¿Podrá el juez ser sustituido por una máquina o robot?

Si a un ciudadano con un problema jurisdiccional se le diera a elegir entre que su caso sea juzgado por un juez o por un algoritmo “que ni siente ni padece, que trabaja 24 horas, que tiene un índice de acierto del 97% y no tiene figura humana”, ¿qué elegiría? Esta cuestión fue planteada ayer por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena a los asistentes al VI Congreso de Primavera organizado por el colectivo vigués Avogados Novos ante el auge ya no tan futuro como presente de la inteligencia artificial y su aplicación al ámbito del derecho.

Justicia robótica

Conocido socialmente por juzgar la causa del procés catalán, Marchena valoró que muy probablemente “cualquiera de los litigantes diría apúnteme a la justicia robótica”, sin embargo advierte de los sesgos y contrariedades que supondría este modelo para la justicia española. “Yo no defiendo mi presencia en un tribunal –como juez–, sino que la verdad que proclama la justicia algorítmica es una verdad matemática, no está conectada al valor constitucional de la justicia. La verdad del algoritmo es una verdad estadística”, matiza el magistrado, quien advierte de una “descalificación” del sistema.

Fosilización de la jurisprudencia

Y es que precisamente son los datos, los millones de datos que a diario inundan las redes sociales e internet las que definen este algoritmo. “El algoritmo dice que el Supremo ante determinado caso dictamina equis, luego el algoritmo lo resuelve de la misma manera. Alguno dirá que esto es justo pero les aseguro que en el tiempo que llevo en el Tribunal Supremo me he dado cuenta que fosilizar nuestra propia jurisprudencia es un error. Hay casos que no se pueden resolver de la misma manera que otros casi iguales, porque tiene un ingrediente que lo singulariza”, razona Manuel Marchena.

Singularización de los casos

Acentuando esta falta de individualización entre cada caso entrarían los sesgos no solo ideológicos o políticos, sino incluso fisiológicos que anclarían toda decisión a la probabilidad o predicción, y aquí entraría una segunda cuestión. ¿Quién programa este algoritmo? ¿Quien controla al controlador? “El dispositivo algorítmico es esclavo de su propia precisión matemática en le que se debería también garantizar la imparcialidad del programador; la fidelidad ciega al algoritmo puede provocar un efecto indeseado. Ser juez es más que dictar sentencias, estamos integrados en un poder, de equilibro entre los poderes del Estado. Con la justicia robótica, ¿dónde dejamos la segunda instancia, la motivación jurídica o la presunción de inocencia?”, concluyó acertadamente Marchena.