La justicia declara improcedente el despido de siete técnicos de I+D de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla

La justicia ha declarado improcedente el despido de siete trabajadores que desempeñaban tareas de apoyo y de gestión de I+D en la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat), además de declarar el carácter “fraudulento” de sus contratos con la UVigo, ya que estaban asociados a proyectos y, por tanto, tenían una duración limitada uno o dos años, a pesar de que las labores que desempeñaban los demandantes son estructurales e imprescindibles para el correcto funcionamiento del centro.

Las siete sentencias estimatorias han sido emitidas por cuatro juzgados vigueses de lo Social, pero tres trabajadores de atlanTTic, otro de los centros de investigación de la UVigo, también están pendientes de conocer la resolución de sus casos, que están siendo tramitados por otras dos salas diferentes y que probablemente seguirán el mismo criterio.

“De momento, todas las sentencias son ejecutorias y unánimes. Y en todos los casos no solo reconocen el fraude y el despido improcedente, sino también su derecho a ser incluidos en el convenio colectivo de la UVigo porque están percibiendo la mitad del salario por ese trabajo técnico. A alguno de los demandantes le han reconocido una diferencia salarial de 16.000 euros anuales”, explica Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, que representa a un total de 14 trabajadores de ambos centros y también de Ecobas.

“Lo que hace la UVigo y todas las universidades españolas son contratos temporales al amparo de la Ley de Ciencia que están asociados a proyectos de investigación y que van renovando año tras año o cada dos. Pero estos trabajadores no hacen investigación ni docencia, sino labores de administración, gestión o mantenimiento para todos los proyectos de ese centro. Es un trabajo estructural porque sin ellos no funcionaría la Ecimat ni atlanTTic”, destaca Valero.

Pero a pesar de que constituyen un eslabón clave en la cadena del I+D y la generación de conocimiento, las universidades les obligan a encadenar contratos temporales y los abocan a la inestabilidad laboral.

“Lo que dijeron los testigos en el juicio es que sin ellos el centro cerraría. El investigador investiga, pero este personal es que el se encarga de elaborar los informes y memorias, tramitar las compras de material o del mantenimiento. Sin esta parte, el centro se cae”, subraya su abogado.

La mayoría de los demandantes han vuelto a ser contratados de forma temporal

La Universidad de Vigo ha recurrido las sentencias e indemnizado a los demandantes. “Lo que alega es que ha hecho los contratos al amparo de la Ley de Ciencia y que puede recurrir a la modalidad de apoyo a la investigación, pero las sentencias han sido unánimes”, insiste Valero.

Se da además la circunstancia de que la mayoría de los trabajadores despedidos han vuelto a ser contratados de forma temporal tras superar los procesos selectivos convocados por la institución. Y otros dos han demandando a la UVigo por quedarse fuera.

Así las cosas, el abogado laboralista duda de que la nueva Ley de Ciencia logre su objetivo de impulsar la contratación indefinida del personal técnico. “Ahora la UVigo les ha hecho un contrato indefinido, pero vinculado a un proyecto, con lo cual es un indefinido falso. Y en dos o tres años, cuando se acabe, los volverán a despedir y volverá a empezar la rueda. Son contratos indefinidos de duración anual, bianual como mucho. Por desgracia, la situación se va a perpetuar porque, a pesar de las sentencias, continúan con las mismas dinámicas”, lamenta.

Valero ya ha ganado casos similares que implicaban a trabajadores de la Universidad de Santiago: “Todas estas sentencias ponen en evidencia las triquiñuelas que llevan a cabo para eludir la aplicación de los convenios colectivos y para no estabilizar al personal técnico, que es estructural y no temporal para un proyecto concreto”.

“El problema está enquistado, hay gente que lleva 16 años en esta situación”

La gestión de los proyectos y el mantenimiento de los laboratorios son indispensables para que los investigadores puedan llevar a cabo su trabajo científico. Pero quienes asumen estas responsabilidades se encuentran en una situación de inestabilidad y precariedad laboral que ya han denunciado colectivos como la Asociación de Persoal Investigadora da UVigo (APIUV).

Entre los demandantes a los que los juzgados están dando la razón hay profesionales que suman más de una década encadenando contratos temporales a pesar de desempeñar siempre las mismas funciones.

“El problema está enquistado. Hay gente que lleva 16 años en esta situación. Y esto les afecta a la hora de organizar su vida o, por ejemplo, pedir una hipoteca. Por desgracia es bastante frecuente y la forma de que las cosas cambien es moverse”, anima Valero.

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