La denuncia de una extrabajadora ha destapado una ristra de presuntos delitos de una empresa de servicios socio-sanitarios de Vigo. La compañía contrataba a extranjeras, la mayoría en situación irregular y sin la formación profesional necesaria, y los sometía a semanas laborales de siete días "por un salario ínfimo".
El caso lo llevan agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela, Brigada de Extranjería y Documentación, que comenzaron la investigación a raíz de la denuncia de esta mujer. La exempleada alertaba sobre las condiciones laborales en las que había trabajado, en nombre de una conocida empresa dedicada a la asistencia sanitaria a domicilio.
Fruto del trabajo realizado l Grupo de investigación (UCRIF) se pudieron detectar más víctimas que presentaban un perfil similar: "mujer extranjera en situación irregular, trabajando todo el día, los siete días de la semana, por un salario ínfimo, sin alta en la Seguridad Social y obviando todo derecho reconocido al trabajador".
Sin formación
Según fuentes policiales, la investigación evidenció la precaria situación de las trabajadoras y sus condiciones de trabajo. Tratándose de una empresa dedicada a prestar servicios sociosanitarios a personas dependientes en sus domicilios, no facilitaba ningún tipo de medida de protección para sus trabajadoras.
Además, los ocupaba sin los conocimientos profesionales ni formación necesaria para llevar a cabo sus tareas, poniendo en riesgo tanto a trabajadoras como a pacientes vulnerables.
Con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, se realizaron diversas actuaciones inspectoras en domicilios, con el fin de comprobar la ocupación y trabajo de personal de la empresa investigada, dando como resultado la detección de diversas trabajadoras en situación irregular.
En el registro realizado en las oficinas de la empresa se intervino "valiosa documentación" que, una vez analizada por los investigadores, determina que más de una treintena de personas han estado trabajando para esta empresa sin contrato y en condiciones de precariedad laboral.
A la persona que dirige la empresa se le imputan varios delitos, entre otros, contra los de derechos de los trabajadores, intrusismo y contra la Hacienda y Seguridad Social.
