El juez decano pide que se “garantice” el servicio de seguridad en los juzgados

El inicio del curso judicial en la Ciudad de la Justicia de Vigo está siendo agitado por el recorte que sufrirá el servicio de seguridad a partir de noviembre. Se prescindirá de cuatro de los nueve vigilantes privados que, conjuntamente con policías nacionales, están destinados en el edificio de Pizarro. Los sindicatos han advertido sobre este escenario. Y sobre esta cuestión el juez decano, Germán Serrano, considera que resulta fundamental “garantizar” que se presta la seguridad adecuada, cuestión que ya expuso en los últimos meses por escrito a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta y que ha trasladado verbalmente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

“Lo importante”, resume Serrano, es que la vigilancia “sea suficiente”. “Y sobre esta cuestión es importante lo que considere la UVEX [Unidade de Vixilancia de Edificios Xudiciais] de la Policía Nacional”, concluye, remitiéndose así a lo que indique dicha unidad sobre esta cuestión. El juez decano afirma que debe tenerse en cuenta la “céntrica” ubicación de la Ciudad de la Justicia, su singularidad y la necesidad de realizar rondas por el edificio y por los garajes. Y que el número de vigilantes debe también ser suficiente por las tardes, ya que el juzgado de guardia sigue teniendo actividad y mucho personal judicial de otras salas se queda trabajando en dicho horario. A mayores de los ejemplos que cita Serrano, muchas veces el Juzgado de Violencia sobre la Mujer alarga la jornada para celebrar juicios rápidos, resolver órdenes de protección y decidir sobre los detenidos que pasan a disposición. La sobrecarga de trabajo de este tribunal provoca que no sea raro que la actividad se alargue hasta las seis de la tarde.

Superior

Sobre el recorte de vigilantes que está sobre la mesa, la Xunta, por su parte, defiende que el servicio que se prestará será “superior” al que había antes del traslado a la Ciudad de la Justicia. Tras “aclarar” que el personal de seguridad “no depende” del gobierno autonómico, señala que lo que se hizo junto con los jefes de las unidades de vigilancia de los edificios judiciales –Policía Nacional y Guardia Civil– y el Ministerio del Interior fue “reorganizar el servicio”, ya que el anterior contrato de seguridad incluía la vigilancia de “seis edificios judiciales”, citando los dos de la antigua sede de la calle Lalín, el que funcionaba en el Casco Vello, el de la Gota de Leche, la oficina que albergaba un juzgado de refuerzo en la calle Coruña y la Ciudad de la Justicia cuando aún estaba en fase de construcción.

“Actualmente la Ciudad de la Justicia concentra en una única sede todos los servicios, excepto el Registro Civil, cuya prestación dejó de tener naturaleza judicial”, agrega la Xunta, argumentando que ahora solo hay dos sedes –Pizarro y Registro Civil–, “lo que obliga, para una buena administración y control del gasto público, a revisar el número de equipos de seguridad”. Las fuentes ahondan en que la situación fue avalada por el Ministerio del Interior y que en el convenio de 2023 ya se plasma “la supresión de edificios judiciales sujetos a vigilancia”, lo que conlleva, reconoce, “una reducción del número de efectivos pero no de la seguridad”. “El servicio prestado es superior al que se hacía de forma individual en las antiguas sedes”, cifrando en 20 los efectivos, contabilizando aquí también los de los juzgados de Redondela.

El arco de seguridad y el escáner de la sala de guardia están inactivos por falta de personal

La “drástica reducción del personal de seguridad” prevista centra un escrito dirigido al presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y firmado por el responsable del sindicato AXG-CUT Galicia, Pablo Valeiras, que traslada su preocupación por la “inseguridad” en la que quedará una sede como es la de la Ciudad de la Justicia, de 47.000 m² y en la que, junto a la vigilancia de los accesos al edificio y al garaje, hay que hacer continuas rondas preventivas. Alternativas na Xustiza incide en que incluso con el personal actual ya no se puede abrir el acceso de Vázquez Varela –que daría servicio al Imelga– ni una de las puertas del parking. Y que el escáner y el arco de seguridad del juzgado de guardia –esa entrada es la única que está abierta durante las tardes, fines de semana y festivos– están desconectados “porque no hay personal de seguridad que pueda atenderlos y la Policía se niega a usarlo por considerar que no es su función”. “El día que pase ‘algo’ veremos quién se hace responsable”, advierte.