El Concello ingresará este año 71,4 millones por IBI tras sumar 3.300 nuevos inmuebles
La recaudación crece unos 857.000 euros respecto al año pasado
La Ordenación Provisional consigue que muchos suelos se declaren como urbanos
Las placas solares permiten ahorrarse la mitad del tributo

Vista general del barrio vigués de Barreiro. / Marta G. Brea
El Concello de Vigo ingresará este año exactamente 71.328.701,88 euros por el Impuesto de Bienes Muebles (IBI), una tasa que tienen la obligación de pagar todos los propietarios del término municipal. Esta cantidad es sensiblemente superior a la recaudada el año anterior, concretamente un 1,2% más.
La respuesta hay que buscarla en que hay unas 3.300 nuevas inscripciones (terrenos, inmuebles...) que tienen que abonar en este ejercicio dicho tributo. Es un incremento notable, y la explicación hay que encontrarla en el Instrumento de Ordenación Provisional, que ha permitido sacar del padrón de inmuebles rustico a suelos urbanos y a otros que los propietarios pedían ser reconocidos como tales. Son precisamente las edificaciones y fincas de naturaleza urbana las más numerosas y las que más dinero generan en la recaudación del IBI, con 217.324 unidades que pagarán este año un total de 68.640.774 euros en concepto de este impuesto, un 0,63% más que el ejercicio pasado.
En cuanto a los Bienes de Características Especiales (BICES), en Vigo incluyen el ámbito portuario, aeroportuario, el embalse de Zamáns y tramos de las autopistas que pasan por la ciudad. En total hay 769 inmuebles de este tipo que tienen que abonar el IBI en Vigo, que en este 2023 pagarán 2,6 millones, 18,96% más que el año pasado, un incremento extraordinario consecuencia de la bajada también extraordinaria que se produjo en el ejercicio anterior. En cuanto a los bienes rústicos, se produce un importante descenso precisamente por el paso de muchos de ellos a suelo urbano: de los 1.017 que pagaron el IBI el año pasado, en este 2023 solo lo harán 722, un descenso del 29%. La aportación, por tanto, también será menor, pasando de 15.969 euros a 11.915.
Hay que apuntar además que figuran con un tipo diferenciado para cada uso conforme a lo dispuesto en la ordenanza fiscal vigente 679 establecimientos de uso industrial con valor catastral superior a 125.000; 873 locales de uso comercial con valor catastral superior a 125.000; 101 establecimientos de hostelería y ocio de más de 175.000: 305 oficinas cuyo valor catastral es mayor a 125.000 euros; 461 almacenes en los que la tasación es mayor a 100.000; treinta de uso deportivo con valor catastral de más de 450.000 y uno que se destina a espectáculos que supera los 175.000 euros.
Familias numerosas, centros docentes, fundaciones, viviendas de protección oficial, incluso empresas de promoción inmobiliaria o construcción. Son numerosos los casos recogidos por el Concello de Vigo para poder solicitar un exención en el IBI. En total, las exenciones al Impuesto de Bienes Inmuebles suman en Vigo casi cuatro millones de euros. La Universidad ha dejado de abonar unos 627.000 euros al Concello, y la Iglesia se ahorra en IBI más de 700.000. Las viviendas de protección oficial, el ámbito sanitario, las comunidades de montes o los colegios concertados son otros de los que tienen bonificaciones en este tributo.
Destacan también las exenciones a aquellas familias que han impulsado en sus viviendas sistemas de aprovechamiento de energía solar. En total, las bonificaciones por placas solares y otros sistemas similares suman 21.160 euros en este 2023. La rebaja, anunciada en 2022, concretamente, es del 50% durante tres años desde su instalación, busca favorecer energías limpias y alternativas que ayuden a paliar el alza de los precios de la energía.
Junto a la gestión tributaria que tiene que llevar a cabo el Concello, el IBI tiene una gestión catastral a cargo del Estado. Según explican fuentes municipales, en muchos casos los contribuyentes intentan utilizar los procedimientos catastrales para rebajar su factura. Pasa, sobre todo, en las concesiones administrativas (intentando imputar más suelo público que privado) o en relación con determinadas construcciones (sobre todo galpones, garajes, construcciones auxiliares) o en espacios de uso público (zonas comunes de urbanizaciones, galerías comerciales). Eso supone que el catastro modifique los valores o suspenda temporalmente los recibos, con lo que no llega la información al Concello y no consta como un recibo
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