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La Sareb recurre la sentencia que le obliga a reformar la Privada Moderna

Los vecinos piden al "banco malo" que ponga en uso las viviendas para ampliar el parque de alquiler social

Vecinos de la Privada Moderna, ayer.

Vecinos de la Privada Moderna, ayer. / Alba Villar

Semanas antes de que el Gobierno anunciase la derivación de pisos de la Sareb al alquiler social, el también conocido como “banco malo” recurrió la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Vigo que le da la razón al Concello y a los vecinos al obligarle a ejecutar la reforma de los edificios de la calle Privada Moderna, cuyos inquilinos, según denuncian, llevan años soportando “acoso” por parte de la entidad pública para que abandonen sus hogares y les ofrece pisos en la ciudad “que son un desastre”: “Parecen un estercolero”.

Los residentes lamentan la posición adoptada por la Sareb y le piden que, ante la decisión del Ejecutivo central, “retire la demanda y el Concello se haga con las viviendas para ponerlas a disposición de la ciudad”. “En caso de que la Sareb incumpla la voluntad del Gobierno, el Concello podría denunciar públicamente al “banco malo” y hacer que acometa de forma inmediata las obras urgentes. La ilusión de los vecinos es seguir viviendo en sus hogares y que, en un futuro cercano, las casas tengan nuevos inquilinos”, apuntan.

Son conscientes de que la Xunta “podría solicitar los pisos de la Sareb de la calle Aragón, por ejemplo, o incluso los de la Privada Moderna, pero también lo puede hacer el Concello”. “Quien tiene la obligación de hacer cumplir que las edificaciones estén en uso y con condiciones de habitabilidad y seguridad es el Ayuntamiento”, apostillan. Los vecinos de este complejo edificatorio de O Calvario reconocen que, desde que denunciaron el acoso de la Sareb en FARO en mayo de 2022, la entidad dejó de enviar a obreros a “destruir” partes de los inmuebles, pero tampoco ha pasado nadie a arreglar los desperfectos”. Reiteran que el objetivo era sacarlos de sus hogares “por las malas” para poder levantar nuevos pisos o poner a disposición de otros residentes los actuales a precios de mercado, operación que sería mucho más rentable: sus contratos de alquiler, vitalicios, son de renta antigua.

La intención de los actuales residentes, que ocupan poco más de media decena de las 42 viviendas repartidas en dos bloques, es que la medida del Gobierno sirva para poner en valor la necesidad de rehabilitar los pisos de este complejo y ampliar así la cartera de alquiler social en Vigo con propiedades del “banco malo”.

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