En el contrato suscrito entre el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Sociedad Operadora Novo Hospital de Vigo Sociedad Anónima –esta última es la encargada de la construcción, dotación y mantenimiento del Álvaro Cunqueiro–, las siglas CMA corresponden a las palabras Cantidad Máxima Anual. Más sencillo: con el canon anual a ingresar por parte de la empresa durante un periodo de 20 años. Se plasmó así sobre papel en 2011, y el plazo empezó a correr con la puesta en marcha de las instalaciones cuatro años más tarde. Pero esa CMA tiene una gran salvedad, porque la “M” de máxima no lo era tanto teniendo en cuenta que esas cifras son “actualizables” en base al índice de precios al consumo. Esto es, el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de aquel convenio estableció un ajuste en el canon con la inflación. Así que la misma penalización que han sufrido los hogares en los últimos meses, especialmente tras la invasión de Ucrania, ha repercutido en un subidón de los pagos a formalizar por parte del erario público a esta compañía privada. Para finales del ejercicio 2024, si se confirman los pronósticos de inflación avanzados por Funcas (Fundación de Cajas de Ahorros), a la concesionaria del Cunqueiro le corresponderá un canon por algo más de 86,55 millones de euros. Son casi 20 millones de euros más que el importe fijado al inicio del convenio.
Un sobrecoste que se explica de forma sencilla. En el acuerdo primigenio, los pliegos establecieron una CMA de 56,33 millones de euros. Entones el IVA era del 19%, con lo que el pago total ascendía a poco más de 67 millones de euros al año. Pero estas cantidades han medrado de forma exponencial de mano de una escalada inflacionaria inaudita en España desde mediados de los años 80. Según se detalla en las cuentas anuales depositadas por la Sociedad Operadora Novo Hospital de Vigo SA en el Registro Mercantil, el canon devengado se situó el año pasado en los 67,306 millones de euros sin IVA. Ahora este impuesto ya está en el 21%, con lo que la compañía hubo de percibir cerca de 81,5 millones de euros. Como había avanzado FARO el pasado verano, la sociedad ya había exigido al Sergas una modificación del canon porque éste no se había ajustado con la inflación acumulada desde 2018. Lo consiguió. Y está blindada para volver a hacerlo este año en curso y los siguientes. Y aquí entra en escena la previsión del IPC.
Según Funcas, una de las principales instituciones de análisis económicos de España, la inflación media rozará el 4% en 2023, con los alimentos todavía en valores estratosféricos y los carburantes en franca escalada. Y no aflojará en exceso el próximo ejercicio, para cuando prevé una revalorización del IPC del 3,4%. Mala noticia para los bolsillos de los hogares, pero viento de cola para los de esta concesionaria. Lo que fija su contrato con el Sergas es que el canon se revalorizará casi íntegramente a la misma velocidad que los precios (aplica un 85% del IPC), de modo que para el bienio 2023-2024 las cantidades a devengar por parte del erario público gallego aumentarán en más de siete puntos porcentuales. De ahí salen esos 86,55 millones de euros, calculados por FARO en base a sus cuentas y los pronósticos de los economistas. Es casi un 30% más que lo que se determinó en la formalización del convenio.
Un acuerdo protector que no ha impedido que la empresa concesionaria haya lanzado múltiples batallas contra el propio Sergas o el Concello de Vigo para evitar tener que rebajar su precio por los servicios de cafetería o por las liquidaciones del IBI. Aunque los últimos meses no fueron buenos en lo judicial para esta compañía, que tuvo que asumir, por ejemplo, la liquidación de 3,6 millones de euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tras varios pronunciamientos en contra en el terreno administrativo y judicial. Es el motivo por el que no distribuirá entre sus accionistas los casi 586.000 euros de beneficios anotados en este último año fiscal, muy lejos de los 3,37 millones de euros en ganancias de 2021. “El resultado del ejercicio 2022 no se va a distribuir a los accionistas durante el ejercicio 2023 –expone la empresa en el informe de cuentas anuales– debido a la situación tras las sentencias judiciales recaídas en contra de la Sociedad, que han afectado en gran medida a los ingresos, así como el incremento de costes en los servicios no sanitarios debido al IPC, tanto de costes de personal como de materiales”.
