Una decena de menores al año piden al juzgado su emancipación por mala relación con sus padres

Casarse o renunciar al tutor para gestionar sus bienes, otros motivos detrás de las solicitudes | Se valora la madurez del adolescente

Alumnos de Secundaria a la salida de su instituto. |   // M.G. BREA

Alumnos de Secundaria a la salida de su instituto. | // M.G. BREA / e. villanueva

Pocas son las cuestiones relacionadas con los hijos que no llegan a convertirse en demandas: el colegio en el que estudiar, realizar o no la Comunión, viajar al extranjero para participar en un partido de fútbol, con quién pasar las vacaciones... Los desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad están a la orden del día en los Juzgados de Primera Instancia de Vigo, especializados en materia de Familia, tanto que algunas de estas desavenencias ya parten del propio menor.

Así, en el último año, una decena de adolescentes han pleiteado para solicitar su emancipación judicial. Dicho desde un punto de vista coloquial, convierte –a efectos prácticos y legales– al menor en adulto o mayor de edad. Ante esta consideración éste podrá tomar ciertas decisiones de forma autónoma sin necesidad de supervisión así como gestionar sus bienes o dinero, o incluso casarse.

Precisamente este es una de las realidades que ha tenido que dirimir uno de los juzgados de Familia de Vigo. Cada una de estas salas recibe entre “2 y 3” procedimientos de emancipación de menores, tramitados a través de una demanda de Jurisdicción Voluntaria, cada año y obedece a distintos motivos. “Desde una mala relación con los padres o situación de vulnerabilidad; en otros casos porque el menor quiere casarse, otra vez porque la niña quería vivir con el ex de su madre aunque no fuese su padre, y una que tenemos justo en la mesa para dar trámite obedece a una menor huérfana que no quiere depender de un tutor. Otras obedecen a la intención de poder acceder a sus cuentas y gestionar sus bienes o propiedades”, explica una de las letradas judiciales de estos juzgados de Vigo.

Detrás de estas demandas, siempre iniciadas a instancia del menor y no de oficio ni tan siquiera por Fiscalía, debe existir una motivación y en caso de que el menor no cuente con un acompañamiento, el juzgado le designa un defensor judicial “para que no pase por todo el trámite solo”. Y es que el proceso incluye un juicio así como la toma de declaración del menor, atendiendo siempre a su madurez. “Se trata de un trámite más o menos rápido que afecta a mayores de 16 años y menores de 18, realmente poco les queda para alcanzar la mayoría de edad. El o la juez escucha sus razones, su motivación y tras la celebración de un juicio determina o no esta emancipación”, amplía.

En el pasado trimestre, los procedimientos de Jurisdicción Voluntaria en menores se ha incrementado de forma notable, pasando de las 40 demandas en 2022 a las 54 registradas entre enero y marzo de 2023.

Marzo, el mes de las demandas por las matrículas en los colegios

Este medio centenar de procedimientos de jurisdicción voluntaria de los Juzgados de Familia obedecen a muchas más cuestiones que la emancipación pero hay una principal: el centro educativo en el que estudiar. Y ello implica que durante el mes en el que se abre el periodo de matriculación en colegios e institutos el número de demandas se multiplique. Así lo aprecian estas fuentes judiciales, que señalan marzo como el periodo de mayor presentación de demandas. “Son muchos los padres que no quieren que su hijo estudie en determinado colegio, que reciba Religión o no, y eso hace que sea un mes con muchas demandas”, sostiene. El periodo estival también eleva el número de demandas por la proximidad de las vacaciones. “No son capaces los padres de ponerse de acuerdo sobre si el menor debe o no viajar al extranjero y terminan por judicializar muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, con el tema de las becas de Inglés que otorga el Concello de Vigo es habitual tener demandas de un progenitor que quiere que el menor viaje y el otro que se niega”, relatan desde un juzgado de Familia.

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