición de los puntos de carga al ser una de las condiciones del pliego: los cargos correrían a cargo de Dornier.

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También está pendiente en la zona azul la ampliación del tiempo de estancia máximo de las dos horas actuales a cuatro. Lo prometió el alcalde, Abel Caballero, en noviembre de 2019 por la “demanda muy importante” a la vez que informó que ese mismo día empezaba a redactarse la nueva ordenanza para incorporar este cambio. Cuatro años después, la normativa sigue siendo la de 2011. Los trabajadores defienden esta medida en zonas cercanas a hospitales, pero dejan claro que, en esos puntos, ya hay párquines subterráneos para satisfacer la demanda.

“Se han eliminado 100 plazas en seis meses”

Una cuestión que preocupa especialmente a los trabajadores de la zona azul es la reducción paulatina de las plazas en los últimos años a causa de las humanizaciones y el carril bici en gran medida. Ahora, hay unas 1.600 repartidas por el casco urbano “cuando tendría que haber más de 1.900”. “Se han eliminado en torno a un centenar en los últimos seis meses”, explican. Mencionan las destinadas a cuerpos de seguridad y profesionales relacionados con la Ciudad de la Justicia en el entorno del complejo o las perdidas por la colocación de contenedores –para depositar ropa o residuos– y la creación de zonas de carga y descarga.

En el contrato, se indica que las reducciones permanentes superiores al 10% de las plazas –como es este caso, ya que, en 2018, la cifra oficial era de 2.132, de las que 201 son en zonas de carga y descarga– serán compensadas con la ampliación de un número equivalente en otras calles. La solución propuesta por fuentes conocedoras del servicio es generar nuevas zonas de XER en tramos cortos de calles o viales sin gran extensión, medida que contribuiría, a su vez, a evitar la reducción de plantilla de la concesionaria. Citan, entre otras, Vicente Risco –entre la avenida de Madrid y Puerto Rico– o Cachamuíña.

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