Los juzgados de Primera Instancia de Vigo que tramitan y enjuician los asuntos civiles ordinarios están desbordados. Los magistrados celebraron este mismo mes una junta sectorial en la que pusieron sobre la mesa la urgencia de crear un nuevo tribunal. Y no les falta razón, porque un análisis de la carga de trabajo que asumieron en 2022, que es prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior, evidencia que en la ciudad olívica, con dichas cifras, no solo se necesita uno, sino hasta cinco nuevos juzgados de esta especialidad para cumplir con los módulos de entrada por órgano judicial que aconseja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos tribunales registraron el pasado año la friolera de 21.641 procedimientos entre asuntos –18.171– y ejecuciones de sentencias –3.470–, cuando lo máximo recomendado para todos ellos serían 15.600, a una media de 1.200 por unidad judicial. Esto significa que soportaron 6.041 procedimientos más de lo debido, lo que, a día de hoy, justificaría que la urbe contase con esos cinco órganos más a mayores de los 13 que funcionan en la actualidad, entre los que se incluye el creado el pasado mes de enero.
La sobrecarga de los juzgados civiles ya ha dejado de ser un problema puntual. La litigiosidad se disparó un 70% en solo una década, un aumento que ha ido fraguándose año tras año de forma sostenida y prácticamente sin descanso. Y son varias las claves que explican el escenario actual. Una de ellas son las demandas hipotecarias, que llegaron para quedarse. Cierto que el gran aluvión de casos se produjo en 2017 y en 2018, con la entrada en masa de las demandas que siguieron la estela de la histórica sentencia sobre cláusulas suelo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero ese fenómeno –y el que ya se había producido con anterioridad a raíz del escándalo de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas– dio lugar a que miles de afectados por todo tipo de cláusulas declaradas abusivas en los préstamos hipotecarios, que no fueron pocas, se animasen a acudir a la vía judicial. “Sí, siguen entrando muchos hipotecarios, sobre todo de los de gastos”, afirman en uno de los juzgados de Primera Instancia. Desde el pasado año estos pleitos se reparten entre todos los órganos judiciales civiles tras cesar el reparto exclusivo a la sala que se había especializado en la materia.
Hay otro fenómeno nacido también hace varios años que continúa inundando de trabajo a estos juzgados. Los fondos buitre –las sociedades extranjeras que compran grandes paquetes de deudas a los bancos para después ir contra los deudores en la vía judicial– no dejan de pleitear, despertando incluso asuntos que llevaban décadas archivados. “Una gran parte de los monitorios que recibimos son de estas sociedades, dándose además la circunstancia de que son procedimientos de tramitación compleja ya que, al tratarse de una cesión de créditos, hay que verificar que dicha cesión se hizo correctamente, que existe el testimonio notarial...”, explica una letrada de la Administración de Justicia.
Tampoco se agotan las demandas presentadas por afectados por tarjetas revolving o por microcréditos. Los intereses de bastantes de estos productos son desmesurados, lo que ha dado lugar a que los jueces, en muchos casos, los hayan declarado incluso usurarios. Los abogados indican que se puede reclamar por abusividad en una tarjeta de estas características aunque la misma ya esté cancelada.
Impagos de alquiler o a la comunidad de propietarios
Y junto a la avalancha que suponen todos esos litigios de cariz hipotecario o financiero, en estos órganos se resuelven muchos más procedimientos, como los que presentan los caseros contra sus inquilinos por el impago del alquiler, los derivados de las deudas en las comunidades de vecinos o los de accidentes de tráfico, por poner solo algunos ejemplos. En relación con la vivienda y concretamente con los desahucios que ordenan los jueces sobre todo en materia de arrendamientos pero también por impagos hipotecarios, en uno de los juzgados resaltan que la Ley de Vivienda que acaba de entrar en vigor introduce “nuevos requisitos” que afectarán a la tramitación judicial de estos procedimientos.
Lo cierto es que la gran cantidad de pleitos y la complejidad de muchos de ellos –a la hora de analizar por ejemplo si hay situaciones de vulnerabilidad tras los desahucios o de hacer un control de las cláusulas abusivas existentes en todo tipo de contratos de consumo– ha llevado a los tribunales civiles de Vigo al límite. Y eso que con el arranque de este 2023, concretamente el 2 de enero, empezó a funcionar el Juzgado de Primera Instancia 16 y que a día de hoy todos ellos cuentan con el apoyo de una sala de refuerzo. “Pero no es suficiente; el volumen de trabajo es horrible y la realidad es que no notamos nada ese nuevo juzgado”, confiesan.
Con este panorama, la demanda de los jueces de que se cree un nuevo juzgado civil y de que el de refuerzo se mantenga ya fue abordada la pasada semana en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta reivindicación se une a la realizada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la única sala viguesa especializada en recursos de apelación civiles, que ha vuelto a poner sobre la mesa la eterna solicitud del quinto magistrado. Pese a que las estadísticas avalan ambas peticiones, difícilmente podrán ser abordadas de forma inminente, ya que la Comisión Mixta formada por el TSXG y la Xunta ya elevó en marzo la lista de los nuevos órganos judiciales que reclaman al Gobierno central para este año, entre los que no se encuentra ninguno para Vigo.
“Entra mucho de todo, es una bestialidad”
“Entra mucho de todo, es una bestialidad”. Esta frase pronunciada ayer en uno de los juzgados de Primera Instancia de Vigo evidencia el escenario que afrontan estas salas. “El volumen de trabajo es horrible”, confirman en otro de los tribunales. La litigiosidad civil no da tregua y la situación se complica en los juzgados más antiguos, que arrastran ejecuciones de hace más de 30 años que a día de hoy todavía están en trámite. “No solo hay que tener en cuenta los nuevos asuntos que entran, sino también la ejecución de sentencias, una labor que da mucho trabajo y en ocasiones durante demasiado tiempo”, explican. Está claro que los ciudadanos han perdido el miedo a pleitear en el ámbito civil contra los grandes bancos o contra las financieras si consideran que los productos que en su día contrataron tienen condiciones abusivas. Las sentencias tanto de los juzgados españoles como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han ido dando la razón a los consumidores han sido determinantes para que se produzca este fenómeno. “Además”, apuntan en un juzgado, “han surgido numerosos bufetes especializados en este tipo de demandas que seguramente han contribuido a que haya tantos y tantos litigios”. Se da además la circunstancia de que los juzgados de Primera Instancia, entre las nuevas competencias ganadas en 2022, han pasado a asumir también las demandas contra compañías aéreas que antes se tramitaban en el tribunal especializado en Mercantil. Son pleitos por cancelaciones o retrasos de vuelos, además de por pérdida de equipaje. Y no son pocos, porque el pasado año, por ejemplo, se registraron 270 asuntos de esta materia, un 40% más que en el ejercicio anterior. A cambio, las salas civiles dejaron de ser competentes para resolver los concursos de acreedores presentados por personas físicas.
