La desagradable sorpresa de una familia de Vigo: la residencia de su madre sube un 9%

No hay sector económico o social al que no haya afectado la subida imparable del IPC. Aunque la mayoría de las personas lo notan cuando acuden al supermercado y hacen la compra, lo cierto es que otros servicios que están más a la sombra también han subido de precio. Por ejemplo las residencias para la tercera edad. Es la sorpresa con la que se ha encontrado este año la familia de la viguesa Jesusa Alonso, que tiene 84 años y que lleva más de tres ingresada en un geriátrico privado de la ciudad. La residencia le notificó que le va a subir la cuota mensual un 5,7% de acuerdo al IPC, “además del 3% que por contrato suben de forma anual”, explica Rosa María Vázquez, hija de Jesusa.

Es decir, un incremento del recibo de un 8,7%. Hasta ahora pagaba 2.300 euros y, con esta subida, tendrán que abonar sobre 2.500. Jesusa cobra una pensión de unos mil euros, y recibe una ayuda por dependencia de la Xunta de unos 508. Por tanto, tiene que poner de su bolsillo a partir de ahora otros mil euros para conseguir pagar la plaza en la residencia. El dinero lo están poniendo entre las tres hijas de la anciana con los ahorros que tienen, pero afirman que no pueden más.

“Esta semana tenemos una reunión con el departamento de Asuntos Sociales del Concello de Vigo. He escrito a la Xunta, al Gobierno de España... Ya solo nos falta dirigirnos al Rey. Lo normal, ya que no le dan una plaza en una residencia pública a mi madre, es que nos ofrezcan una solución”, explica Rosa María Vázquez. La ayuda que percibe Jesusa por parte de la Xunta es precisamente porque se le ha asignado una plaza concertada en una residencia privada mientras espera por una vacante en un geriátrico público.

El problema es que ya van más de tres años de espera, Jesusa es una dependiente de grado tres con demencia muy avanzada, está postrada en una silla de ruedas y, además, los médicos le han dado apenas unos meses de vida porque el cáncer de vesícula que le diagnosticaron justo antes de entrar en la residencia se le ha diseminado a varias partes del cuerpo y es posible que afecte ya al páncreas y al estómago.

“No creemos que llegue a abril”, apuntan sus hijas. “Apenas mueve ya los ojos y no quiere hablar, y solo tiene 84 años. La única solución que nos dan en la Xunta es que ampliemos la zona a la que podamos mandar a nuestra madre para que así tenga más opciones de tener plaza en una residencia pública, pero nosotras no queremos que se vaya a Ourense, por ejemplo. Yo a ella voy a verla todas las semanas y vivo en Vigo, si no está aquí no podría. Lo que tienen que hacer es crear más plazas públicas en la ciudad”, asegura Rosa María Vázquez.

Las hijas de Jesusa no tienen ninguna queja del trato que recibe Jesusa la residencia. Aseguran que las trabajadoras de la residencia trata a su madre muy bien y que le dan todos los cuidados que necesita. “Aunque hay poco personal, no pueden hacer más. Demuestran a diario que es una prioridad para todos. Pero también lo es para mí y por eso no voy a dejar de luchar por tener un trato justo y para exigir a la Xunta lo que consideramos que mi madre se merece. Además, durante al COVID vivimos un auténtico infierno al no poder ir a visitarla”, explica Rosa María Vázquez.

Una de las grandes esperanzas de las personas que están esperando por una plaza pública en un geriátrico en la ciudad es la residencia financiada por la Fundación Amancio Ortega (15 millones de euros) que la Xunta construirá en la Etea. Ocupará el solar ocupado por el edificio Méndez Nuñez, que será demolido para acoger unas instalaciones con 150 plazas públicas y que generarán 140 nuevos empleos.

Hay que tener en cuenta que Galicia se sitúa en los primeros puestos de envejecimiento de las comunidades, con una cuarta parte de la población por encima de los 65 años. Sin embargo, se encuentra lejos de cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre plazas residenciales para mayores, que sitúa el porcentaje óptimo en un 5%. La comunidad gallega se sitúa en el 2,93% y necesitaría 14.331 plazas para ajustarse a ese criterio, lo que la convierte en la tercera autonomía con mayor déficit de estas infraestructuras.

Esta es la conclusión de un informe elaborado el año pasado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que señala que las necesidades a nivel estatal se sitúan en 75.699 plazas residenciales. Doce autonomías, incluida Galicia, se sitúan por debajo del límite del 5%, por lo que la media alcanza solo el 4,19%. Solo Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan ese ratio. El déficit es mayor en Andalucía (30.236), que es la comunidad más poblada de España, y Valencia, con 22.860, por delante de Galicia.

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