El de Autopistas del Atlántico (Audasa) es un negocio apacible. La concesionaria de la AP-9 tiene garantizado un incremento de los peajes conforme a la inflación, una seguro que le compensa en caso de caída de ingresos por causas externas –una pandemia, por ejemplo– o un enrejado de reales decretos que protege sus cuentas ante cualquier bonificación sobre los peajes. Todo, con cargo a los usuarios y al erario público.
La duración inicial de la concesión tenía que haber expirado en el año 2012, pero dos prórrogas la alargaron hasta 2048 contraviniendo la legislación comunitaria: no hubo licitación pública, Audasa no tuvo que competir contra nadie. La compañía repite en cada uno de sus reportes a los inversores que, en caso de que Bruselas finalmente decida revertir la concesión, tiene “derecho a ser debidamente indemnizada” por un importe que, abunda, “sería significativamente superior al importe actual de su deuda”, que ronda los mil millones de euros. Pero, ¿en cuánto valora la empresa su concesión? Con los ajustes realizados a 31 de diciembre de 2022, y según sus cuentas auditadas, a 1.228,7 millones de euros.
Audasa nunca ha puesto sobre la mesa qué cantidad aspiraría a recuperar en caso de que se consideren nulas las ampliaciones de la concesión, validadas por gobiernos socialistas y populares. Tampoco el Gobierno, que ha rechazado de forma insistente explicar, incluso en el Congreso, qué argumentos ha esgrimido frente a la Comisión Europea para defender que la extensión de la gestión de la AP-9 hasta 2048 fue lícita.
Esta valoración contable del acuerdo de concesión, esos casi 1.230 millones de euros, sirven como guía para acercarse a la cantidad final en concepto de indemnización. Hipotética, de momento. Lo que sí es seguro que cobrará es el llamado saldo de compensación, que es la deuda contraída por parte del Estado después de que la concesionaria hubiese financiado las obras de ampliación de Rande. Una actuación que se inauguró antes de tiempo –los trabajos se prolongaron durante meses, en perjuicio de los usuarios– para garantizarse una subida extra en los peajes desde enero de 2018. Esta partida que se adeuda a Audasa, el saldo de compensación, volvió a aumentar el pasado ejercicio (en 6,7 millones) hasta rozar los 340 millones de euros. El Gobierno valoró saldar de una tacada esta partida –conlleva un plus del 1% de subida anual de los peajes–, pero esta propuesta saltó por los aires en el último Consejo de Ministros del año.
Son cantidades exuberantes, pero no las únicas. Dentro de la armazón normativa que protege el negocio de Audasa se incluye el compromiso del Gobierno “restablecer equilibrio económico financiero del contrato de concesión” si se producen problemas ajenos. La concesionaria de la AP-9 ha considerado que las restricciones a la movilidad impuestas para contener el avance del COVID-19 supusieron un gran perjuicio a sus cuentas, por las que debe responder Madrid. Tiene en marcha una reclamación por la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo para que Hacienda le transfiera 46,2 millones de euros de indemnización.
Mientras tanto, la máquina continúa funcionando. Durante el ejercicio 2022, la sociedad computó en sus cuentas créditos exigibles a las administraciones por otros 33,62 millones de euros, asignados para compensar a la concesionaria por actuaciones que se retrotraen a 2006. Peajes en la sombra por la retirada de las tarifas entre Vigo y O Morrazo –a cargo del Ministerio de Transportes y de la Xunta– o ayudas por la bonificación a los vehículos con sistema de pago Vía T. La facturación fue de récord, con 172 millones de euros, muy por encima del techo alcanzado en 2008 de 156 millones de euros.
Los más de 66 millones de euros de beneficio neto se destinaron a dividendos, repartidos por trimestre, si bien la propiedad destaca que “Grupo Itínere ha destinado los dividendos a reducir el endeudamiento [...] no habiéndose distribuido ningún dividendo a sus accionistas” desde su privatización en 2003. El total de pasivos financieros no se ha reducido significativamente, al sumar 1.124 millones de euros. Audasa acaba de formalizar además un préstamo sindicado por importe máximo de 193 millones de euros para atender al vencimiento, en el mes de junio, de una emisión de obligaciones formalizada hace diez años.
