El letrado judicial vigués acusado de apropiación restituyó 170.000 euros

El letrado de la Administración de Justicia –secretario judicial– investigado por presuntamente apropiarse de fondos de la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado de Primera Instancia de Vigo donde prestaba servicio reconoció los hechos y, desde que el caso se judicializó en septiembre de 2021 hasta este enero de 2023 en el que la instrucción ha llegado a su fin, ha consignado ya 170.000 euros de cara a restituir la cantidad detraída, cifrada en 278.465 euros. De hecho, su declaración como principal investigado en esta causa es uno de los indicios valorados por el juez para dar impulso al procedimiento de cara a juicio: según consta en el auto judicial, reconoció los hechos contenidos en la denuncia de la Fiscalía, aunque no supo cuantificar la cantidad total de dinero que retiró de la cuenta judicial durante, según la investigación realizada, más de tres años. En relación con el resto de investigados que constan en el procedimiento, admitió que los conocía y que su proceder “obedecía” a que dichas personas le prestaban dinero y que él lo “devolvía con intereses”.

Este caso tiene su origen en unas diligencias de la Fiscalía de Área de Vigo. Tras presentar denuncia, del procedimiento se hizo finalmente cargo en octubre de 2021 el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo que, tras más de un año de investigación, dictó, este 9 de enero, el auto en el que transforma las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado –contra el que aún cabe recurso– y en el que imputa al letrado judicial la presunta autoría de un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental, así como el de apropiación indebida también con respecto a los otros tres investigados citados en la resolución.

Sobre los hechos, el juez relata que el letrado judicial “era la única persona autorizada para gestionar, controlar y disponer de los fondos” existentes en la cuenta de depósitos y consignaciones de su juzgado, abierta en un banco y para la que disponía de un código personal, unido a una contraseña también personal e intransferible y al NIF. Fue con ese código a través del cual “se realizarían todas las operaciones de desvío y disposición de fondos” investigadas.

En el auto se expone que desde 2018 y hasta “escasos días antes de su detención” en septiembre de 2021, “de común acuerdo con los demás investigados”, habría expedido mandamientos de devolución, “firmados y sellados por él mismo”, que provenían de fondos de esa cuenta con cargo a distintos expedientes de consignación. Esos mandamientos nominativos se realizaron supuestamente para su cobro a favor de personas que no eran ni parte ni interesados en esos procedimientos judiciales, sin existir por tanto “justificación legal o judicial”. Los beneficiarios cobrarían ese dinero después en la entidad bancaria. La resolución enumera un sinfín de expedientes sobre esos cobros, que oscilaron entre los 200 y los 5.620 euros hasta sumar los casi 280.000 en los que se ha cifrado esta apropiación indebida.

Los “movimientos sospechosos” en la cuenta del juzgado dieron inicio a este caso. Junto a la vía judicial, se acordó tramitar un expediente gubernativo por las presuntas irregularidades, que está en suspenso por la causa penal abierta, ahora pendiente de los escritos de la Fiscalía y de las defensas.

Suscríbete para seguir leyendo