La finalización de la reforma del estadio municipal de Balaídos, que se eterniza –comenzó en enero de 2015–, esconde más preguntas que respuestas. El cambio de color en la Diputación de Pontevedra derivado de los resultados de las elecciones del 28 de mayo cambió la hoja de ruta prevista por el Concello y el organismo provincial: el trato con la socialista Carmela Silva al frente contemplaba la financiación a medias entre ambas instituciones. Ahora, con el popular Luis López como presidente provincial, los planes podrían ser revisados. Y es que, de momento, la entidad evita concretar si cofinanciará los trabajos de demolición del actual graderío y posterior construcción de uno nuevo pegado al césped del templo celeste.
Preguntadas por esta cuestión, fuentes de la Diputación consideran que debe establecerse una solución a tres bandas en la que, además de la institución provincial y la local, participe el Real Club Celta de Vigo, inquilino del estadio, pero no detallan si aportará dinero. En la misma línea se pronunció Luis López en la entrevista publicada por FARO el pasado domingo. “Es el estadio en el que juega el Celta. Las grandes inversiones no se pueden realizar dando la espalda al Celta, por lo tanto, entiendo que debe haber un entendimiento, y estoy convencido de que lo habrá, entre Concello, Diputación y, por supuesto, Celta”, respondió el presidente.
Lo cierto es que el Ayuntamiento, con Abel Caballero al frente, ya firmó en el año 2015 un convenio con la Diputación cuando estaba presidida por el popular Rafael Louzán en el que quedaron reflejadas las voluntades de ambas partes de financiar las obras de remodelación del conjunto del estadio al 50% –como el resto del recinto a excepción de Tribuna baja, antigua Preferencia, que fue pagada por el Real Club Celta–.
Este acuerdo fue ratificado por Abel Caballero y Carmela Silva para confirmar la financiación a partes iguales en las remodelaciones de las gradas de Marcador y Gol, pero, para esta última, es necesaria una adenda que deberá ser rubricada por el regidor y el nuevo presidente pro vincial, Luis López, que, en la entrevista publicada por FARO el domingo, se mostró dispuesto a la “colaboración y el entendimiento” con el gobierno vigués en sus máximas expresiones.
En junio, Caballero dejó claro que, en base al convenio firmado en 2015 con Louzán, la Diputación debería costear la mitad de lo que suponga la remodelación de la gra da de Gol –la de Marcador se fue a más de 21 millones de euros–. También apuntó que el apoyo económico del organismo provincial en la obra de este graderío “es un derecho de Vigo” y lo va a “exigir”. Fue más allá: amenazó con movilizar a la población, al igual que hizo para intentar frenar la fusión de las cajas de ahorros gallegas, Caixanova y Caixa Galicia, exigir la alta velocidad ferroviaria para la ciudad o reclamar ayudas de la Xunta para reforzar el músculo de Peinador. “Si alguna vez necesito a la ciudad, la voy a llamar”, advirtió, a la vez que lanzó un aviso a la Diputación: “A ver qué hace, no vaya a ser que tengamos que decirle algunas cosas”.
En todo caso, el presidente provincial, Luis López, aseguró en la entrevista del domingo que “Vigo tendrá, como mínimo, la misma importancia que tuvo en el anterior gobierno”. Emplazó las inversiones a los presupuestos del próximo año: serán los primeros que salgan adelante con él como líder.
Lo que, a priori, parece complicado es el entendimiento entre el Concello de Vigo y el Celta si se tienen en cuenta los roces previos. El club presentó en mayo de 2021 una demanda de disolución del convenio con el Concello para las obras del estadio de Balaídos contra el Ayuntamiento alegando incumplimiento por no estar finalizada la obra en la fecha firmada, el 30 de junio de 2017. Días después, la administración de la Praza do Rei resolvió el acuerdo: acusó al Celta de incumplimiento y le reclamó dos millones de euros. El pasado mes de abril, se comunicó que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó los recursos de ambas entidades.
La tramitación de la reforma de Gol, que será derribada para levantar una estructura nueva –al igual que se hizo en Marcador– depende del permiso de Augas de Galicia. La obra de su melliza se completó hace meses –están pendientes la instalación de un videomarcador y la modificación de las filas de asientos de la parte alta debido a su visibilidad reducida– con un sobrecoste de casi 4 millones de euros. Ascendió, finalmente, a más de 21 millones de euros. Fue el Concello el que se hizo cargo de esta diferencia y no la Diputación a pesar de que el convenio recoge que asumirían ambas entidades el 50% de la financiación. La aportación de la entidad provincial no supera los algo más de 8,5 millones previstos en la hoja de ruta inicial.
